La comunidad indígena de Tilquiza de Jujuy rechazó la decisión del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de avanzar en una causa en la que están imputados nueve de sus integrantes tras ser desalojados de sus tierras y volvió a denunciar "violencia institucional" y que en la provincia "no se están respetando las legislaciones nacionales ni tratados internacionales".
JUDICIALES26 de septiembre de 2022
El Expreso de Jujuy
"Reiteramos que se trata de un hecho de violencia institucional donde se violaron todos nuestros derechos y los tratados internacionales que el Estado ha reconocido y que están vinculados con los derechos humanos y los derechos constitucionales", indicó a Télam Néstor Jerez, referente de la comunidad originaria.
El pasado 14 de septiembre integrantes de la comunidad denunciaron haber sido víctimas de un "violento" desalojo por parte de la Policía de esa provincia "sin orden judicial", cuando realizaban una protesta a raíz del bloqueo de un camino ancestral ubicado a 17 kilómetros de la capital jujeña, que derivó en la detención de al menos nueve personas, que luego fueron liberadas.
"Por ese hecho fuimos imputados por la fiscalía penal a cargo de Alejandro Maldonado", explicó Jerez, quien advirtió que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) "no está respetando el Convenio 169 de la OIT, como tampoco el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional y la Ley 26.160 de emergencia territorial.
Indicó que no se cumple además con el protocolo de abordaje de conflictividad de tierras en comunidades aborígenes, aprobado el 30 de abril de 2021 por el fiscal general Sergio Lello Sánchez.
Esta mañana concurrieron a la fiscalía algunos de los nueve miembros de la comunidad de Tilquiza que habían sido detenidos para interiorizarse de los detalles de la causa y poder designar abogado defensor.
Se trata de Germán Gaspar, Mercedes Visitación Galán, Macarena Gaspar y Belén Arias, quienes fueron acusados de "turbación de posesión y entorpecimiento de transporte y servicio".
Jerez cuestionó la decisión de la fiscalía de avanzar con la causa pese a una resolución judicial que dispuso la rehabilitación del camino, ubicado a unos 17 kilómetros de la capital provincial, tras haber estado obstaculizado varios días por el conflicto.
"El mismo día del desalojo la jueza Ana María del Huerto Sapag de la Cámara Civil y Comercial Sala 2 Vocalía 6 dictó un proveído en la que ordenó al señor Enrique Daniel Verzini a liberar todo obstáculo que impida el libre tránsito por nuestro camino ancestral", refirió.
Además, recordó que un fallo emitido en el 2019 por el juez penal Jorge Zurueta "ordenó que se libere el paso del camino ancestral de uso tradicional que había sido cerrado por el usurpador Verzini con candados".
Jerez comentó que la comunidad se puso en contacto con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Instituto contra la Discriminación (Inadi), como así también otros organismos a nivel nacional "para realizar la defensa de la imputación".
La Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur (Parlasur) también tomó intervención sobre "todo el atropello que se está padeciendo en la provincia".
La convocatoria es para hoy a las 18 horas desde la plazoleta ubicada en calle Yécora y Olavarría, detrás de Radio Nacional en el Barrio Mariano Moreno. Los familiares piden justicia por las tres víctimas que habrían sido captadas en el lugar por el presunto asesino serial Matías Jurado.
El jefe del clan García Furfaro está detenido en la causa por el fentanilo contaminado y con el paso de las horas se comienza a dar luz sobre cómo fueron los procedimientos donde directivos y accionistas fueron arrestados.
En la localidad El Talar personas ofrecían atención médica, con promoción vía redes sociales, dando cuenta de potencial ejercicio ilegal de la medicina en la provincia. La actividad se realizaba sin título habilitante de parte de los supuestos profesionales médicos y realizaban atenciones oftalmológicas y odontológicas previo cobro de una suma en efectivo.
El Ministerio Público de la Acusación confirmó que desde este lunes se llevan adelante excavaciones en la vivienda de Matías Jurado, en el marco de la investigación por homicidio agravado. Se encuentran en Jujuy especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), un entomólogo forense y peritos de Gendarmería.
Una familia de cuatro integrantes resultó con lesiones de consideración, tras un incendio registrado en la madrugada del lunes en una vivienda del barrio San José de Palpalá. Bomberos voluntarios, vecinos y la policía intervinieron en el siniestro, que habría sido originado por desperfectos eléctricos.
La Cámara Federal de Apelaciones de Salta hizo lugar al pedido efectuado por el MPF respecto de bienes de Maximiliano Liquitay, quien se encuentra prófugo y con pedido de captura. Lo acusan de maniobras de lavado para esta organización que se dedicada al tráfico de drogas en la región noroeste del país.
Una joven trabajadora de un local comercial, denunció haber sido brutalmente agredida por un grupo de al menos ocho personas, entre ellas dos hermanas y su madre. El incidente ocurrido en la madrugada del lunes en el marco de la peña que se realizaba en Calilegua.
La iniciativa, presentada por el diputado nacional Julio Cobos, propone atrasar una hora en todo el país, con el objetivo de aprovechar mejor la luz natural. Durante esta jornada, la Cámara de Diputados tratará en sesión un proyecto que busca modificar el huso horario oficial de Argentina, fijándolo en el -04 GMT. La propuesta obliga a atrasar una hora el reloj en todo el país y reaviva el debate sobre el impacto cotidiano de esta medida.
Mónica Bertolone, secretaria de Federación Nacional de Conductores de Taxi dejó expuesta las deficiencias del Sistema de licencias para taxis y remises en Jujuy, reconociendo que desde el municipio se otorgó más de 1.500 licencias en forma indebida y excediendo los cupos fijados por ley. Además reclamó que deben pagar por el carnet de conducir unos 400 mil pesos”.
La Asamblea General de Profesionales nucleados en APUAP consideró la propuesta salarial realizada por el ejecutivo provincial como insuficiente, discriminatoria, irresponsable y extorsiva.
El oficialismo logró convalidar en la Cámara de Diputados el veto del presidente Javier Milei a la ley que aumentaba 7,2% todas las jubilaciones y pensiones, y el incremento del bono de $70 mil a $110 mil. Dado que se necesita que los vetos sean rechazados por ambas Cámaras, la decisión del Poder Ejecutivo quedará firme.