Fernando Burgos
En una resolución de fuerte contenido político e institucional, el tribunal advirtió sobre la prolongación de las intervenciones partidarias y apuntó contra la conducción nacional del PJ por no haber logrado resolver los conflictos internos en distintas provincias.
El fallo sostiene que la intervención partidaria debe ser una herramienta “de carácter excepcional” y aplicada únicamente ante situaciones extremas, como acefalías, renuncias masivas, vencimientos de mandatos o graves irregularidades institucionales. En ese sentido, remarcó que la gestión de un interventor “debe desarrollarse en el tiempo mínimo necesario”.
La resolución recordó que ya en mayo de 2025 la Justicia había declarado la nulidad de una intervención dispuesta por el Consejo Nacional Federal del PJ sobre el distrito Salta, al considerar que no existían elementos concretos que justificaran una medida de esa magnitud.
En aquella oportunidad, el tribunal señaló que las diferencias entre la conducción nacional y el PJ salteño respondían más a “criterios políticos” que a un verdadero escenario de crisis institucional.
“ No se advierte la existencia de situaciones de conflicto que no cuenten con posibilidad de solución, ni anormalidades institucionales que pongan en peligro la existencia del partido”, había expresado la Justicia en ese fallo citado ahora nuevamente en la resolución.
Sin embargo, pese a que aquella decisión fue luego revocada por la Cámara Nacional Electoral tras la ratificación de la intervención por parte del Congreso partidario, el tribunal sostuvo que nunca se analizó el origen real del conflicto.
La nueva resolución considera que la prolongación de la crisis, la falta de elecciones internas y la reiterada afectación de derechos de los afiliados generaron un cuadro de gravedad institucional que justificó finalmente la intervención judicial.
El fallo también hizo una fuerte referencia a la situación del PJ de Jujuy, donde —según detalló— se acumularon cuatro intervenciones sucesivas entre 2023 y 2025 sin lograr la normalización partidaria.
Para la Justicia, existe una “reiterada conducta” del PJ nacional basada en recurrir a intervenciones que terminan extendiéndose en el tiempo sin resolver los problemas políticos de fondo, lo que “revela una notoria incapacidad de gestión política” de la conducción nacional.
En el caso jujeño, incluso se recordó que la Justicia Federal Electoral terminó interviniendo judicialmente el distrito tras casi tres años de intervención partidaria y múltiples postergaciones de las elecciones internas.
Finalmente, la resolución dispuso:
La decisión vuelve a profundizar la tensión interna dentro del justicialismo nacional y reabre el debate sobre el uso de las intervenciones partidarias como mecanismo de control político en los distritos provinciales.
