El presidente del bloque oficialista Frente Cambia Jujuy en la Legislatura provincial, Alberto Bernis, solicitó retirar un proyecto de ley que pretendía prohibir el uso del lenguaje inclusivo en los distintos niveles educativos tras los pronunciamientos en su contra, informaron fuentes legislativas.
POLITICA17 de julio de 2022
Fernando Burgos
La iniciativa había tomado estado parlamentario y luego fue remitida a las comisiones correspondientes del Parlamento provincial el pasado miércoles en el marco de la séptima sesión ordinaria, sin embargo, en las últimas horas el espacio oficialista requirió el retiro del expediente.
El proyecto de ley "Uso correcto del idioma español en las escuelas", cuyo autor es el diputado Luciano Angelini, buscaba que se "establezca en los establecimientos educativos de nivel inicial, primario y secundario, tanto de gestión pública como privada, el uso exclusivo del idioma español con sus normas gramaticales y lineamientos oficiales que dicta la Real Academia Española (RAE)".
En su articulado especificaba que lo establecido en el punto anterior, "deberá ser aplicado por los docentes en las actividades de enseñanza, dentro y fuera del aula, así como en las comunicaciones institucionales internas y externas del establecimiento educativo", medida que contaba con el apoyo de al menos una decena de legisladores y legisladoras radicales.
La propuesta provocó que múltiples instituciones educativas, docentes, artistas, además de colectivos indígenas y de la diversidad se pronunciaran en contra del proyecto de ley, polémica que se viralizó con mayor fuerza en las redes sociales.
“La prohibición del lenguaje inclusivo no solo atenta derechos educativos (Ley 26.150), además niega la posibilidad de cientos de niñeces y adolescencias a ser nombradas (Ley 26.743)”, indicó en un comunicado un colectivo de docentes jujeños el cual contó con la adhesión de una veintena de instituciones del sector.
En ese marco los educadores, investigadores y artistas defendieron el uso del lenguaje inclusivo al argumentar que “no solo garantiza derechos, implica libertades y colabora con los procesos de enseñanza y aprendizaje en el ámbito educativo y fuera de él”.
A su vez la Comisión Organizadora por la Marcha del Orgullo, junto a colectivos LGBTI+ de Jujuy, expresaron su “máximo repudio a la toma de estado parlamentario”, del proyecto de ley el pasado miércoles.
“Dicho proyecto pretende restringir el lenguaje inclusivo, como así también otros idiomas, expresiones o manifestaciones culturales lingüísticas que se encuentren por fuera de lo dictaminado por la RAE”, indicaron.
Más adelante consideraron que el “espíritu” de esa pretensión, “resulta inconstitucional, toda vez que avasalla garantías como el derecho a la igualdad y no discriminación y a la libertad de expresión”.
“Sostenemos que los espacios educativos –continuaron- deben ser espacios seguros, que breguen por garantizar derechos, inclusión y el respeto a la diversidad en todas sus formas, con el objeto de generar acciones reflexivas que prevengan y colaboren con la erradicación de la violencia y la discriminación”, completaron.
También, el Consejo Nacional de Políticas Indígenas (CNPI) repudió la iniciativa y sostuvo que “Gerardo Morales prohibió el uso de idiomas indígenas”, debido a que pretende el uso “exclusivo” del español en el sistema educativo.
“En este caso le prohíbe la identidad netamente de todo lo que es originario, donde el 75 por ciento de la población de Jujuy son descendientes de originarios”, criticó Daniel Segovia, titular del CNPI.
La cifra surge del presupuesto provincial que se pondrá en discusión la próxima semana. El diputado provincial oficialista, Santiago Jubert admitió que esos recursos pueden llegar a la provincia a través del un compromiso del Presidente de la Nación y se destinaría a cubrir distintos gastos de funcionamiento del estado provincial.
En reunión plenaria de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Finanzas y Legislación General, se presentó el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa y se análisis el proyecto de creación del Consejo de la Magistratura y Jury de Enjuiciamiento.
Si bien esa posibilidad no está contemplada en la Constitución jujeña, sostuvo que sería el método más transparente para designar jueces que no estén vinculados con sectores políticos.
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