La justicia de Bolivia elevó hoy de cuatro a seis meses la prisión preventiva que deberá cumplir la expresidenta de facto Jeanine Áñez mientras se investiga su responsabilidad en el golpe de Estado contra Evo Morales, en noviembre de 2019, una media que también regirá para dos de sus ministros, igualmente detenidos.
POLITICA21 de marzo de 2021
El Expreso de Jujuy
“La modificación del lapso de la detención preventiva de los tres coimputados que se ha señalado primigeniamente de cuatro meses, se determina seis meses de investigación en esa condición de detenido preventivo”, señaló Willy Arias, vocal a cargo de la audiencia de la Sala Penal Segunda de la ciudad de La Paz.
Arias explicó que la determinación de que Áñez, Rodrigo Guzmán y Arturo Coimbra permanezcan en la cárcel está justificada en que se considera que existe probabilidad de autoría y porque existen riesgos procesales que “ameritan la extrema medida de la detención preventiva”, señaló el sitio Unitel.
La expresidenta, que fue detenida la madrugada del pasado sábado, había sido enviada a la cárcel luego de una audiencia cautelar que determinó que debía permanecer durante cuatro meses en un centro penitenciario, mientras se llevaba adelante la investigación por el golpe contra Morales, tras las elecciones del 2019 cuestionadas por la oposición que denunciaba fraude.
La defensa de Añez había apelado la decisión y desde la mañana de hoy se llevó a cabo una audiencia en la que la defensa presentó un pedido de detención domiciliaria para la expresidenta, que, sin embargo, sufrió la ampliación de su prisión preventiva.
La decisión judicial sigue a la polémica que se abrió anoche, cuando se anunció que Áñez sería llevada a una clínica para ser revisada por su presión arterial y, en cambio, fue trasladada de la cárcel de Obrajes a la de Miraflores, donde, según el Gobierno, existe "toda la infraestructura médica" para monitorear su estado de salud.
La exmandataria había iniciado, además, una huelga de hambre contra su prisión preventiva, aunque ese dato nunca se confirmó oficialmente.
"Me sacaron diciéndome que iba a la clínica del Sur", dijo Áñez según reprodujeron hoy los diarios El Deber y La Razón, que también publicaron imágenes de su ingreso en la cárcel de Miraflores.
El juez Armando Zeballos dispuso que personal del Instituto de Investigación Forense o profesionales en salud acudan al penal para evaluar allí su estado, indicó la Agencia Boliviana de Información (ABI).
"Desde que el juez dio la orden, ya destinamos a dos médicos mujeres y a un médico especialista para que la atiendan”, sostuvo el ministro de Justicia, Iván Lima.
En cuanto a la decisión del traslado, el funcionario precisó que "las condiciones que otorga (el penal de) Miraflores se prestan para dar una mejor atención”.
“Lamentablemente, tenemos una situación de pandemia y una situación de hacinamiento muy grave en Obrajes; es uno de los penales con mayor hacinamiento que hay; no así Miraflores, y los ambientes donde se va a encontrar ella (Áñez) están aislados del resto de la población, por lo tanto, ya está garantizado que puedan visitarla todos los organismos de derechos humanos y también la familia”, añadió Lima en entrevista con El Deber Radio.
En ese sentido, indicó que junto al ministro de Salud, Jeyson Auza, “se ha garantizado toda la infraestructura médica" en la cárcel donde quedó alojada Áñez que incluye tecnología, tres médicos y una ambulancia que quedará en el lugar de forma permanente. Áñez es investigada por la presunta comisión de delitos de sedición, terrorismo y conspiración durante el golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales.
Su nombre figura en una denuncia que hizo en diciembre pasado la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty, contra el líder cívico de la rica región de Santa Cruz, el derechista Luis Fernando Camacho, gobernador electo del departamento en recientes elecciones locales.
En la demanda figuran cinco exministros de Áñez, jefes policiales y militares y civiles.
La cifra surge del presupuesto provincial que se pondrá en discusión la próxima semana. El diputado provincial oficialista, Santiago Jubert admitió que esos recursos pueden llegar a la provincia a través del un compromiso del Presidente de la Nación y se destinaría a cubrir distintos gastos de funcionamiento del estado provincial.
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Si bien esa posibilidad no está contemplada en la Constitución jujeña, sostuvo que sería el método más transparente para designar jueces que no estén vinculados con sectores políticos.
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