La comunidad indígena de Tilquiza de Jujuy rechazó la decisión del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de avanzar en una causa en la que están imputados nueve de sus integrantes tras ser desalojados de sus tierras y volvió a denunciar "violencia institucional" y que en la provincia "no se están respetando las legislaciones nacionales ni tratados internacionales".
JUDICIALES26 de septiembre de 2022
El Expreso de Jujuy
"Reiteramos que se trata de un hecho de violencia institucional donde se violaron todos nuestros derechos y los tratados internacionales que el Estado ha reconocido y que están vinculados con los derechos humanos y los derechos constitucionales", indicó a Télam Néstor Jerez, referente de la comunidad originaria.
El pasado 14 de septiembre integrantes de la comunidad denunciaron haber sido víctimas de un "violento" desalojo por parte de la Policía de esa provincia "sin orden judicial", cuando realizaban una protesta a raíz del bloqueo de un camino ancestral ubicado a 17 kilómetros de la capital jujeña, que derivó en la detención de al menos nueve personas, que luego fueron liberadas.
"Por ese hecho fuimos imputados por la fiscalía penal a cargo de Alejandro Maldonado", explicó Jerez, quien advirtió que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) "no está respetando el Convenio 169 de la OIT, como tampoco el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional y la Ley 26.160 de emergencia territorial.
Indicó que no se cumple además con el protocolo de abordaje de conflictividad de tierras en comunidades aborígenes, aprobado el 30 de abril de 2021 por el fiscal general Sergio Lello Sánchez.
Esta mañana concurrieron a la fiscalía algunos de los nueve miembros de la comunidad de Tilquiza que habían sido detenidos para interiorizarse de los detalles de la causa y poder designar abogado defensor.
Se trata de Germán Gaspar, Mercedes Visitación Galán, Macarena Gaspar y Belén Arias, quienes fueron acusados de "turbación de posesión y entorpecimiento de transporte y servicio".
Jerez cuestionó la decisión de la fiscalía de avanzar con la causa pese a una resolución judicial que dispuso la rehabilitación del camino, ubicado a unos 17 kilómetros de la capital provincial, tras haber estado obstaculizado varios días por el conflicto.
"El mismo día del desalojo la jueza Ana María del Huerto Sapag de la Cámara Civil y Comercial Sala 2 Vocalía 6 dictó un proveído en la que ordenó al señor Enrique Daniel Verzini a liberar todo obstáculo que impida el libre tránsito por nuestro camino ancestral", refirió.
Además, recordó que un fallo emitido en el 2019 por el juez penal Jorge Zurueta "ordenó que se libere el paso del camino ancestral de uso tradicional que había sido cerrado por el usurpador Verzini con candados".
Jerez comentó que la comunidad se puso en contacto con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Instituto contra la Discriminación (Inadi), como así también otros organismos a nivel nacional "para realizar la defensa de la imputación".
La Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur (Parlasur) también tomó intervención sobre "todo el atropello que se está padeciendo en la provincia".
Desde el 5 de noviembre, se realizaron múltiples allanamientos que derivaron en la detención de seis personas en el primer procedimiento, ocho en el segundo, tres en días posteriores y una más esta semana, en el marco de la Causa donde se investiga la trtaaby explotación sexual de menores de edad en una residencial de la vieja terminal.
La Justicia federal ordenó reparar la cancha y devolver las tierras expropiadas a la familia Moyoja Cruz en el plazo de treinta días, según lo establecido en un acuerdo homologado entre el Ministerio Publico Fiscal federal y la Fiscalía de Estado de la Provincia.
El hecho de sangre ocurrió en la madrugada del martes en un edificio ubicado en la esquina de las calles Entre Ríos y Belgrano, en el barrio Centro de esa ciudad.
Fabiana Checa, ex esposa del Fiscal del actual Fiscal de Estado, Miguel Ángel Rivas, fue citada por la justicia para una pericia psicológica por un grave hecho de violencia sufrido en el 2006. A pesar de los avances en cuanto las declaraciones testimoniales y pericias, todavía la justicia no imputó al funcionario provincial.
El cadáver hallado por pescadores en el sector conocido como Bahía de Los Monos, en el dique de las Maderas, sería del dueño de la residencial ubicada en la vieja terminal, identificado como Federico Matias Agudo, de 44 años de edad.
Fue denunciado como desaparecido la semana pasada, afrontaba una investigación por su participación en los casos de grooming, abusos sexuales, facilitamiento de la prostitución, corrupción de menores y asociación ilícita que se cometían en hotel ubicado en la vieja terminal.
El cadáver hallado por pescadores en el sector conocido como Bahía de Los Monos, en el dique de las Maderas, sería del dueño de la residencial ubicada en la vieja terminal, identificado como Federico Matias Agudo, de 44 años de edad.
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Se trata del del primer “Green Fashion Show”, un evento único de moda sostenible que busca promover la cultura e identidad jujeña.
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