Gerardo Morales, ante medios de comunicación nacionales descalificó a docentes e investigadoras de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNJU, Dra. Elizabeth (Liz) Gómez y la Lic. Lucía Castro Olivera, afirmando que firman parte de un “grupo criminal”.
NACIONALES 24 de marzo de 2024
El Expreso de Jujuy
Gerardo Morales, ante medios de comunicación nacionales descalificó a docentes e investigadoras de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNJU, Dra. Elizabeth (Liz) Gómez y la Lic. Lucía Castro Olivera, afirmando que firman parte de un “grupo criminal”.Desde ADIUNJU repudiaron esas declaraciones formuladas por el ex gobernador de la provincia, quien además afirmó "que habrían organizado un intento de golpe de estado” en junio del año 2023.
Según Morales, las docentes junto a otras personas se habrían reunido en la casa de “Liz Gómez” con el fin de planificar estos supuestos delitos.
Las gravísimas acusaciones surgen, según palabras del propio ex gobernador, al haber sido identificadas como parte de un grupo de WhatsApp privado, vinculado con la causa de Nahuel Morandini (pareja de Castro Olivera), quien estuvo detenido 53 días por tuitear y que generó un serio cuestionamiento público respecto al accionar de la justicia jujeña y su imparcialidad.
El ex gobernador de la provincia acusó públicamente a las dos docentes de ser parte de una “banda”, señalando que son parte de la “Tupac Amaru”, indicando como prueba que “durante la causa de Milagro Sala se reunían en la casa de Liz Gómez…”.
Así, atribuye un contenido conspirativo al grupo de WhatsApp y asigna un carácter delictivo a la supuesta pertenencia a la organización, también deja entrever en sus dichos, posibles tareas de espionaje realizadas sobre la casa de la docente, en un marco temporal que excede ampliamente a la causa conocida como la de “los tuiteros”.
"La expresa mención pública de la Dra. Gómez y la Lic. Castro Olivera no debe considerarse solamente como derivación de la cuestionada causa contra los así llamados “tuiteros” Morandini y Villegas, se evidencia una clara expresión de criminalización de quienes supuestamente participen o tengan vínculos con algunas organizaciones sociales, pudiendo incurrir incluso en actos de persecución ideológica y política, de quienes se dedican a la investigación de ciertos temas o problemas que incomodan al poder de turno, conducta que se presentaría absolutamente incompatible con los mas elementales valores democráticos" consideran desde ADIUNJU.
Cabe señalar que, la Dra. Elizabeth Gómez tiene una larga trayectoria de trabajos de investigación referida al movimiento obrero y el conflicto social en la provincia de Jujuy. Su tesis doctoral, defendida en la UBA en el 2018, aborda la génesis, formación y desarrollo de las organizaciones de desocupados en Jujuy, con foco en la Organización Tupac Amaru.
Desde 2011 dirige a la Lic. Lucía Castro Olivera en investigaciones sobre la organización de las comunidades originarias y actualmente sobre el conflicto social en Jujuy, de las que han resultado trabajos científicos de autoría compartida, presentados en Jornadas de investigación internacionales, nacionales y provinciales, además de realizar tareas docentes en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.
Como entidad sindical, nos preocupa seriamente la posibilidad que se encuentre comprometida la libertad ambulatoria de ambas docentes, dados los antecedentes con que la justicia de la provincia actuó con los llamados “tuiteros”. La amenaza que pesa sobre las docentes fue denunciada ante organismos internacionales, por parte del CELS, Amnistía y la CONADU Hiđstórica.
"Repudiamos las expresiones públicas del ex gobernador Gerardo Morales y la persecución ideológica que tales manifestaciones podrían constituir; la posibilidad que haya existido tareas de espionaje ilegal desplegadas contra la Dra. Elizabeth Gómez y la Lic. Lucia Castro Olivera. Manifestamos PREOCUPACIÓN por la posible existencia de un aparato de espionaje ilegal en nuestra provincia, que pudiera atentar contra las libertades democráticas y las garantías de todas y todos los jujeños" señalaron desde la entidad sindical.
Finalmente exigieron a los Poderes del Estado, incluido el gobernador Carlos Sadir, que "garanticen la imparcialidad de la justicia, la más absoluta garantía de la libertad de expresión, el respeto a la diversidad ideológica, la libertad para investigar y las garantías de privacidad, todas garantías contempladas en la Constitución Nacional".
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