Además la oposición cuestionó el déficit fiscal de la provincia, el magro aumento salarial contemplado para los trabajadores estatales y la falta de inversión para la generación genuina de fuentes laborales.

La provincia de Jujuy tendrá otro año difícil financieramente, más allá de las previsiones financieras y el cambio en la matriz productiva promocionada por el gobierno de la provincia, que sigue sin acompañar el crecimiento de la provincia y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

El déficit previsto para el próximo año asciende a los 11.990 millones de pesos, con un crecimiento de 2 mil millones respecto al presente año. A ese monto se debe sumar más 8 mil millones de pesos que se destinarán para amortizar los intereses de la deuda provincial contraída con organismos internacionales.

Sistemáticamente, en los seis periodos de gobierno de Cambia Jujuy esa pérdida económica fue creciendo más allá de las interpretaciones que realizaron algunos legisladores oficialistas de “atender lo emergente de la coyuntura y de pensar la provincia a mediano y largo plazo”.

También ese déficit limita el aumento de una pauta salarial a los trabajadores del estado. Para  año está pautado un 33%, más allá que se habilita al estado provincial a adquirir préstamos para “reordenar los valores” salariales de los trabajadores.

Contradictoriamente esa  limitación presupuestaria no se refleja en los aportes que se hará la provincia al Programa Provincial de Promoción del Cultivo y la Producción de Cannabis y sus derivados con fines científicos, manejado por Gastón Morales hijo del gobernador,  que tendrá un aporte que asciende a los 26 millones de dólares.  Igual desigualdad se aprecia también cuando se asigna 100 millones de dólares destinado al proyecto “de Movilidad eléctrica”, que no tuvo ni el mínimo desarrollo en la provincia.

“seguimos manteniendo la metodología que se ha establecido a través de la ley que aprobó el plan maestro, que prevé la adjudicación de obras por más de 40 mil millones de pesos, sin un proceso licitatorio”, reclamó el diputado Alejandro Snopek.

Juan Ortega, planteó que este presupuesto en número es el 92% de la cuota que se le pagó el mes pasado al FMI, en enero se va a pagar otra cuota por más de 1.700 millones de dólares, para tener en cuenta el endeudamiento en lo que está sumergido el país”, cuestionando la gestión de Mauricio Macri.

Como aspecto negativo y una constante que se viene repitiendo a lo largo de los años, cuestionó la dependencia de los fondos nacionales que este año llegarán a los 148 mil millones y la cantidad de empleados públicos que implicará la erogación de 130 mil millones de pesos destinados al pago de salarios.

Valeria Gómez, planteó su desagrado por la disminución de porcentajes totales en ítems aplicados a partidas de educación, cultura, seguridad, desarrollo de la economía y la pobre asignación de recursos para “ciencia y tecnología”.

Luis Cabana, diputado y titular del gremio de UPCN, planteó su desacuerdo con la partida asignada para aumento salarial del personal de la Administración Pública, que asciende al 33%. “La variable de ajuste de la Administración Pública, tuvo que ver claramente  con la baja de los salarios de los empleados públicos. Seguramente impacto en “una mejora” en la administración, pero el recurso humano hay que valorarla” sostuvo.

Pidió en ese sentido que “este 33% previsto para el 2022 que tenga mecanismos de actualización como la tienen todas las otras organizaciones sindicales dentro del Convenio Colectivo de Trabajo y no perder el valor adquisitivo del salario frente a la inflación”.

Pedro Belizán planteó el tema de seguridad y la cantidad de detenidos prófugos de las comisarías. “siempre hablamos de modernización, de capacitación, pero todavía no entendemos que el 80 % de las comisarías de la provincia, son viviendas adaptadas. Se adapta poniendo en los dormitorios una reja, en la ventana otra reja, o se cierra con una pared y esos son los calabozos. Dentro de este proyecto que no se cree una comisaría como tal, y no que se busque un alquiler o una vivienda que se la sacó a algún vecino y  tenemos que pensar que los que tienen que pasar por el lugar, son inocentes hasta que se demuestre lo contrario y no llevarlos como a una “perrera”.