El Expreso de Jujuy
A más de tres años de las protestas contra la reforma de la Constitución de Jujuy, 19 personas serán llevadas a juicio oral a partir del 26 de octubre. Los procesados y sus representantes legales volvieron a cuestionar la causa y denunciaron que se trata de una persecución contra dirigentes y militantes que participaron de las movilizaciones del denominado “Jujeñazo”.
Durante una conferencia de prensa, la representante legal de los acusados sostuvo que durante la etapa de control de acusación se rechazaron numerosas pruebas solicitadas por la defensa. Como ejemplo, mencionó el caso de Santiago Zamora, para quien se habría presentado como elemento incriminatorio una fotografía junto a un automóvil, mientras que la defensa pretendía incorporar un video que, según explicó, mostraría una situación diferente.
La abogada también cuestionó que no se haya avanzado sobre la identificación de otras personas que, según los referentes, participaron de los episodios ocurridos durante aquellas jornadas. En ese sentido, planteó que la investigación terminó concentrándose en 19 dirigentes y militantes sociales.
El juicio tiene previstas unas diez audiencias entre fines de octubre y noviembre. Frente a ese escenario, la defensa anticipó que buscará evitar el inicio del debate oral y recordó que existen trámites pendientes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Justicia provincial.
Uno de los argumentos planteados está relacionado con la investigación sobre la represión ocurrida durante las protestas. Según señalaron, existe otro expediente en el que debería investigarse el accionar de las fuerzas de seguridad y, mientras esa cuestión permanezca pendiente, entienden que no debería avanzar el juicio contra los manifestantes.
“Quieren disciplinar a quienes lucharon”
Los referentes sociales que participaron de la conferencia coincidieron en señalar que la causa tiene un trasfondo político. Afirmaron que los 19 procesados fueron seleccionados entre las miles de personas que participaron de las movilizaciones contra la reforma constitucional.
“Éramos miles los que estábamos”, plantearon durante la conferencia, al cuestionar que la Justicia haya individualizado a un grupo reducido de manifestantes por los hechos ocurridos durante aquellas jornadas.
También apuntaron contra la actuación del entonces gobierno de Gerardo Morales y cuestionaron que, mientras existen denuncias vinculadas con el accionar policial durante la represión, no haya integrantes de las fuerzas de seguridad ocupando el banquillo de los acusados por las lesiones sufridas por manifestantes.
Los dirigentes remarcaron además que la movilización de 2023 no estuvo limitada a las organizaciones sociales, sino que involucró a gremios, comunidades y distintos sectores de la sociedad jujeña.
Uno de los testimonios durante la conferencia puso el foco en el carácter simbólico que los procesados atribuyen al juicio. “Quieren dejar una huella” para advertir que quienes vuelvan a movilizarse podrían terminar presos, sostuvo uno de los acusados, quien reivindicó su participación en las protestas y aseguró que continuará reclamando frente a lo que considera injusticias.
Los referentes también vincularon la causa con las actuales políticas nacionales y provinciales y sostuvieron que Jujuy funcionó como escenario de medidas que luego tuvieron continuidad a nivel nacional.
Movilizaciones contra el juicio
En ese marco, los sectores que acompañan a los procesados anunciaron nuevas actividades para visibilizar la situación. Según se informó durante la conferencia, el jueves 17 habrá una movilización en Buenos Aires, con participación en la tradicional ronda de las Madres de Plaza de Mayo.
La consigna central planteada por los organizadores es “No al juicio”, mientras que también convocaron a participar de las próximas movilizaciones en Jujuy.
Para los acusados, el proceso judicial excede a las 19 personas involucradas y representa un mensaje hacia quienes participaron o puedan participar de futuras protestas. La defensa, en tanto, sostiene que todavía existen planteos judiciales pendientes que deberían resolverse antes de avanzar con el debate oral.
El juicio comenzará, si finalmente se concreta, el próximo 26 de octubre, tres años después de las jornadas de fuerte conflictividad social que marcaron la discusión de la reforma constitucional jujeña.
