EX TRABAJADORES DE LA DEJ VUELVEN A RECLAMAR EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPIEDAD PARTICIPADA

Oscar Rojas aseguró que ya existen tres fallos favorables y que ahora aguardan una definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Denunció que más de 160 ex empleados fallecieron sin obtener una respuesta.
JUJUY08 de julio de 2026El Expreso de JujuyEl Expreso de Jujuy

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Los ex trabajadores de la ex Dirección Provincial de Energía de Jujuy renovaron este martes su reclamo por el cumplimiento del Programa de Propiedad Participada previsto en la Ley Provincial Nº 4.829. Desde el acampe que mantienen desde hace casi siete años frente a la Casa de Gobierno, reiteraron que la causa continúa abierta y que esperan una resolución definitiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Recordó que el conflicto se remonta al proceso de privatización de la empresa eléctrica y sostuvo que, a más de tres décadas del inicio del reclamo, el Estado provincial continúa sin ejecutar las resoluciones judiciales. "Somos 514 ex trabajadores y ya contamos con tres sentencias favorables. Sin embargo, el Gobierno sigue negándose a cumplir. En todo este tiempo ya fallecieron 160 compañeros sin ver reconocido su derecho", afirmó.

Según explicó recientemente la Suprema Corte de Justicia de Jujuy dejó sin efecto una presentación realizada por los abogados de los trabajadores vinculada al incumplimiento de la sentencia dictada el 28 de septiembre de 2011, motivo por el cual el expediente fue llevado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. "Esperamos que esta sea la instancia definitiva. Después de 30 años resulta inconcebible seguir esperando una solución", expresó.

El ex empleado sostuvo que el artículo 6 de la Ley 4.829 establece que el 10% de la propiedad participada debía corresponder a los trabajadores y aseguró que nunca se hizo efectivo ese reconocimiento. "Hace 30 años que el Gobierno administra esas acciones"

Rojas señaló que, de acuerdo con una pericia incorporada al expediente judicial, si el Estado hubiera cumplido con la ley, las acciones correspondientes a los trabajadores habrían quedado totalmente canceladas en abril de 2001. "El Gobierno administró esas acciones durante 30 años y nunca dio cumplimiento a lo que establecía la ley", afirmó.

También remarcó la situación de quienes mantienen el reclamo desde hace años. "Somos personas mayores. Tenemos compañeros de más de 80 años que siguen viniendo todos los días a la plaza, con frío, lluvia o granizo", indicó.

La privatización, bajo cuestionamiento

Consultado sobre el proceso de privatización de la empresa eléctrica, Rojas manifestó su rechazo y aseguró que la entonces Dirección de Energía era económicamente sustentable.

Sostuvo que el primer balance de la empresa privatizada registró ganancias y consideró que ello demostraba que la empresa estatal no era deficitaria. "La privatización respondió a una decisión política y no a la realidad económica de la empresa", expresó.

Asimismo, aclaró que actualmente el reclamo judicial no está dirigido contra EJESA, sino contra el Estado provincial, al considerar que la empresa habría cumplido con las obligaciones que le fueron impuestas durante el proceso de privatización.

Críticas por las tarifas eléctricas

Durante la entrevista, Rojas también se refirió al incremento de las tarifas del servicio eléctrico y cuestionó el esquema actual de facturación.

El ex trabajador afirmó que los aumentos registrados en los últimos años resultan "insostenibles" para muchos usuarios y planteó que deberían emitirse facturas separadas para los distintos conceptos que hoy aparecen unificados, como energía eléctrica, servicios municipales y agua potable.

También cuestionó el rol del organismo de control provincial y consideró que debería existir una mayor fiscalización sobre la evolución del cuadro tarifario.

Finalmente, expresó su respaldo a los reclamos impulsados por distintos sectores de usuarios para revisar el costo del servicio eléctrico en la provincia, aunque aclaró que esas iniciativas no mantienen una articulación formal con el grupo de ex trabajadores que continúa reclamando por la Propiedad Participada.

 

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