El Expreso de Jujuy
Los legisladores expusieron su voluntad de tratar el proyecto presentado por la diputada Leila Chaher el pasado 17 de julio para crear un organismo investigador sobre la represión en Jujuy tras la sanción de la modificación de la Carta Magna, que limita el derecho de protesta, entre otras medidas.
Los diputados brindaron una conferencia luego de mantener diversas reuniones con organizaciones sociales y de las comunidades originarias a fin de recabar información y recibieron un petitorio de parte del llamado Malón de la Paz.
Junto a Chaher participaron de la conferencia los bonaerenses Natalia Souto, Juan Marino y Mónica Macha, las porteñas Mara Brawer y Paula Penacca y la salteña Lía Caliva.
El proyecto deberá ser tratado en las comisiones de Peticiones, Poderes y Reglamento y de Presupuesto y Hacienda -que conducen Penacca y Carlos Heller, del FdT-, donde el oficialismo tiene mayoría, pero luego debe alcanzar acuerdos con bloques opositores para poder tratarlo en el recinto.
La iniciativa apunta al abordaje integral de los sucesos que ocurrieron desde la convocatoria, tratamiento y aprobación de la reforma jujeña hasta los múltiples hechos y denuncias públicas de manera posterior, según anunció Chaher.
"Estamos impulsando la creación de una comisión bicameral especial investigadora de los delitos y abusos a los derechos humanos, desde la aprobación de la reforma de la Constitución hasta ahora", comentó Chaher.
Detalló que "queremos que se investiguen las camionetas sin patentes que durante dos o tres días circularon deteniendo gente; las camionetas con patentes que detectamos de empresas privadas al servicio de la Policía de la provincia; los allanamientos a distintas personas que se fueron denunciando; el porqué los efectivos policiales dispararon a los ojos".
La legisladora destacó que "todo el bloque del FdT" apoya el proyecto y que esperan que "la comisión rápidamente empiece a funcionar en la Cámara, para que los diputados y senadores comiencen a recabar las pruebas pertinentes".
"Frente a tantos abusos institucionales y desprotección, no tenemos dudas que tiene que ser una herramienta para esclarecer lo ocurrido".
Penacca dijo que "la gravedad de los hechos institucionales, la profundidad de las medidas represivas y también los aspectos inconstitucionales de algunas de las reformas, que ya han sido denunciados ante la Corte Suprema de Justicia, creemos necesitan que tengamos una reacción para cuidar la institucionalidad en Jujuy, pero también para cuidar la democracia Argentina".
Apuntó que incluso hay una "obligación" al respecto del Estado argentino, ya que "la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el (representante para América del Sur del) Alto Comisionado de las Naciones Unidas (para los Derechos Humanos, Jan Jarab) se expresaron planteando lo importante de que se haga respetar los tratados internacionales y normativas en relación a los derechos humanos y la protesta".
En tanto, Macha señalo que se analiza "la legitimidad del proceso de reforma, lo referido a la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios, con pasos y características que las mismas comunidades están denunciando, a través de los sostenidos cortes de protesta, no se respetó".
Macha destacó el "coraje y el convencimiento en la defensa que están llevando adelante las comunidades originarias, como guardianes de la tierra y el agua", pero que tienen miedo por la "brutalidad desencadenada", en la que se quiere "culpabilizar a las víctimas".
"Es muy complejo el entramado político y comunicacional que está llevando adelante el gobernador Morales", completó la legisladora al ponderar la necesidad de investigar sobre el reclamo de las comunidades, y como parte de una "deuda de la democracia con los pueblos originarios", agregó.
El proyecto establece que se crea en el ámbito del Congreso de la Nación la Comisión Bicameral Especial Investigadora de la reforma constitucional de la Provincia de Jujuy "por incumplimiento de artículos de la Constitución Nacional, tratados internacionales y normas nacionales acontecidos desde su convocatoria, tratamiento y aprobación posterior".
También fija que ese organismo debe estar integrado por seis diputados nacionales y seis senadores que serán designados por por las presidencias de cada cámara, "respetando la pluralidad de representación de cada órgano legislativo y principio de paridad de género"
El presidente y vicepresidente de la comisión bicameral será ser designados por sus propios miembros.
Dispone que será competencia del grupo parlamentario investigar "si desde la convocatoria a elecciones constituyentes en el distrito de Jujuy se respetaron y garantizaron desde el Estado provincial los derechos y garantías consagradas en la Constitución Nacional, tratados internacionales y demás leyes nacionales relacionadas".
Y específicamente si hubo "una alteración del orden jurídico de la República Argentina al establecer en el artículo 74° de la reforma de la Constitución de Jujuy un desplazamiento del inciso 17 del artículo 75° de la Constitución Nacional" y si "la prohibición de manifestaciones establecida en el artículo 67° de la reforma constitucional infringe el artículo 14° de la Constitución Nacional y el Código Penal de la Nación".
Además investigará si hubo "ausencia por parte de la convención constituyente de consulta a comunidades de pueblos originarios durante su convocatoria y desarrollo, vulnerando el inciso 17 del artículo 75° de la Constitución Nacional y la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)".
Además establece que el quórum se conformará con la mayoría absoluta de sus miembros y las decisiones se adoptarán por mayoría simple.
El proyecto fija que la Comisión Bicameral Especial funcionará en jurisdicción del Senado de la Nación y la erogación de gastos para su funcionamiento serán atendidos con crédito imputado a esa jurisdicción en presupuesto nacional del periodo correspondiente.
