La Cámara de Diputados aprobó la Ley N°6311, de modificación de la Ley Provincial Nº 1.938- Magistratura del Trabajo; la N° 6320 que crea el juzgado de ejecuciones fiscales; la N° 6321, de Puesta en Funcionamiento de los Tribunales Unipersonales de Familia; y la N° 6324, de modificación de la Ley N° 5895, de creación del Ministerio Público de la Acusación.
POLITICA16 de noviembre de 2022
Fernando Burgos
El diputado Ramiro Tizón explicó que la Ley N° 6311 busca que haya procesos judiciales rápidos, puesto que los códigos procesales de la provincia, salvo el penal que fue modificado el año pasado, son de los años 50´.
“El procedimiento establece que cada Juez trabaje de forma individual, dejando atrás los tribunales colegiados que impiden que las causas tengan la celeridad que tiene que tener un juicio laboral”, afirmó Tizón.
La Ley también contempla la posibilidad de establecer la ejecución parcial de la sentencia, que quede firme para que las sumas que queden liquidas puedan ser ejecutadas aunque queden otros créditos donde subsista el conflicto. Tizón destacó que también se establece la doble instancia, cumpliendo con las condiciones internacionales.
Las modalidades de reemplazos y suplencias también están contempladas en la Ley. “Las Cámaras de Apelaciones serán cubiertas con los 2 jueces más antiguos del Tribunal y los dos restantes serán seleccionados por concurso. Necesitamos una Justicia más rápida, más eficiente y que tenga que ver con los derechos de los trabajadores y empleadores”, informó Tizón.
Al respecto, el diputado Juan Jenefes afirmó que una justicia lenta no es justicia: “es necesaria una ley que reduzca los plazos, que haga procedimientos más agiles, por los trabajadores. La aprobación de esta ley es necesaria para ir modificando el sistema judicial y acortar los plazos”.
Por otro parte, la Ley N° 6320, que establece la creación del Juzgado de Ejecuciones Fiscales, tiene por finalidad descomprimir y reducir el volumen de expedientes en los Juzgados de Primera Instancia y en las Cámaras en lo Civil y Comercial, mediante la creación de un Juzgado especializado en Ejecuciones Fiscales.
Al respecto, la diputada Gisel Bravo explicó que “se pretende a través de este nuevo juzgado dar más especialidad al proceso de ejecuciones y lograr un trámite más ágil para garantizar el cobro temprano y efectivo de las acreencias estatales”.
La Diputada agregó que estos juzgados entenderán lo relacionado con apremios y ejecuciones fiscales, con Juicios Ejecutivos derivados del reclamo de tributos, cánones o derechos por el Estado, organismos autárquicos, descentralizados, concesionarios de servicios o entidades con delegación estatal y con las multas que deriven de los juzgados contravencionales.
La nueva Ley también establece la creación de dos cargos de Juez en Ejecuciones Fiscales y de cuatro cargos de Secretario para los juzgados de Primera instancia, a los fines de la tramitación y gestión judicial de la competencia en Ejecuciones Fiscales.
La Ley N° 6321 dispone que se pondrán en funcionamiento los Tribunales Unipersonales de Familia contemplados en la Ley N°6321. El diputado Tizón explicó que la competencia de la Cámara de familia será para apelaciones de los tribunales de familia como también para los de violencia de género, que hace a la competencia civil, y de los Juzgados Multifueros que están en distintas localidades de la Provincia.
“Este es un paso más para la agilización de las causas judiciales. El trámite de los tribunales de familia está absolutamente desfasado, es uno de los grandes problemas de los ciudadanos. Es importante que creemos más posibilidades de llegada para que haya un servicio de justicia efectiva”, finalizó Tizón.
A su turno, el diputado Adriano Morone hizo referencia a la Ley N° 6324, de modificaciones referidas a la organización, funcionamiento e integración del Ministerio Público de la Acusación. Recordó que el Ministerio se creó hace siete años y que con el paso del tiempo se requieren ciertas reformas que hacen a un mejor funcionamiento. “Se busca fortalecer la autonomía, adecuar la organización del Ministerio al nuevo sistema procesal acusatorio, adecuar y adaptar terminologías al nuevo Código Procesal Penal, entre otros puntos. Quiero destacar que el Proyecto de Ley fue remitido al Superior Tribunal de Justicia, a modo de consulta”, finalizó Morone.
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