Bajo el rótulo de “protección laboral”, la diputado provincial Mariela Ferreira pretende que aquel hombre que trabaja en la administración pública provincial y ejerza violencia doméstica contra su concubina, pareja o esposa, sea exonerado de ese puesto de trabajo y ese lugar lo ocupe la mujer violentada.
JUJUY 01/06/2021
El Expreso de Jujuy
El controvertido proyecto tiene por objetivo garantizarle una fuente de ingreso a la mujer que es víctima de violencia, pero abre muchas otras brechas que dejan en desigualdad de condiciones a hombres y mujeres; no soluciona la cuestión de fondo que es la violencia de género y si deja abierta otra posibilidad para que ciertas “mujeres” se aprovechen de las debilidades de un sistema.
El proyecto de ley presentado en la Legislatura jujeña, hace foco en la protección laboral para mujeres violentadas, busca incorporarlas al Estado provincial en reemplazo de su agresor, cuando éste sea empleado público.
Según la legisladora, "el objetivo de esta propuesta es ampliar el abanico de acciones para la prevención y erradicación de la violencia de género en todas sus tipologías", pero en muchos casos la violencia no se termina solamente con la intervención judicial, ni tampoco con la pérdida de trabajo del violento.
Por el contrario, según las estadísticas en un gran porcentaje son las mismas mujeres las que permiten el regreso al hogar del hombre violento, sea por cuestiones económicas, por el vínculo afectivo con los hijos o por el simple hecho de “haberlo perdonado”.
Según Ferreyra al analizar el "alarmante el aumento de denuncias que encuentran a mujeres y a personas de la diversidad como víctimas de hechos delictivos de género". En este sentido, no está comprobado que ese alto porcentaje de personas violentas, sean trabajadores de la administración pública, ni mucho menos profesionales.
Las denuncias de violencia de género crecen en los hogares más humildes, donde los jefes de hogar generalmente se encuentran desempleados o tienen ingresos mínimos que provienen de la actividad privada, venta diaria o “changas” como comúnmente se conoce al empleo informal.
Si existiera cierto grado de violencia en profesionales de la administración pública, la función que cumplen estas personas en el estado, será totalmente diferente al que pueda desempeñar una mujer, en el caso que no posea la misma profesión. De ingresar la mujer o la pareja violentada a la Administración pública, se corre el riesgo de contar con más personal que no está capacitado para esas funciones.
Lo lógico sería que la mujer sea empoderada a través de la capacitación, de las posibilidades de estudiar, crecer personalmente como emprendedora e independiente laboralmente.
En los casos en que el hombre pierda su puesto laboral, también dejará de pasar la manutención a los hijos y si bien la mujer podrá obtener un puesto laboral, el padre dejará la responsabilidad de la crianza de los hijos en manos de la mujer, además de tener que trabajar y cumplir con un horario laboral.
En este sentido, es sabido además que muchas mujeres no destinan un 100% de los ingresos que obtiene por alimentos, a sus hijos, sobre todo si son madres jóvenes.
El proyecto de avanzar, caerá en un cierto abuso del sistema. Por otro lado es injusto ya que no solo existe la violencia de género hacia la mujer solo en aquellas personas que trabajan en la administración pública.
La mejor herramienta para erradicar la violencia de género es la educación, las campañas de concientización que deben estar a cargo del Estado Provincial a través de los organismos pertinentes.
En ese marco, sostuvo Ferreira que "pese a los avances legislativos que existen a nivel nacional y provincial y a la visibilización de la problemática, existen casos de violencia que muchas mujeres padecen en silencio ante la existencia de una subordinación o dependencia económica".
Sobre ese punto, puso de relieve para las mujeres la situación de "no poseer ingresos o ser estos escasos para solventar los gastos del hogar, siendo el hombre el único sostén económico familiar".
Es precisamente por esta razón, que a la mujer se le debe dar las herramientas necesarias para que emprenda y se independice económicamente de su pareja sin necesidad de ir contra los derechos de los demás.
Además el proyecto es discriminatorio, debido a que no contempla el caso de la mujer que trabaja en la administración pública y también ejerce violencia psicológica, económica y hasta física sobre su pareja que no posee una fuente laboral.
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