La secretaria general del gremio docente Mercedes Sosa, reclamó en la Legislatura que se trate el proyecto para ampliar el abono de transporte a todos los trabajadores de la educación y advirtió sobre la pérdida salarial, la falta de políticas de salud mental y el incumplimiento de acuerdos paritarios por parte del Gobierno provincial.
JUJUY06 de octubre de 2025
Fernando Burgos
La secretaria general del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS), Mercedes Sosa, reiteró el reclamo del gremio para que la Legislatura trate de manera urgente el proyecto de modificación de la ley de abono docente, que busca eliminar la restricción de los 60 kilómetros de cobertura en los traslados.
“La presentación ya se hizo el año pasado y se volvió a presentar este año a todos los bloques, pero la única respuesta que recibimos fue del Frente de Izquierda, que nos citó y comenzó a trabajar en la propuesta”, explicó Sosa.
La dirigente señaló que la actual normativa perjudica a gran parte del cuerpo docente que debe trasladarse entre localidades del interior provincial. “Hoy el abono solo cubre 60 kilómetros diarios. Si superás esa distancia, te dan dos pasajes —uno de ida y otro de vuelta— y el resto corre por tu cuenta. Eso significa que entre el 25 y el 30% del salario se va en transporte”, denunció.
Para ejemplificar la situación, Sosa indicó que un docente que viaja a Tilcara gasta hasta 64 mil pesos semanales en pasajes, una cifra que calificó como “insostenible”. “Esto es salario indirecto. Si la ley se ampliara y fuera universal, se resolvería un problema estructural del sistema educativo jujeño”, afirmó.
Además, desde el CEDEMS volvieron a advertir sobre el deterioro de la salud mental de los docentes y la ausencia de políticas de contención. “Estamos recibiendo casos de estrés laboral, situaciones de violencia y agresiones en las escuelas. No hay protocolos definidos ni acompañamiento. Los espacios de escucha existen, pero son limitados y centralizados en la capital. Un docente del interior no puede acceder fácilmente a ellos”, explicó.
Sosa propuso la creación de centros regionales de atención y contención y reclamó que las áreas de Niñez, Adolescencia, Reconocimiento Médico y el Instituto de Seguros trabajen de manera articulada para elaborar políticas de prevención y asistencia.
Respecto a la cuestión salarial, la dirigente rechazó la posibilidad de una única paritaria hasta fin de año. “No estamos de acuerdo. Ya estamos en octubre y los aumentos quedaron muy por debajo de la inflación. Exigimos una convocatoria inmediata y mensual, porque la pérdida salarial es evidente”, sostuvo.
También denunció el incumplimiento de compromisos asumidos por el Gobierno, como el pago del ítem “frente a alumnos” y de la zona desfavorable, que en algunos casos fue reducida sin previo aviso. “En lugar de aumentar, nos descuentan. Es un hostigamiento constante”, afirmó.
Por último, Sosa repudió los dichos de una funcionaria del Ministerio de Educación que en redes sociales se refirió a los docentes con expresiones ofensivas. “Son declaraciones aberrantes que revelan el desprecio con el que se nos trata. La libertad de expresión existe, pero quien ocupa un cargo público debe hacerse responsable de lo que dice”, subrayó.
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En los municipios son alrededor de 7 mil y en el gobierno provincial 3.500 los que deben pasar a planta permanente antes de fin de año. Esa situación preocupa a la dirigencia gremial, sobre todo en los municipios, donde habrá cambio de comisionados municipales y se corre el riego de que se produzcan despidos.
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