El Expreso de Jujuy
El documento traza un diagnóstico crítico sobre la situación socioterritorial de la provincia y la región. El informe final será presentado formalmente ante la Legislatura de Jujuy, el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ), Casa de Gobierno, la Secretaría de Ordenamiento Territorial y el Ministerio de Infraestructura.
Los referentes señalaron que el trabajo funciona como un verdadero termómetro social de la realidad que atraviesan los barrios populares.
Durante la apertura de la conferencia, Cavero leyó la conclusión general del documento, donde remarcó que la crisis actual no es un fenómeno aislado, sino la consecuencia directa de un modelo que ha mercantilizado el suelo, la ciudad y la vida urbana.
Explicó que el hábitat digno es un derecho humano integral y que una vivienda no puede considerarse digna si está aislada, si carece de servicios básicos, si las familias sufren la amenaza de desalojos violentos o si el entorno está contaminado.
Frente a esta situación, exigieron la urgente sanción de una Ley de Emergencia Habitacional y Hábitat Digno, además de la creación de un Laboratorio Social y un Observatorio del Hábitat con participación popular.
Por su parte, Fabiola Suárez, coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos del congreso, alertó sobre los desalojos violentos que sufren tanto comunidades originarias y campesinas como familias de asentamientos urbanos.
Detalló que hace casi diez años que en Jujuy no se construyen verdaderas viviendas sociales y que la mayoría de los barrios entregados por el Estado carecen de la infraestructura básica de transporte, escuelas y centros de salud, lo que genera un gasto desmedido para familias golpeadas por la inflación y los salarios bajos. Ante este panorama, propuso implementar veedurías y observatorios para evitar que el Estado ejerza violencia institucional sobre sectores vulnerables, donde conviven niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
Durante la ronda de preguntas, los expositores aportaron cifras sobre el déficit habitacional en la provincia. Según datos del último censo, existen 64.600 familias que no poseen vivienda propia, contemplando a inquilinos, familias en asentamientos irregulares y hogares en situación de hacinamiento.
Asimismo, precisaron que en Jujuy existen 159 barrios populares registrados en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), donde viven unas 20.000 familias, equivalentes a más de 100.000 personas. Sin embargo, denunciaron que el congelamiento de dicho registro dejó desprotegidos a numerosos asentamientos surgidos en los últimos años.
A la falta de regularización se suma la carencia de servicios esenciales. La mayoría de estos barrios no cuenta con redes de gas ni cloacas y dependen de conexiones comunitarias precarias de agua. Muchos de ellos ni siquiera están reconocidos en la cartografía oficial, como ocurre con el barrio Radioestación, que figura como espacio verde a pesar de tener más de 20 años de existencia.
Uno de los puntos más duros de la conferencia estuvo dirigido a la gestión del IVUJ. Los referentes revelaron que en los últimos 11 años el Estado provincial solo construyó 380 viviendas con fondos propios. Asimismo, criticaron los planes realizados mediante convenios con gremios, donde las unidades alcanzan costos de entre 147 y 183 millones de pesos, obligando a las familias a ingresar en esquemas de licitación accesibles únicamente para quienes tienen capacidad económica. Denunciaron que el instituto perdió su sentido social y pasó a funcionar como una inmobiliaria, exigiendo requisitos de hace cuatro décadas a una población que mayoritariamente trabaja en la informalidad, al tiempo que ignora a familias monoparentales, a la colectividad LGTBIQ+ y a núcleos familiares no sanguíneos.
Las organizaciones concluyeron afirmando que este informe no representa un punto de llegada, sino la herramienta técnica y política con la que iniciarán las gestiones ante los distintos poderes del Estado para transformar las demandas en políticas públicas concretas.
