Fernando Burgos
Lo que los funcionarios llaman racionalización, las comunidades indígenas lo llaman por su nombre: el fin del único vínculo que les quedaba con el Estado.
En Queta, Jujuy, no hay una plaza central, ni una municipalidad, ni calles con nombres. Queta es su escuela. Es el punto de encuentro donde las familias, dispersas entre cerros y distancias de hasta tres horas a pie, se juntan para ser algo más que individuos aislados. Por eso, cuando cerraron la Escuela N° 71, no solo pusieron un candado: firmaron el acta de defunción de toda una comunidad. Ese edificio tiene 128 años. Allí se educaron cinco generaciones; por sus aulas pasaron bisabuelos, abuelos, padres e hijos.
El vocero y la contradicción
El discurso de Siufi, sin embargo, parece tener una sola dirección. El 6 de abril pasado, al defender la política educativa provincial, sostuvo que “no ha sido la política de este cerrar” y que la premisa del gobierno es “reconocer la crisis general que se vive y esta crisis no fomentarla o agregarle sacando gente a la calle”.
Pero los números desmienten esa narrativa. Entre 2007 y 2024, ya cerraron alrededor de 60 escuelas rurales en Jujuy. Y muchas otras corren la misma suerte. En la actualidad, la provincia cuenta con 102 establecimientos que tienen entre 1 y 15 alumnos, la mayoría ubicados en las zonas más pobres y de población indígena. La Resolución 2914 del Ministerio de Educación habilita la fusión o agrupamiento de estas instituciones, lo que en los hechos implica su desaparición.
El gobierno salió a desmentir que se trate de cierres. El secretario de Gestión Educativa, aseguró que “no se están cerrando escuelas” sino que se avanza en un “reagrupamiento” y que “mientras haya un estudiante, seguramente habrá una escuela”. Pero en Queta ya no hay escuela, pese a que en el calendario oficial el establecimiento sigue figurando como “nuclearizado”.
El corazón social que se apaga
Cuando el gobierno habla de eficiencia, las comunidades hablan de supervivencia. La escuela rural no es solo un lugar donde se dictan clases. Es el centro de salud informal, el espacio de contención social, el único referente del Estado en zonas donde el Estado rara vez llega. Sin escuela, los padres pierden la última razón para quedarse.
Según el relevamiento al que accedió este medio, la “nuclearización” amenaza principalmente a las regiones más postergadas de la Puna y la Quebrada. 27 escuelas de la Región II (Tilcara, Maimará, y Humahuaca), 24 de la Región VII (Abra Pampa), y 22 de la Región I (La Quiaca) están en la mira del plan oficial.
En Salta, el panorama es igual de desolador: 66 escuelas cerradas en las últimas dos décadas. Nombres como Paso del Rey, Rivadavia o Santa Victoria Oeste aparecen en las listas de “peligro”. Lo que en un balance administrativo parece un ahorro, en términos humanos es una catástrofe.
El Pacto Social roto
En 2018, el gobierno de Jujuy firmó el Pacto Social por la Educación y destinó un préstamo de 300 millones de dólares para proyectos educativos, incluyendo la construcción de nuevas escuelas y capacitación docente. Ese compromiso se desvanece hoy frente a la política de ajuste.
Las comunidades indígenas lo denuncian con claridad: el cierre de escuelas no es una decisión técnica neutra. Es una decisión política que profundiza el aislamiento y acelera la desertificación del territorio. Y contradice la lógica con la que, hace más de un siglo, la Argentina se pensó a sí misma abriendo escuelas en cada rincón para poblar el país. Se entendía que donde llegaba un maestro, llegaba la civilización, el arraigo y el futuro. La política de hoy está recorriendo el camino inverso.
El vocero Siufi, mantiene su mensaje: la provincia no cierra escuelas, solo las reorganiza. Pero en Queta, donde el silencio ya ganó la calle, esa definición suena tan vacía como el edificio que durante 128 años fue el corazón de su comunidad.
Fuente: TN
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