El Expreso de Jujuy
Referentes de organismos de Derechos Humanos, como el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), junto a Claudia Ferrero abogada, que integra la Asociación de Profesionales en Lucha (APEL) y el movimiento de Memoria Verdad y Justicia de Buenos Aires, se pronunciaron en contra de la represión ejercida por las políticas del Gobernador Gerardo Morales.
Indicó que la principal preocupación es la situación de los detenidos, que están prácticamente incomunicados. Son Alcira Zuñiga, Marisol Zuñiga, Daniel Flores, Facundo Flores, Miguel Sánchez, Marcos Lucas Saravia y Cecilia Corregidor.
A los varones los alojaron en la cárcel del barrio Gorriti de San Salvador, mientras que a las mujeres, una de las cuales está embarazada, las trasladaron al penal de Alto Comedero.
"Muy preocupados por la situación que se esta desarrollando en Jujuy y que constituye un hito represivo gravísimo en la provincia y en el país. Lo primero que hay que hacer es repudiar una represión contra trabajadores" comentaron.
Pitrola declaró a medios locales "Se equivoca el gobernador Morales si piensa que será Presidente a fuerza de palos a los que tienen hambre y reclaman trabajo".
A su turno, Belliboni destacó "La enorme movilización por la libertad de los presos el lunes y el accionar de la Comisión llegada de Buenos Aires asestó un golpe a la impunidad represiva del gobierno de Jujuy y refuerza los reclamos contra el hambre y el ajuste".
Por su parte, la abogada Claudia Ferrero explicó que vinieron por esta situación y que fueron atendidos por el juez Fernández, juez de los delitos contra la administración pública, quien hasta ese momento no le había llegado el expediente, ni la notificación que debía hacerse cargo de esta causa, ni aun se había declarado competente, dicho juez "se presto como una persona que lo guiaba la ley, el día martes el.juez ya tenia toda la competencia para decidir sobre la libertad de los 7 detenidos" "Le digo al Dr. Fernández que están detenidos por delitos totalmente excarcelables, que no sean liberados es actuar en contra del derecho".
Cada uno de los participantes, brindó su postura y reafirmo que lo sucedido fue un acto de total represión por reclamar asistencia a comedores y merenderos de la provincia ante una crisis económica que impacta directamente en los sectores populares y más vulnerables de la sociedad jujeña.
