El Expreso de Jujuy
El nuevo femicidio ocurrió el sabado sobre calle Pablo Arroyo del Barrio Santa Rita. La víctima fue atacada luego de una discusión con su ex pareja. Si bien los vecinos intentaron intervenir y la policía detuvo al femicida el daño ya estaba hecho, la mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Pablo Soria donde falleció a causa de las graves heridas.
Este femicidio, ocurrido cuando en Jujuy se desarrollaba la marcha de Mujeres y
apenas dos semanas después del asesinato de Florencia Sayes, evidencia la escalada de violencia que vive Jujuy.
La provincia vuelve a estremecerse con otro brutal femicidio, el cuarto en lo que va del año, en un contexto donde la violencia de género parece no encontrar freno.
El caso se suma a otros hechos trágicos que han marcado este año: Patricia Farfán, Ana Paula Costas y la propia Florencia Sayes, fueron asesinadas con brutalidad, dejando en evidencia que el gobierno provincial no ha logrado implementar medidas preventivas efectivas ni reforzar la justicia para proteger a las mujeres.
La repetición de estos crímenes en tan corto tiempo debería haber encendido todas las alarmas, pero la respuesta institucional sigue siendo insuficiente.
A pesar de las estadísticas que ubican a Jujuy entre las provincias con más crímenes de odio, el gobierno no ha mostrado un compromiso real con la lucha contra la violencia de género.
Las políticas públicas se limitan a anuncios y declaraciones que no logran incidir en la realidad. Además, la demora en la implementación de protocolos y la falta de recursos destinados a la prevención y protección de víctimas, demuestran una falta de voluntad política para abordar el problema de fondo.
La situación es aún más crítica cuando se considera que, además de los cuatro femicidios consumados, se han registrado siete intentos de asesinato de mujeres, lo que refleja una escalada de la violencia que el gobierno no puede ignorar.
La justicia, por su parte, no ha estado a la altura de las circunstancias. El caso de Daiana Cárdenes, que la familia insiste en clasificar como un femicidio pese a que fue calificado como suicidio, es un claro ejemplo de la falta de sensibilidad y perspectiva de género en el sistema judicial.
El asesinato de mujeres en Jujuy no es un problema aislado, es la consecuencia de años de negligencia y de un sistema que sigue priorizando otros temas mientras la vida de las mujeres corre peligro.
El gobierno no puede seguir siendo cómplice de esta tragedia. Las familias de las víctimas, y la sociedad en su conjunto, demandan justicia, prevención y políticas efectivas. No se puede seguir mirando hacia otro lado mientras el número de femicidios sigue creciendo, manchando de sangre las calles de nuestra provincia.
El gobierno debe actuar ya, antes de que más mujeres pierdan la vida.
