Sala, fundadora de la Túpac Amaru, cumple prisión domiciliaria en su vivienda del barrio Cuyaya, en las afueras de la capital jujeña, y aunque tiene vedada la salida de su casa fue acusada de instigar a los vecinos del barrio Campo Verde a cometer delitos, como resistencia a la autoridad, por una protesta realizada a mediados de marzo.

"Lo del viernes fue terrorífico, venían con Itakas, me llevaron en dos móviles hasta el juzgado y en cuanto entré me metieron en una celda. No me dijeron por qué estaba yendo, tuve que pedirles media hora por mi abogado", aseguró a El Destape Radio sobre la audiencia del viernes, en la que le notificaron que el próximo jueves sería citada a indagatoria para exhibirle la presunta prueba reunida en su contra.

El 17 de marzo, habitantes del barrio Campo Verde de San Salvador de Jujuy se manifestaron contra el gobierno provincial por la intención de construir una escuela secundaria en el único espacio verde de la zona, para lo cual ocuparon el predio, aunque la protesta terminó con el despliegue de 300 policías, incluyendo efectivos montados a caballo, y el desalojo con gases lacrimógenos y balas de goma.

Los hechos motivaron que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación requiriera informes al gobierno de Jujuy por el operativo policial realizado, aunque la comunicación -que llevaba la firma del director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría, Mariano Przybylski- nunca fue contestada.

Para Sala, que le imputen un nuevo delito por la manifestación en Campo Verde constituye otra demostración de que existe una persecución política en su contra, y en ese sentido advirtió que "lo peor" de las nuevas acusaciones "es que involucran a otros compañeros que, a veces, no tienen nada que ver con la Túpac Amaru".

"En cuanto entré al juzgado, a la alcaldía, directamente me metieron en una celda y no me dijeron por qué estaba yendo. Tuve que decirles 'quiero un abogado, quiero un abogado', pero me tuvieron como media hora ahí, y encima se hacían los atrevidos", relató la representante de la Túpac sobre el traslado y la previa de la audiencia.

Además, cuestionó que en el momento en que llegó al juzgado estuviera presente una guardia periodística, sobre lo cual planteó que "el único diario que estaba esperando (para registrar su ingreso a la sede judicial, esposada y con custodia) era El Tribuno, que es del presidente del Partido Justicialista (de Jujuy), Rubén Rivarola".

En el mismo sentido, Sala aseguró que con cada nueva imputación le "tiran todo el Código Penal", aunque en este caso lo atribuyó a "la campaña política" local, en relación a la convocatoria a las urnas en Jujuy, prevista para dentro de doce días.

Por otro lado, y al referirse a la situación legal de Sala, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, cuestionó al Poder Judicial de Jujuy por su "actitud" ante la dirigente de la Túpac Amaru y advirtió que ese tipo de prácticas "comprometen la responsabilidad internacional del Estado".

"Argentina está sometida a la Corte Interamericana (de DDHH) y tiene la obligación de proteger la integridad física y psíquica de Milagro por una medida del tribunal regional", tuiteó Pietragalla el último sábado.