Desde que se aprobó la ley del Seguro Provincial de Salud (SEPROSA) que determina el pago de un arancel obligatorio a las personas que no cuentan con obra social para recibir atención médica en los hospitales y centros de salud, distintas organizaciones, sindicatos y partidos políticos se congregaron en un foro provincial en defensa de la salud pública que viene realizando diferentes acciones para que el gobernador Carlos Sadir vete la Ley N°6453.
JUJUY09 de enero de 2025
Romina Amaya
Sin embargo, cumplido el plazo para que el gobernador proceda con el veto – el plazo era hasta hoy 9 de enero- desde el foro definirán nuevas acciones centradas en la difusión de lo que significará la aplicación de esa nueva norma, en el entendimiento de que la gente no está informada sobre la ley, y también acciones legales.
Al respecto, el secretario general de APUAP Nicolás Fernández, gremio que integra el foro, explicó a El Expreso de Jujuy que “la gente necesita saber qué implicancias tiene el SEPROSA y qué consecuencias provocará en la población que no cuenta con obra social que es la que tendrá que afrontar el pago de este arancel, en los trabajadores del sistema de salud en particular, así como en la población en general”.
“Lo que abre esta situación -señaló el gremialista- es una etapa para evaluar cómo seguir en todos los planos tanto legal, social como laboral para resistir la aplicación de esta ley en el entendimiento de que hoy se cumple el plazo para que el gobernador la vete ya que si no queda promulgada de hecho” aseguró.
Fernández explicó que lo que trae a colación esta ley es un cambio de paradigma porque el SEPROSA abandona la idea del acceso a la salud pública, gratuita y de calidad como derecho humano y pasa a ser concebida como una mercancía.
“Lisa y llanamente es la mercantilización de la salud pública que seguramente va a afectar el trabajo diario de los profesionales de la salud” señaló.
Analizando, en este sentido, que los principales afectados serán los trabajadores de la salud que hoy están prestando servicio como monotributistas sin servicio social que “se verán perjudicados sobremanera porque entran en el grupo al que se pretende aplicar este seguro obligatorio. Así que seguramente va a modificar la organización diaria del trabajo de todo el equipo de salud en cualquier puesto de salud u hospital de la provincia” señaló.
“Nosotros venimos denunciando, como trabajadores profesionales, la privatización de la salud desde el año 2017 cuando asumió Gustavo Bouhid como Ministro de Salud, que, con el Plan Estratégico de Salud, lo que buscaba en aquel momento, era la privatización de la salud, ahora con los nuevos acontecimientos esto queda más claro” declaró Fernández.
Además, explicó que en aquella primera etapa desde este ministerio “trabajaron en el desmantelamiento, el vaciamiento y la desestructuración de la atención primaria de la salud, la precarización de los trabajadores del sistema de salud eliminando los concursos y negándoles la estabilidad laboral, incrementando sobremanera la flexibilización que ya existía pero que se profundizó. Esta fue la primera etapa de Bouhid frente al ministerio”.
Ahora desde el 2023 según el secretario general, Bouhid planteó la segunda etapa de aquel “mal llamado Plan Estratégico de Salud” donde avanzan directamente en el arancelamiento y la privatización.
“Esto lo tenemos muy discutido en el equipo de salud de profesionales y siempre hemos planteado el rechazo a esta política sanitaria que perjudica a la población y a los profesionales como trabajadores del sistema público de salud” finalizó.
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