El Expreso de Jujuy
El diputado opositor Juan Manuel Soler cuestionó la legalidad del cargo de Federico Posadas, denunció presuntas irregularidades con pagos a su esposa y exigió transparencia en la rendición de fondos públicos, además apuntó con dureza contra la gestión del funcionario y cuestionó la validez de su designación original.
Uno de los puntos de mayor fricción durante la jornada giró en torno a supuestos pagos librados desde la cartera turística a familiares directos del funcionario. Soler precisó que solicitó aclaraciones puntuales sobre «dos órdenes de pago y una planilla de liquidaciones a favor de la esposa del ministro», al advertir que dicha situación podría vulnerar la Ley de Ética Pública y las normas de incompatibilidad en el ejercicio de la función estatal.
Asimismo, el legislador reavivó la polémica sobre los antecedentes con los que Posadas desembarcó en la función pública local: “Él fue candidato a convencional constituyente en octubre de 2017 por la provincia de Salta. Tenía residencia legal allá y no podía asumir como ministro en Jujuy. Asumió de manera totalmente ilegal, violando los requisitos normativos”, argumentó Soler, quien definió la situación bajo la doctrina jurídica del «árbol envenenado».
Falta de acceso a documentación y causas pendientes
Si bien el ministro Posadas presentó un informe técnico por escrito, Soler advirtió que la bancada opositora iniciará un proceso de revisión minuciosa para determinar si las declaraciones orales y escritas coinciden con la realidad operativa de la provincia.
“Es muy difícil acceder a la información oficial sobre libramientos de pago, expedientes, contrataciones o participación en espectáculos públicos. Hay mucha documentación reservada a la que no se nos permite ingresar”, señaló el diputado.
En ese marco, recordó que pesan sobre el área antecedentes bajo investigación judicial, como la causa sobre contrataciones digitales en la que figuraban cadenas de correos electrónicos que evidenciaban presuntos direccionamientos de concesiones. Soler adelantó que, si del análisis del informe surgen inconsistencias, se acudirá formalmente a la Justicia para que los fiscales determinen responsabilidades penales.
Transparencia y nuevos pedidos de informes
Finalmente, el legislador opositor anticipó que mantendrá la exigencia de rendición de cuentas hacia otras áreas del Gobierno provincial, al señalar que cuenta con al menos diez pedidos de informes pendientes de tratamiento en la Cámara. Entre las prioridades mencionó el control sobre las tarifas y la fiscalización del 1% de la obra pública provincial que, por ley, debe destinarse al fomento de artesanos locales.
“Iniciamos un proceso de exigencia de transparencia a una gestión de gobierno que ya lleva una década y que deja muchas dudas. Voy a seguir cumpliendo esta tarea de fiscalización, aun si me toca hacerlo en soledad”, concluyó.
