El Expreso de Jujuy
Los datos relevados evidencian una marcada desigualdad en la estructura de ingresos: mientras los cargos jerárquicos y funcionarios perciben salarios que superan los $4.000.000 mensuales, los niveles de supervisión se ubican entre $1.500.000 y $4.000.000, y la base operativa —compuesta por docentes, técnicos, personal de salud y servicios generales— apenas alcanza ingresos de entre $850.000 y $950.000.
Esta realidad resulta aún más alarmante al contrastarla con el costo de vida actual. La canasta básica en Jujuy, correspondiente a febrero de 2026, se sitúa en torno a los $1.400.000, mientras que la línea de indigencia ronda los $650.000. En consecuencia, una gran parte de los trabajadores estatales se encuentra por debajo de los niveles necesarios para cubrir sus necesidades básicas, quedando peligrosamente cerca de la indigencia.
“Desde esta Comisión sostenemos que esta situación no es solo una problemática económica, sino una vulneración concreta de derechos humanos fundamentales, como el derecho a una vida digna, al trabajo en condiciones justas y a una remuneración suficiente” analizó el organismo. Ŕecalcaron, que “resulta necesario señalar con preocupación la falta de compromiso efectivo por parte de sectores gremiales, cuya intervención, en muchos casos, se limita a medidas aisladas y de carácter testimonial: jornadas de paro esporádicas, movilizaciones de corta duración, conferencias de prensa comentando el malestar y pronunciamientos públicos que no se traducen en acciones sostenidas en el tiempo. Esta dinámica termina convalidando acuerdos salariales insuficientes, en procesos que distan de representar verdaderas instancias de negociación paritaria”.
“Entendemos que el contexto actual exige recuperar formas de organización y lucha que históricamente han demostrado su eficacia. Es imprescindible retomar un modelo de acción gremial basado en la presencia activa, el acompañamiento real a los trabajadores y la implementación de medidas de fuerza sostenidas, capaces de generar transformaciones concretas” analizaron.
En este sentido, “resulta ineludible recordar el legado de Carlos Nolasco Santillán, quien supo encarnar una forma de lucha comprometida, con dirigentes que no solo representaban, sino que también se encontraban en la primera línea junto a los trabajadores, impulsando acciones firmes y continuas hasta alcanzar mejoras reales”.
La Comisión de Derechos Humanos considera urgente avanzar hacia una recomposición salarial acorde a la realidad económica, que garantice que ningún trabajador estatal se encuentre por debajo de la canasta básica, y llama a todos los sectores involucrados a asumir la responsabilidad histórica que este momento demanda.
La dignidad de quienes sostienen el funcionamiento del Estado no puede seguir siendo postergada.
