Dirigentes de organizaciones sociales acusados por entorpecimiento de la vía pública cuando reclamaban por asistencia para los merenderos en la capital jujeña denunciaron que son objeto del "disciplinamiento que hay en la provincia", y que se sostiene "por el afán político del (gobernador Gerardo) Morales" que "vuelve a la carga contra los que luchan".
JUDICIALES01 de noviembre de 2022
Fernando Burgos
"Es todo muy irregular, pero tiene que ver con el momento también de Morales que fracasó con la reforma de la Constitución y tiene que volver a la carga para fortalecer su relato de garantizar la paz social", indicó Sebastián Copello, dirigente del Polo Obrero y Partido Obrero de Jujuy.
Copello junto a Juan Chorolque referente del Movimiento Teresa Rodríguez - MTR 12 de Abril de Jujuy y Verónica Urzagaste, del Movimiento Argentina Rebelde de Jujuy, se presentaron esta mañana ante el fiscal Diego Funes en la sede del Ministerio Público de la Acusación para ser notificados del pedido de elevación a juicio de la causa por "Entorpecimiento de transportes y servicios" (art. 194 del Código Penal).
"Son muchas las irregularidades porque hay espionaje a través de WhatsApp y con fechas que no tienen nada que ver", advirtió Copello.
En ese sentido, sostuvo que se advierte "una nueva avanzada judicial no tanto por lo del pasado, sino también por el futuro para el nuevo disciplinamiento e intento de meter miedo para las luchas que se van a venir".
Así, remarcó que "acá en Jujuy se está viviendo el ajuste muy fuerte en los salarios" y "van a venir nuevas luchas por lo que intentan disciplinar a todos los trabajadores".
"Necesita ver cómo retomar la iniciativa política contra la protesta, y también tiene que ver que él tiene que tomar esa agenda en su aventura nacional, por la discusión interna que tiene en Juntos por el Cambio", agregó.
El delito que se les imputa está relacionado con una manifestación que llevaron a cabo distintas organizaciones sociales el pasado 3 de marzo en la capital jujeña, para pedir por mayor asistencia para sus merenderos.
En el marco de otras investigaciones contra las organizaciones sociales, el 6 de octubre pasado el fiscal Funes imputó por "amenazas coactivas y extorsión" a seis dirigentes que sufrieron allanamientos en sus casas y en las sedes de las agrupaciones de las que forman parte.
"En el expediente no consta más que una denuncia", expresó por su lado Urzagasti, también imputada junto a Copello, y manifestó su "sorpresa por la celeridad" con que avanzó la causa cuando "por otros hechos como femicidios demoran mucho más tiempo". (Télam)
J.M.G., fue condenado a la pena de seis años de prisión por el delito de “Abuso Sexual con acceso carnal con aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima, agravado por la convivencia”, ilícito perpetrado en el barrio Alto Comedero, entre el año 2021 y 2022.
Efectivos del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional 2 detuvieron a cuatro hombres, tres de ellos con pedido de detención y que deambulaban en forma sospechosa por el barrio 9 de Julio.
El Juzgado Federal N° 2 de la Provincia de Salta dictó el sobreseimiento de Héctor Romero, el camionero que tuvo el último contacto con María del Carmen Cash, desaparecida desde el 8 de julio del 2011.
Mariela Nina fue víctima de la desidia y abandono de una obra social. OSPAIL a través de su secretario General Luciano Lezano, decidió cortar un tratamiento por cáncer que debía cumplir inexorablemente y terminó falleciendo días atrás.
El barrio 47 Hectáreas del distrito de Alto Comedero vivió una jornada trágica, por la muerte de una mujer que murió desangrada a consecuencia del ataque que le propinó el padre de uno de sus hijos. Luego el agresor se habría auto lesionado para terminar con su vida.
Por un transporte de poco más de 14 kilos de cocaína, los condenados utilizaron dos camionetas y una moto para sortear controles y montes desde Bolivia hasta un paraje, en Tartagal, donde la banda fue detenida. La investigación demandó cinco meses de escuchas, tareas de campo y de inteligencia para detectar la ruta de la droga.
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