El colegio de Abogados, conducido por el “radical” Ramiro Tizón, se muestra indiferente ante los permanentes actos de avasallamiento, hostigamiento y aprietes que reciben los matriculados por ejercer su profesión, por parte del gobierno de la provincia.
JUDICIALES11 de julio de 2023
El Expreso de Jujuy
Los abogados independientes afirmaron que “no pueden permitir que frente a un Colegio de Abogados anestesiado y mudo, que evidentemente responde a los designios del Gobierno de Jujuy, no exista una institución que haga respetar los derechos de quienes litigan sin ataduras estatales”.
Los abogados independientes de Jujuy, ligados a la Multisectorial provincial, repudiaron el "hostigamiento" que "ejerce" el Gobierno local contra los letrados que defendieron víctimas de la represión del pasado 20 de junio tras la aprobación de la reforma parcial de la Constitución de esa provincia norteña.
El colectivo intersectorial se solidarizó este lunes con la abogada jujeña Mariana Vargas, “una de las letradas que defiende a los manifestantes acosados por la Justicia de Jujuy”, y que a razón de ello “sufre hostigamientos en el ejercicio legal de la profesión”, denunciaron.
En las últimas horas la abogada Vargas recibió una carta documento de parte de la pareja del gobernador Gerardo Morales, para que se “rectifique públicamente” de la información brindada por la letrada en el marco de la causa anteriormente consignada.
“Varios son los casos de amenazas y hostigamientos por ejercer la profesión y asistir a quienes son víctimas de persecución del Estado”, aseguraron desde la Multisectorial.
Los abogados independientes afirmaron que “no pueden permitir que frente a un Colegio de Abogados anestesiado y mudo, que evidentemente responde a los designios del Gobierno de Jujuy, no exista una institución que haga respetar los derechos de quienes litigan sin ataduras estatales”.
“Las sociedades democráticas no admiten prerrogativas de clase o raza, somos todos iguales ante la ley”, completaron.
Vargas participó activamente asistiendo con su patrocinio a parte de los más de 60 detenidos durante la jornada del 20 de junio, cuando luego de aprobarse el texto normativo se desató una violenta represión que se extendió por más de cuatro horas en inmediaciones de la Legislatura y otros barrios de la capital provincial.
La abogada había denunciado la detención por diez días con prisión preventiva de un joven jujeño que filmó con su celular el desplazamiento de un grupo policial en cercanías del domicilio del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.
El detenido registró en un video a un grupo de efectivos que se desplazaba hacia el domicilio del mandatario jujeño en otro sector de la capital, imágenes que se multiplicaron en portales web y redes sociales.
En el marco de la investigación, Vargas presentó un habeas corpus y una impugnación de la detención "para conseguir la libertad" de su defendido, indicó en ese momento la abogada.
“Exigimos respeto a la profesión y a los profesionales independientes. Necesitamos una justicia independiente, sin ataduras al poder de turno, que asegure el correcto acceso a la justicia de la ciudadanía jujeña y que permita el armonioso sistema de derechos, garantías y libertades constitucionales”, finaliza el pronunciamiento de la Multisectorial jujeña.
Desde el 5 de noviembre, se realizaron múltiples allanamientos que derivaron en la detención de seis personas en el primer procedimiento, ocho en el segundo, tres en días posteriores y una más esta semana, en el marco de la Causa donde se investiga la trata y explotación sexual de menores de edad en un residencial de la vieja terminal.
La Justicia federal ordenó reparar la cancha y devolver las tierras expropiadas a la familia Moyoja Cruz en el plazo de treinta días, según lo establecido en un acuerdo homologado entre el Ministerio Publico Fiscal federal y la Fiscalía de Estado de la Provincia.
El hecho de sangre ocurrió en la madrugada del martes en un edificio ubicado en la esquina de las calles Entre Ríos y Belgrano, en el barrio Centro de esa ciudad.
Fabiana Checa, ex esposa del Fiscal del actual Fiscal de Estado, Miguel Ángel Rivas, fue citada por la justicia para una pericia psicológica por un grave hecho de violencia sufrido en el 2006. A pesar de los avances en cuanto las declaraciones testimoniales y pericias, todavía la justicia no imputó al funcionario provincial.
El cadáver hallado por pescadores en el sector conocido como Bahía de Los Monos, en el dique de las Maderas, sería del dueño de la residencial ubicada en la vieja terminal, identificado como Federico Matias Agudo, de 44 años de edad.
Fue denunciado como desaparecido la semana pasada, afrontaba una investigación por su participación en los casos de grooming, abusos sexuales, facilitamiento de la prostitución, corrupción de menores y asociación ilícita que se cometían en hotel ubicado en la vieja terminal.
Fabiana Checa, ex esposa del Fiscal del actual Fiscal de Estado, Miguel Ángel Rivas, fue citada por la justicia para una pericia psicológica por un grave hecho de violencia sufrido en el 2006. A pesar de los avances en cuanto las declaraciones testimoniales y pericias, todavía la justicia no imputó al funcionario provincial.
Se conmemora en la Argentina el Día de la Enfermería, una de las disciplinas del campo de la salud más esenciales para el cuidado de las personas, por esta razón se pasó el asueto del día 21 para el viernes 22.
Desde el 5 de noviembre, se realizaron múltiples allanamientos que derivaron en la detención de seis personas en el primer procedimiento, ocho en el segundo, tres en días posteriores y una más esta semana, en el marco de la Causa donde se investiga la trata y explotación sexual de menores de edad en un residencial de la vieja terminal.
Dirigentes del gremio que agrupa a docentes del nivel medio y superior, aseguraron que este sábado en asamblea se definirá el plan de lucha exigiendo que el gobierno no descuente los días de huelga.
“Resulta “vergonzoso” que la Justicia Federal sin siquiera haber concurrido al lugar, tome la decisión de impedir la construcción de una escuela” afirmó el legislador radical luego de que la justicia federal dispusiera, en acuerdo con la Fiscalia de Estado, la restitución de la cancha a los pobladores de Caspala, donde el gobierno pretendía construir una escuela.