La comunidad indígena de Tilquiza de Jujuy rechazó la decisión del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de avanzar en una causa en la que están imputados nueve de sus integrantes tras ser desalojados de sus tierras y volvió a denunciar "violencia institucional" y que en la provincia "no se están respetando las legislaciones nacionales ni tratados internacionales".
JUDICIALES26 de septiembre de 2022
El Expreso de Jujuy
"Reiteramos que se trata de un hecho de violencia institucional donde se violaron todos nuestros derechos y los tratados internacionales que el Estado ha reconocido y que están vinculados con los derechos humanos y los derechos constitucionales", indicó a Télam Néstor Jerez, referente de la comunidad originaria.
El pasado 14 de septiembre integrantes de la comunidad denunciaron haber sido víctimas de un "violento" desalojo por parte de la Policía de esa provincia "sin orden judicial", cuando realizaban una protesta a raíz del bloqueo de un camino ancestral ubicado a 17 kilómetros de la capital jujeña, que derivó en la detención de al menos nueve personas, que luego fueron liberadas.
"Por ese hecho fuimos imputados por la fiscalía penal a cargo de Alejandro Maldonado", explicó Jerez, quien advirtió que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) "no está respetando el Convenio 169 de la OIT, como tampoco el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional y la Ley 26.160 de emergencia territorial.
Indicó que no se cumple además con el protocolo de abordaje de conflictividad de tierras en comunidades aborígenes, aprobado el 30 de abril de 2021 por el fiscal general Sergio Lello Sánchez.
Esta mañana concurrieron a la fiscalía algunos de los nueve miembros de la comunidad de Tilquiza que habían sido detenidos para interiorizarse de los detalles de la causa y poder designar abogado defensor.
Se trata de Germán Gaspar, Mercedes Visitación Galán, Macarena Gaspar y Belén Arias, quienes fueron acusados de "turbación de posesión y entorpecimiento de transporte y servicio".
Jerez cuestionó la decisión de la fiscalía de avanzar con la causa pese a una resolución judicial que dispuso la rehabilitación del camino, ubicado a unos 17 kilómetros de la capital provincial, tras haber estado obstaculizado varios días por el conflicto.
"El mismo día del desalojo la jueza Ana María del Huerto Sapag de la Cámara Civil y Comercial Sala 2 Vocalía 6 dictó un proveído en la que ordenó al señor Enrique Daniel Verzini a liberar todo obstáculo que impida el libre tránsito por nuestro camino ancestral", refirió.
Además, recordó que un fallo emitido en el 2019 por el juez penal Jorge Zurueta "ordenó que se libere el paso del camino ancestral de uso tradicional que había sido cerrado por el usurpador Verzini con candados".
Jerez comentó que la comunidad se puso en contacto con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Instituto contra la Discriminación (Inadi), como así también otros organismos a nivel nacional "para realizar la defensa de la imputación".
La Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur (Parlasur) también tomó intervención sobre "todo el atropello que se está padeciendo en la provincia".
El caso recién salió a la luz, pero la estafa se venía sosteniendo desde hace más de dos años, según las denuncias de los afectados. Una ex alumna habría contactado a estudiantes de esa casa de Estudios, ofreciéndole descuentos de hasta un 20% durante varios años. Recibía ese monto, pero nunca iba a las arcas de la Universidad.
Viviana Flores es vecina de las 820 Viviendas de Malvinas, uno de los barrios más inseguros de la capital jujeña. Como en otros sectores aledaños, allí abunda la venta de droga, los robos en domicilios particulares. Ellos detectaron dos puntos de venta de drogas, ubicados sobre peatonales y todo el vecindario los conoce.
La querella, que representa a víctimas con lesiones oculares y múltiples impactos de balines, afirma que la fiscalía se niega a citar o imputar a altos funcionarios, pese a las pruebas en video que muestran órdenes directas de represión.
L.F.M. fue condenado a la pena de diez años de prisión efectiva por ser considerado autor material y penalmente responsable de los delitos de “Abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple, en concurso real”, ilícito perpetrado contra un menor de edad en el barrio Alto Comedero.
La incorporación del Dr. Chacón representa un aporte significativo para el Ministerio Público de la Acusación, en tanto su experiencia profesional viene a reforzar el trabajo articulado entre distintas áreas del Estado. Su llegada apunta a profundizar el fortalecimiento interministerial, con el objetivo de consolidar políticas públicas orientadas a brindar a la ciudadanía una justicia eficiente, moderna y de calidad.
Se trata de dos adultos señalados como los responsables de la muerte de “Gringo”, el perro del barrio de la localidad La Mendieta que ganó popularidad gracias a su carisma y el cariño que le tenía la gente. Deberán purgar penas en forma condicional tras ser acusados de torturar y causar la muerte de un perro y por maltrato animal.
En la jornada de hoy se festeja el día del trabajador de los organismos de control de todo el país y en ese contexto desde la Mesa Nacional de APOC, se trazó una realidad compleja con crisis recurrentes, “nos hace pensar con absoluta claridad, la necesidad que el control ocupe un lugar diferente ante los ojos de la política y ante la sociedad toda” plantearon.
En una maratónica sesión que se prolongó hasta pasadas las 16 horas se aprobó en la Legislatura el presupuesto 2026 y otras leyes emanadas por el Poder Ejecutivo entre ellas un régimen de estímulos fiscales para el fortalecimiento de la economía provincial, la ley impositiva fiscal 2026, modificaciones al Código Fiscal Provincial; modificación y actualización de la Grilla de Calificación Docente.
Tres jugadores se encuentran en la mira del manager deportivo Julio Chiarini y del técnico Hernán Pellerano. Se tratan de Delfor Minervino, Octavio Bianchi y Federico Anselmo que podrían sumarse al primer plantel para disputar la próxima temporada del Nacional B, donde Gimnasia quiere volver a ser protagonista y buscar el tan ansiado ascenso a la máxima división.
Hasta hoy la relación del gobernador Carlos Sadir y los intendentes, se centraba en el envío de un proyecto de ley para reformar o crear un nuevo régimen de reparto de fondos provinciales a los municipios, promesa realizada desde principio de año, generando expectativas y promesas en la Legislatura jujeña durante el año 2025.
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