El Expreso de Jujuy
Cuestionó la falta de información oficial sobre los reiterados cortes de energía registrados en Jujuy durante el último fin de semana y afirmó que tanto la SUSEPU como el Gobierno provincial tienen la responsabilidad de controlar y garantizar la correcta prestación del servicio eléctrico.
En declaraciones a medios de prensa, Chalabe advirtió que el fenómeno del viento norte no puede considerarse un hecho extraordinario, ya que se trata de un evento climático habitual en la provincia, por lo que las empresas distribuidoras deberían contar con planes de contingencia adecuados.
“Es un evento bastante cotidiano en Jujuy. Lo primero que hay que evaluar es cuál era el plan de contingencia de EJESA y cuántas cuadrillas tenía destinadas para actuar en situaciones como esta”, sostuvo.
Reclaman cifras oficiales
La dirigente remarcó que existen versiones contradictorias sobre la cantidad de usuarios afectados y consideró indispensable que se publiquen datos precisos para poder evaluar la magnitud real de la emergencia.
“En algunos medios se hablaba de 5.000 usuarios sin luz, en otros de 7.000 y después esas cifras subían o bajaban. No podemos manejarnos con estimaciones. Esto es una política pública y las políticas públicas se analizan con datos”, afirmó.
Chalabe señaló que deben conocerse, entre otros puntos: la cantidad de cortes efectivos registrados; el número de cuadrillas disponibles y las que realmente trabajaron durante el fin de semana; la cantidad de ingenieros y personal técnico afectado a la contingencia; el número de reclamos recibidos por la empresa y si toda esa información fue controlada por el ente regulador.
Según indicó, en redes sociales circuló el dato de que 29 cuadrillas habrían estado operando en San Salvador de Jujuy, una cifra que consideró insuficiente frente a la cantidad de barrios afectados. “Si una cuadrilla atiende alrededor de 172 usuarios y había entre 5.000 y 7.000 cortes, es imposible recuperar el servicio en pocas horas”, explicó.
Críticas a la reacción oficial
La referente de CODELCO también consideró que la reacción del Gobierno provincial fue tardía. “El Gobierno salió recién el sábado por la noche a intimar a EJESA. Hay que saber durante cuántas horas se interrumpió el servicio y cuántos reclamos hicieron los usuarios”, señaló.
En ese sentido, insistió en que la empresa dispone de registros automáticos que permiten conocer la cantidad de llamados y reclamos ingresados durante la emergencia.
Aunque muchos usuarios no realizaron denuncias formales por considerar inútil el trámite o por resignación ante la demora en la restitución del servicio, Chalabe sostuvo que esa situación no puede reemplazar la necesidad de contar con estadísticas oficiales. “No sabemos si fueron pocos o muchos los reclamos. Precisamente por eso necesitamos datos. Hubo vecinos que denunciaron haber llamado varias veces y luego les dijeron que el reclamo no estaba registrado”, afirmó.
Reclamo por daños en comercios y hogares
Otro de los puntos planteados por CODELCO es la situación de los comercios y familias que sufrieron pérdidas económicas por la falta de energía.
Carnicerías, pequeños negocios y usuarios particulares denunciaron la pérdida de alimentos almacenados en heladeras y freezers durante las horas sin suministro.
Chalabe reclamó que la SUSEPU emita una resolución específica que establezca un mecanismo claro y ágil para tramitar las indemnizaciones. “La empresa suele exigir que cada usuario haga el reclamo, acredite el daño y luego comienza una discusión interminable. Esto se resolvería si la SUSEPU fija un procedimiento transparente para todos los afectados”, explicó.
La referente sostuvo que la medida debería contemplar tanto a comercios como a usuarios residenciales, especialmente a quienes realizan compras al por mayor y dependen de freezers para conservar alimentos.
Piden conocer las inversiones realizadas
Chalabe recordó además que en enero de este año ya se habían producido cortes masivos y que la SUSEPU había intimado a EJESA para que ejecutara inversiones en infraestructura destinadas a evitar nuevas fallas.
Sin embargo, cuestionó la falta de información sobre el cumplimiento de esas obras.
“No alcanza con decir que la empresa fue intimada. Tenemos que saber cuánto estaba previsto invertir, qué se hizo efectivamente y si esas inversiones se cumplieron o no”, remarcó.
Para la dirigente, la falta de transparencia impide evaluar si las fallas obedecen a problemas climáticos inevitables o a deficiencias estructurales en la red eléctrica provincial.
Finalmente, Chalabe sostuvo que la crisis eléctrica dejó en evidencia la ausencia de una política pública eficiente para garantizar un servicio esencial.
“Los usuarios persiguen las cuadrillas por los barrios y se informan por redes sociales dónde están trabajando. Eso no debería pasar. La energía eléctrica es un servicio público y el Estado, a través de la SUSEPU y del Gobierno, debe controlar a la empresa y garantizar la provisión del servicio”, concluyó.
Desde CODELCO insistieron en que la única manera de evaluar responsabilidades y prevenir nuevas contingencias es contar con información pública, verificable y actualizada sobre el funcionamiento del sistema eléctrico jujeño.
