La diputada nacional Leila Chaher se refirió a los 15 allanamientos realizados en diversas viviendas y merenderos de la provincia, destacando que “se vuelve a demostrar como hace seis años que Gerardo Morales utiliza el poder judicial, convertido en su partido judicial, para amedrentar, perseguir y disciplinar a todo aquel que piense distinto”.
JUJUY07 de julio de 2022
El Expreso de Jujuy
Cabe recordar que en la jornada de ayer, por orden del fiscal Diego Funes, se allanaron domicilios particulares de trabajadores y merenderos comunitarios en distintas localidades de la provincia, en los cuales secuestraron pertenencias como ser celulares, computadoras y documentación.
La diputada Chaher manifestó que “si en Jujuy existen alrededor de 80.000 planes sociales, cientos de merenderos y comedores que asisten a los sectores más vulnerables, es porque no hay generación de empleo genuino. Hay pobreza y miseria, consecuencia de las políticas de ajuste que comenzaron Macri y Gerardo Morales allá por el 2016”.
“Frente a esta situación y a la organización de los sectores populares, la respuesta de Morales es la criminalización de la protesta y la persecución judicial”, agregó.
En ese sentido, repudió “estas acciones con las que el gobernador somete a nuestro pueblo”, como así también se solidarizó con “quienes día a día trabajan en llevar un plato de comida a los sectores más postergados de nuestra provincia”.
Por último, se preguntó si “¿En serio Gerardo Morales cree que ganar las elecciones lo habilita a llevarse puestas la constitución provincial y nacional?”.
Las comunidades ubicadas en la zona este del departamento de Modesto Omiste (Bolivia) denuncian que aguas residuales provenientes de La Quiaca, Argentina, contaminan sus tierras y afectan la producción. A pesar de varias reuniones sobre el tema, no hay solución. Los comunarios cercanos a Villazón señalan la inacción de las autoridades.
El organismo gubernamental emitió la Resolución N° 8194-E, con el objetivo de organizar los tiempos y espacios institucionales para la 74ª Edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE). La nueva normativa busca consolidar el valor educativo de esta tradicional celebración.
Autoridades de la Universidad Nacional de Jujuy y representantes del CONICET denuncian un desfinanciamiento que paraliza la investigación, incluso en áreas estratégicas como el litio, y provoca una alarmante fuga de profesionales. Advierten que el presupuesto anunciado solo mantiene los valores de 2023 y no contempla la inflación ni la recuperación salarial.
La Cámara de Diputados aceptó la renuncia del legislador justicialista Juan Ortega, quién tenía mandato hasta el 10 de diciembre, debiendo asumir en su reemplazo Facundo Figueroa Caballero.
El intendente de San Pedro, Julio Bravo le reclamó al gobernador de la provincia, el envío en un plazo de 20 días, del anteproyecto de ley de Coparticipación Municipal, para que la legislatura comience su tratamiento y lo apruebe antes de fin de año.
Vecinos del barrio ubicado sobre Ruta 66, sobre avenida Juella expresaron su preocupación por la acumulación de basura, escombros y hasta animales muertos en distintas cuadras. Además afirmaron que hay falencias en la recolección de residuos y en la iluminación, lo que incrementa la inseguridad en la zona y píden al intendente Raúl Jorge, una intervención urgente en el lugar.
Durante el fin de semana, personal de la Regional 8 intervino en seis siniestros viales, dos de ellos con alcoholemia positiva en conductores de motovehículos. No se registraron heridos de gravedad, aunque crece la preocupación social por el aumento de accidentes y los ruidos molestos vinculados a las motos.
La Cámara de Diputados aceptó la renuncia del legislador justicialista Juan Ortega, quién tenía mandato hasta el 10 de diciembre, debiendo asumir en su reemplazo Facundo Figueroa Caballero.
Los exjefes de la Subdelegación de La Quiaca de la Policía Federal, Cristián Bejarano y Milton Cano, fueron detenidos luego de que la Corte Suprema rechazara su último recurso. El 22 de abril de 2020, en plena pandemia del COVID-19 y con las fronteras cerradas, habían intentado pasar a Bolivia un camión con insumos sanitarios y otras mercaderías.
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"Es grave la situación que atraviesan personas con discapacidad a las que sus pensiones fueron suspendidas, muchas no recibieron ningún tipo de notificación y hoy padecen el abandono del Estado nacional evaluó la abogada Alicia Chalabe, quien presentó una acción judicial en el Juzgado Federal N°1, a cargo del Dr Esteban Hansen y en las próximas horas esperan alguna respuesta.