Fernando Burgos
La movilización se realizó por las calles céntricas de la capital jujeña y contó con la adhesión de sindicatos de la Intergremial que coincidieron en la necesidad de “defender el derecho de peticionar y de protestar”, garantizado por la Constitución Nacional.
“Manifestamos nuestro apoyo al Malón de la Paz ya que hay preocupación en un tema tan sensible y que se utilizó este año como la estigmatización, la persecución, el encausamiento y las multas millonarias”, indicó la secretaría general del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems), Mercedes Sosa.
La dirigente afirmó que "el pueblo de Jujuy ha padecido mucho este año, por eso instamos a los legisladores que no traten ningún proyecto sin informar o sin un consenso mínimo”, explicó en relación a la reforma Constitucional aprobada y jurada el 20 de junio pasado.
Sosa aseguró además que “en la provincia existe todavía una política autoritaria pergeñada desde el Poder Ejecutivo para perseguir, hostigar, apresar y callar a la gente”.
Por su parte, la secretaria general de la CTA Capital, de Jujuy, Claudia Navarro, manifestó que acompañan la lucha de los pueblos originarios “porque están avasallando nuestros derechos y de todo el pueblo jujeño”.
Asimismo, sostuvo que la Legislatura estuvo "aprobando leyes a escondidas del pueblo”, y coincidió con Sosa en la necesidad de “transparencia y visibilidad" de los proyectos que se pretenden aprobar.
En tanto, Silvana Llanes, representante legal de varias comunidades indígenas, indicó a Télam que “hay un compromiso previo con los legisladores de que no iban a tratar ninguna ley que reglamente la reforma inconstitucional de (Gerardo) Morales".
"En particular están tratando la (ley) que le da más facultades al MPA, el brazo ejecutor de todas estas criminalizaciones a nuestras hermanos de las comunidades, a los docentes y a todo el pueblo jujeño”, enfatizó.
Al referirse a la acción declarativa de inconstitucionalidad contra la reforma, que presentó el Ministerio de Justicia ante la Corte Suprema, señaló que "hay un plazo de 60 días en el cual el Gobierno de Jujuy debe contestar la demanda y exponer los fundamentos respecto al procedimiento y a los artículos que están siendo cuestionados”.
“En realidad cuestionamos toda la Constitución por cómo se dio, por el procedimiento ilegítimo en el cual se dio el marco a esta reforma y porque se hizo a espaldas del pueblo”, aseguró.
Finalmente, apuntó que tras las diversas protestas que se llevaron a cabo en rechazo a la reforma en Jujuy, “entre 70 y 100 hermanos están siendo criminalizados, entre ellos de comunidades indígenas, de sindicatos y de organizaciones”.
