En menos de 12 horas ocurrieron tres desalojos en el país. Uno en el barrio «Sembrando Sueños» en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Y los otros dos en Jujuy: el primero en la comunidad Tusca Pacha, cerca de Alto Comedero, y el segundo contra familias campesinas de La Esperanza.
Vecinos de la localidad de Tilcara denunciaron que el Gobierno de Jujuy intimó a unas 60 familias a desalojar terrenos que habitan desde hace más de 30 años y que pertenecen al exferrocarril Belgrano, donde se proyectan obras para la recuperación del recorrido que unirá a la capital provincial con la ciudad de La Quiaca.
Las Organizaciones de Pueblos Indígenas del Norte Argentino (NOA) se reunieron en Jujuy, en doble jornada, donde debatieron estrategias para conseguir la aprobación de leyes que garanticen el relevamiento territorial comunitario, e hicieron aportes para obtener un proyecto integral de ley de propiedad comunitaria indígena, para su tratamiento en el Congreso.
Los jueces los jueces Jorge Rodolfo Zurueta y Liliana Beatriz Colqui, ordenaron desalojar a miembros de la Comunidad Tusca Pacha, perteneciente al Pueblo Kolla, del predio que ocupan históricamente en la localidad de Los Alisos.
Familias que se asentaron en terrenos recuperados de la playa del Rio Grande, en el sector del Barrio Barcena, denunciaron abusos de una empresa constructora que pretende avanzar, en complicidad con el gobierno provincial, sobre terrenos que los mismos vecinos acondicionaron para construir sus viviendas.
Integrantes de la Comunidad Cueva del Inca, comenzaron con la reconstrucción de las viviendas que fueron prácticamente destruidas en su totalidad, tras el violento desalojo llevado a cabo días atrás ´por parte de fuerzas policiales, bomberos y la justicia.
Matías Módolo, director técnico de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, afirmó que el gran presente de Gimnasia se sustenta en la confianza para sumar en cada partido, dentro de una categoría de absoluta paridad.
El juez Sebastián Casanello consideró que existieron “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública” y concluyó que el exmandatario benefició al broker Héctor Martínez Sosa, esposo de su secretaria, María Cantero.
Los diputados oficialistas rechazan la política monetaria del gobierno nacional para con las provincias y lo acusan de “castigar a las provincias que han logrado equilibrio fiscal” y de “intentar apropiarse de recursos que legítimamente pertenecen al pueblo jujeño”.
La oposición convirtió en leyes todos los proyectos que el Gobierno resistía: la suba a jubilados, la vuelta de la moratoria a quienes no completaron aportes, los fondos para discapacidad y emergencia en Bahía Blanca, impuestos a combustibles y aportes del tesoro (ATN). El presidente Milei ya anticipo que vetará todas las leyes aprobadas y amenazó con judicializar, en caso de ser necesario.