Ante el silencio cómplice del Poder Político y Judicial de Jujuy y las evidencias que dejan expuestas a dos máximas autoridades de la provincia, como son la Jueza del Superior Tribunal de Justicia Laura Lamas González y el Obispo de Jujuy Monseñor Daniel Fernández, el Ministerio Público de la Acusación sacó un comunicado afirmando que se inició una investigación para determinar quién filtró información sobre el caso de violación del cura Atilio Luis Bruno. Pero no dice nada de la causa de soborno a la mujer que denunció la violación del padre Luis Bruno.
JUDICIALES24 de septiembre de 2025
Fernando Burgos
Resulta que los chats y audios que circula en los medios de comunicación, se extrajo del celular del cura que violó en reiteradas oportunidades a una mujer en estado de vulnerabilidad, dejó expuesta una red de corrupción e impunidad en el ámbito del Poder Judicial, debido a que teniendo audios y chat donde se desprenden hechos que atentan contra las leyes argentinas, el mismo MPA no inició una investigación paralela y solo se limitó a ocultar las evidencias.
Así lo deja expuesto en el comunicado que se conoció en la jornada de hoy y que dice: “El Ministerio Público de la Acusación informa a la ciudadanía que se encuentra en curso una investigación penal para determinar el origen de la filtración de información vinculada a un legajo en trámite. Dichos datos fueron divulgados por distintos medios de comunicación y, en particular, en el programa “Telenueve Denuncia”, emitido el 18 de septiembre de 2025 por el canal El Nueve Argentina.
Para esclarecer esta situación, se dispuso la apertura del legajo P-24901/2025, orientado exclusivamente a investigar la filtración y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder.
La investigación se instruye, en esta etapa, bajo la calificación legal de entorpecimiento o turbación de actos funcionales de la autoridad, prevista en el artículo 241 inciso 2 del Código Penal de la Nación.
La información divulgada corresponde a un legajo penal al cual habían accedido, en el marco del proceso judicial, el Ministerio Público de la Acusación, el Ministerio Público de la Defensa, abogados defensores particulares y el personal de la Oficina de Gestión Judicial del Poder Judicial.
De manera inmediata, el MPA dispuso la intervención de su Auditoría Interna, que llevó adelante un procedimiento preliminar para determinar si la filtración pudo haberse originado dentro de este organismo. El informe concluyó que no existen indicios que permitan presumir responsabilidad de personal del MPA en la divulgación de los datos.
En el marco de la investigación actualmente en trámite, se están adoptando las medidas procesales correspondientes, entre ellas la convocatoria a prestar declaración las personas que hayan tenido acceso a la información divulgada.
El Ministerio Público de la Acusación continuará impulsando todas las diligencias necesarias en sede penal para esclarecer lo sucedido y establecer las responsabilidades correspondientes, reafirmando su compromiso con la legalidad, la transparencia institucional y la tutela judicial efectiva.
Finalmente, se advierte que la difusión indebida de información sensible en legajos en trámite puede generar responsabilidad penal y administrativa para quienes resulten responsables, además de afectar gravemente los derechos de las víctimas y el debido proceso de las personas imputadas".
Evidentemente el Ministerio de la Acusación está preocupado en encubrir el caso de soborno de la Juez Lamas y castigar a quién filtro la información de este caso, dejando al lado su “compromiso con la legalidad, la transparencia institución y la tutela judicial”, que dice pregonar.
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