El Expreso de Jujuy
La actividad de las empresas de seguridad privada volvió a quedar en el centro de la escena en Jujuy. La Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) denunció que al menos cinco firmas operarían de manera irregular, algunas de ellas prestando servicios para el Estado provincial, y cuestionó la falta de controles por parte de los organismos competentes.
El planteo fue realizado por el representante gremial nacional de UPSRA, Pablo Pelazo, quien este martes se presentó en la Legislatura para solicitar el acompañamiento de los diputados y gestionar una reunión con autoridades del Ministerio de Seguridad. Según explicó, el diputado Ramón Neira se comprometió a recibir el reclamo.
La denuncia no es nueva. Pelazo recordó que hace dos meses el sindicato mantuvo un encuentro con el secretario de Seguridad, Gil Urquiola, donde solicitaron inspecciones y controles sobre las empresas habilitadas para prestar servicios de vigilancia privada. Sin embargo, aseguró que desde entonces no hubo respuestas concretas.
"Lo que pedimos es que el Ministerio haga cumplir la ley y controle quiénes están prestando servicios. Hay empresas que no deberían estar funcionando y, sin embargo, siguen operando con total normalidad", sostuvo.
Empresas irregulares y contratos públicos
Uno de los puntos más sensibles de la denuncia es que, según el gremio, algunas de las empresas señaladas prestarían servicios para organismos estatales pese a no cumplir con las condiciones necesarias para desarrollar la actividad.
Aunque Pelazo evitó identificar públicamente a las firmas involucradas, afirmó que el sindicato tiene individualizadas aproximadamente cinco empresas que operarían en situación irregular.
"Tenemos localizadas cinco empresas. Sabemos que siguen trabajando y entendemos que alguien está tapando esa situación para que continúen prestando servicios", afirmó.
El dirigente fue más allá y deslizó que detrás de esa permanencia existirían intereses políticos.
"Sabemos que hay muchos intereses políticos dentro de las empresas de seguridad", manifestó, aunque no aportó nombres ni precisó qué dirigentes o funcionarios estarían involucrados.
De confirmarse estas irregularidades, la situación abriría interrogantes sobre los mecanismos de habilitación, fiscalización y contratación de empresas de seguridad privada, especialmente cuando prestan servicios para organismos públicos.
El gremio sostiene que la falta de controles no solo representa un incumplimiento legal, sino que también genera una fuerte competencia desleal.
Según explicó Pelazo, mientras algunas empresas continúan trabajando pese a presuntas irregularidades, otras que buscan cumplir con todos los requisitos encuentran dificultades para obtener las habilitaciones correspondientes.
"Hay empresas que quieren hacer las cosas bien, presentan toda la documentación, pero no consiguen la habilitación. En cambio, otras siguen funcionando sin problemas", cuestionó.
Para UPSRA, esta situación termina afectando directamente a los trabajadores, ya que las empresas que operan fuera de la normativa suelen incumplir obligaciones laborales y salariales.
Precarización y salarios
El dirigente explicó que las principales consecuencias recaen sobre los vigiladores privados, quienes muchas veces trabajan en condiciones de precariedad.
Si bien reconoció que existen empresas formalmente habilitadas que mantienen un alto nivel de cumplimiento —con observaciones menores vinculadas principalmente a la entrega de indumentaria prevista en el convenio colectivo—, afirmó que la mayor preocupación hoy pasa por la pérdida del poder adquisitivo.
"El problema más grave son las paritarias. Las negociaciones nacionales no logran aumentos superiores al dos por ciento y eso impacta directamente en los trabajadores", indicó.
También aclaró que el régimen laboral del sector ya contempla jornadas extensas y sistemas rotativos, por lo que consideró que el mayor conflicto actual continúa siendo el salario.
Piden una investigación
Desde UPSRA insistieron en la necesidad de que el Ministerio de Seguridad, junto con la Secretaría de Trabajo y los organismos de fiscalización, realicen inspecciones para determinar qué empresas cumplen con la normativa vigente y cuáles continúan operando sin reunir los requisitos exigidos.
El sindicato recordó además que cuenta con facultades para intervenir de oficio cuando detecta posibles irregularidades, aun cuando los trabajadores no estén afiliados.
Hasta el momento, desde el Ministerio de Seguridad no hubo una respuesta pública a las denuncias formuladas por el gremio, que ahora espera que el planteo elevado en la Legislatura impulse una investigación sobre el funcionamiento de las empresas cuestionadas y el sistema de controles vigente en la provincia.
