INVESTIGAN A FRANCISCO ADORNI Y EXPONEN OTRA GRIETA EN EL DISCURSO ANTICASTA DEL GOBIERNO

El fiscal federal Guillermo Marijuán abrió formalmente una investigación luego de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano. La causa apunta a determinar si el crecimiento patrimonial del exfuncionario del Ministerio de Defensa puede justificarse con sus ingresos declarados o si existen movimientos financieros incompatibles con su función pública.

El caso adquiere especial sensibilidad política porque Francisco Adorni no solo integró áreas clave del Estado nacional durante la actual gestión, sino que además desembarcó en cargos estratégicos impulsado por la estructura política encabezada por su hermano, uno de los funcionarios de mayor confianza del presidente Javier Milei.

La lupa judicial se centra en un incremento patrimonial que, según la denuncia, no encontraría correlato en los ingresos oficiales del dirigente libertario. De acuerdo con las declaraciones juradas incorporadas a la causa, Adorni pasó de declarar bienes por $43,7 millones en 2024 a un patrimonio neto de $80,5 millones en 2025.

El punto que despertó mayores sospechas fue la cancelación anticipada de un crédito hipotecario cercano a los $60 millones otorgado por el Banco Provincia. Según planteó Pagano, el nivel salarial del funcionario no alcanzaría para afrontar semejante obligación financiera en apenas doce meses, aun considerando sus haberes públicos y la compra de un nuevo vehículo durante el mismo período.

La investigación también deja al descubierto una contradicción incómoda para el oficialismo. Mientras el Gobierno construyó buena parte de su narrativa política sobre la denuncia permanente de la corrupción estatal y los privilegios de la dirigencia tradicional, ahora uno de los apellidos más cercanos al núcleo presidencial quedó bajo escrutinio judicial.

Aunque el fiscal aclaró que Manuel Adorni no será investigado dentro de este expediente, sí pidió información cruzada sobre otra causa que involucra al jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito. El objetivo es determinar si existen conexiones patrimoniales o financieras entre ambos expedientes.

La batería de medidas ordenadas por Marijuán revela la magnitud de la sospecha judicial. El fiscal solicitó levantar el secreto fiscal y bancario del legislador bonaerense y requirió informes a más de treinta organismos públicos y entidades financieras.

Entre otras diligencias, se pidieron detalles sobre cuentas bancarias, movimientos de dinero, operaciones en moneda extranjera, cajas de seguridad, sociedades comerciales, viajes al exterior y bienes registrables. También se investigará si Adorni ingresó a algún régimen de blanqueo fiscal o sinceramiento patrimonial.

El Banco Provincia deberá entregar toda la documentación vinculada al crédito hipotecario cuestionado, incluyendo cronogramas de pago, refinanciaciones y comprobantes de cancelación. La Unidad de Información Financiera (UIF), por su parte, elaborará un informe integral sobre la situación económica y societaria del diputado.

El caso irrumpe además en un momento de tensión interna dentro de La Libertad Avanza. La denuncia fue impulsada por Marcela Pagano, una legisladora que mantiene un fuerte enfrentamiento político con sectores del oficialismo y que desde hace meses viene cuestionando el manejo interno del espacio libertario.

Más allá del desenlace judicial, la causa amenaza con erosionar uno de los principales activos discursivos del Gobierno: la idea de superioridad moral frente a la vieja política. La investigación recién comienza, pero el expediente ya instaló una pregunta incómoda para la Casa Rosada: cuánto resiste el relato anticasta cuando las sospechas alcanzan al círculo más cercano del poder.