"Reiteramos que se trata de un hecho de violencia institucional donde se violaron todos nuestros derechos y los tratados internacionales que el Estado ha reconocido y que están vinculados con los derechos humanos y los derechos constitucionales", indicó a Télam Néstor Jerez, referente de la comunidad originaria.

El pasado 14 de septiembre integrantes de la comunidad denunciaron haber sido víctimas de un "violento" desalojo por parte de la Policía de esa provincia "sin orden judicial", cuando realizaban una protesta a raíz del bloqueo de un camino ancestral ubicado a 17 kilómetros de la capital jujeña, que derivó en la detención de al menos nueve personas, que luego fueron liberadas.

"Por ese hecho fuimos imputados por la fiscalía penal a cargo de Alejandro Maldonado", explicó Jerez, quien advirtió que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) "no está respetando el Convenio 169 de la OIT, como tampoco el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional y la Ley 26.160 de emergencia territorial.

Indicó que no se cumple además con el protocolo de abordaje de conflictividad de tierras en comunidades aborígenes, aprobado el 30 de abril de 2021 por el fiscal general Sergio Lello Sánchez.

Esta mañana concurrieron a la fiscalía algunos de los nueve miembros de la comunidad de Tilquiza que habían sido detenidos para interiorizarse de los detalles de la causa y poder designar abogado defensor.

Se trata de Germán Gaspar, Mercedes Visitación Galán, Macarena Gaspar y Belén Arias, quienes fueron acusados de "turbación de posesión y entorpecimiento de transporte y servicio".

Jerez cuestionó la decisión de la fiscalía de avanzar con la causa pese a una resolución judicial que dispuso la rehabilitación del camino, ubicado a unos 17 kilómetros de la capital provincial, tras haber estado obstaculizado varios días por el conflicto.

"El mismo día del desalojo la jueza Ana María del Huerto Sapag de la Cámara Civil y Comercial Sala 2 Vocalía 6 dictó un proveído en la que ordenó al señor Enrique Daniel Verzini a liberar todo obstáculo que impida el libre tránsito por nuestro camino ancestral", refirió.

Además, recordó que un fallo emitido en el 2019 por el juez penal Jorge Zurueta "ordenó que se libere el paso del camino ancestral de uso tradicional que había sido cerrado por el usurpador Verzini con candados".

Jerez comentó que la comunidad se puso en contacto con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Instituto contra la Discriminación (Inadi), como así también otros organismos a nivel nacional "para realizar la defensa de la imputación".

La Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur (Parlasur) también tomó intervención sobre "todo el atropello que se está padeciendo en la provincia".