El Expreso de Jujuy
La medida fue impulsada por la fiscal Daiana Serrano Antar, quien, tras reunir los primeros elementos de prueba durante la investigación penal preparatoria, solicitó al Juzgado de Control la formulación de cargos contra el ex jefe de los fiscales de la provincia.
De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público de la Acusación, los hechos investigados se habrían cometido entre junio de 2021 y marzo de 2025, período durante el cual Lello Sánchez ejercía la máxima autoridad del organismo encargado de investigar los delitos en la provincia.
Una investigación que alcanza a la máxima autoridad del MPA
La causa adquiere una especial trascendencia institucional debido al cargo que ocupaba el ahora imputado. Como procurador general, Lello Sánchez era la máxima autoridad del Ministerio Público de la Acusación y tenía bajo su responsabilidad la conducción de la política de persecución penal, la administración del organismo y la supervisión de los fiscales.
La investigación busca determinar si, durante ese período, se produjo una utilización o apropiación irregular de recursos públicos cuya administración estaba bajo su órbita.
Si bien la Fiscalía no dio a conocer públicamente el detalle de los 17 hechos atribuidos, la imputación representa un avance significativo dentro de una causa por presunta corrupción administrativa que ahora ingresará en una nueva etapa probatoria.
Durante la audiencia de imputación, el ex procurador fue informado oficialmente de los hechos que se le atribuyen y resolvió asumir personalmente su defensa técnica, por lo que actuará como su propio abogado durante el proceso.
Asimismo, continuará el trámite de la causa en libertad, ya que la Fiscalía no solicitó medidas de coerción que impliquen una restricción de su libertad ambulatoria.
Qué investiga la Fiscalía
El delito atribuido es peculado, figura prevista en el artículo 261 del Código Penal de la Nación. La norma sanciona a los funcionarios públicos que sustraigan, utilicen o dispongan en beneficio propio o de terceros de caudales, bienes o efectos cuya administración, percepción o custodia les haya sido confiada por razón de sus funciones.
Se trata de uno de los delitos contra la administración pública considerados más severos por la legislación argentina, con penas que van de dos a diez años de prisión, además de la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos en caso de recaer una condena.
Un caso de fuerte impacto institucional
La imputación de quien hasta hace pocos meses encabezaba el organismo responsable de investigar los delitos en la provincia abre un escenario de fuerte impacto institucional y político. La causa pone bajo análisis la administración de recursos dentro del propio Ministerio Público de la Acusación, una institución llamada precisamente a garantizar la legalidad y perseguir los hechos de corrupción.
En esta etapa del proceso, la imputación constituye la comunicación formal de los cargos y no implica una declaración de culpabilidad. A partir de ahora, la Fiscalía continuará con la producción de pruebas para intentar sostener su hipótesis acusatoria, mientras la defensa podrá presentar descargos, ofrecer evidencia y cuestionar las actuaciones durante el desarrollo de la investigación.
La evolución de la causa será determinante para establecer si existen elementos suficientes para requerir la elevación a juicio o, por el contrario, si corresponde el sobreseimiento del ex funcionario.
