Desde que se aprobó la ley del Seguro Provincial de Salud (SEPROSA) que determina el pago de un arancel obligatorio a las personas que no cuentan con obra social para recibir atención médica en los hospitales y centros de salud, distintas organizaciones, sindicatos y partidos políticos se congregaron en un foro provincial en defensa de la salud pública que viene realizando diferentes acciones para que el gobernador Carlos Sadir vete la Ley N°6453.
JUJUY09 de enero de 2025
Romina Amaya
Sin embargo, cumplido el plazo para que el gobernador proceda con el veto – el plazo era hasta hoy 9 de enero- desde el foro definirán nuevas acciones centradas en la difusión de lo que significará la aplicación de esa nueva norma, en el entendimiento de que la gente no está informada sobre la ley, y también acciones legales.
Al respecto, el secretario general de APUAP Nicolás Fernández, gremio que integra el foro, explicó a El Expreso de Jujuy que “la gente necesita saber qué implicancias tiene el SEPROSA y qué consecuencias provocará en la población que no cuenta con obra social que es la que tendrá que afrontar el pago de este arancel, en los trabajadores del sistema de salud en particular, así como en la población en general”.
“Lo que abre esta situación -señaló el gremialista- es una etapa para evaluar cómo seguir en todos los planos tanto legal, social como laboral para resistir la aplicación de esta ley en el entendimiento de que hoy se cumple el plazo para que el gobernador la vete ya que si no queda promulgada de hecho” aseguró.
Fernández explicó que lo que trae a colación esta ley es un cambio de paradigma porque el SEPROSA abandona la idea del acceso a la salud pública, gratuita y de calidad como derecho humano y pasa a ser concebida como una mercancía.
“Lisa y llanamente es la mercantilización de la salud pública que seguramente va a afectar el trabajo diario de los profesionales de la salud” señaló.
Analizando, en este sentido, que los principales afectados serán los trabajadores de la salud que hoy están prestando servicio como monotributistas sin servicio social que “se verán perjudicados sobremanera porque entran en el grupo al que se pretende aplicar este seguro obligatorio. Así que seguramente va a modificar la organización diaria del trabajo de todo el equipo de salud en cualquier puesto de salud u hospital de la provincia” señaló.
“Nosotros venimos denunciando, como trabajadores profesionales, la privatización de la salud desde el año 2017 cuando asumió Gustavo Bouhid como Ministro de Salud, que, con el Plan Estratégico de Salud, lo que buscaba en aquel momento, era la privatización de la salud, ahora con los nuevos acontecimientos esto queda más claro” declaró Fernández.
Además, explicó que en aquella primera etapa desde este ministerio “trabajaron en el desmantelamiento, el vaciamiento y la desestructuración de la atención primaria de la salud, la precarización de los trabajadores del sistema de salud eliminando los concursos y negándoles la estabilidad laboral, incrementando sobremanera la flexibilización que ya existía pero que se profundizó. Esta fue la primera etapa de Bouhid frente al ministerio”.
Ahora desde el 2023 según el secretario general, Bouhid planteó la segunda etapa de aquel “mal llamado Plan Estratégico de Salud” donde avanzan directamente en el arancelamiento y la privatización.
“Esto lo tenemos muy discutido en el equipo de salud de profesionales y siempre hemos planteado el rechazo a esta política sanitaria que perjudica a la población y a los profesionales como trabajadores del sistema público de salud” finalizó.
Claudio Meló asumió como Secretario General de SADOP Jujuy, por el período 2025–2027. Desde la organización sindical destacaron el acompañamiento y la confianza renovada por parte de los afiliados durante el proceso.
El Intendente de La Quiaca Dante Velázquez, anunció en conferencia de prensa la “recategorización” para los empleados del municipio y además el pase a planta permanente de aquellos trabajadores que estén prestando servicio en distintas modalidades.
El gobierno de la provincia cerró el año otorgando un mínimo aumento salarial del 2,5% y un bono de fin de año de 300 mil pesos, además de algunos otros ítems que solo repercuten en algunos sectores. El descontento de los gremios estatales es evidente, pero no hay reacción de ningún sector, solo manifiestos, paros que no inciden en ningún sentido en la actividad económica de la provincia y no afectan en nada al gobierno.
Después de seis años, en la Facultad de Humanidades volvió a realizarse elecciones para renovar 15 integrantes del Centro de Estudiantes. Durante toda la mañana el acto se desarrolla con total normalidad, más allá del clima caldeado en que se llega a esta instancia.
“No puedo seguir siendo parte de este juego a espaldas de los colegas” denunció la docente y miembro de la Junta Provisoria de ADEP, Graciela Ortega denunciando serias irregularidades que se estarían produciendo en la Junta conformada para convocar a elecciones del gremio de docentes primarios.
En los municipios son alrededor de 7 mil y en el gobierno provincial 3.500 los que deben pasar a planta permanente antes de fin de año. Esa situación preocupa a la dirigencia gremial, sobre todo en los municipios, donde habrá cambio de comisionados municipales y se corre el riego de que se produzcan despidos.
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La Fiscalía que investiga al empresario Oded Kindermann por distintos hechos de abuso, modificó la imputación del mismo a abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la situación de guarda, con lo cual también se amplió la prisión preventiva por 30 días, razón por la cual continuará privado de su libertad.
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Un menor de 15 años casi pierde la vida tras ser agredido el pasado fin de semana, en inmediaciones del Hospital Snopek donde fue atacado por una patota integrada por jugadores de un club de rugby y un estudiante de la Escuela de Policía. En horas de la tarde de esta jornada el mismo grupo volvió a citar al menor en el mismo lugar, probablemente para volver a agredirlo y fueron detenidos.
Los dos integrantes de una patota denominada “scratch” que agredieron a un menor de 15 años el pasado sábado en el barrio Alto Comedero, podrían quedar imputados y en prisión hasta que termine la investigación preparatoria. Por ahora se dictó una perimetral para proteger al menor agredido.