La decisión fue tomada luego de una denuncia realizada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) ante en el Juzgado de Ejecución Penal de Jujuy a cargo del Dr. Emilio Cattan, por graves violaciones a los Derechos Humanos por parte de la justicia provincial.

La militante social fue condenada a 8 años de prisión en el marco de la causa denominada "Pibes Villeros" en el año 2019, expediente que fue recurrido por la defensa y permanece con un recurso de queja en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En octubre del 2021 una delegación de organismos de Derechos Humanos se entrevistó con el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, Federico Otaola, y el titular del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, para pedir la libertad condicional de cinco mujeres de la Túpac Amaru, entre ellas Condorí, por haberse cumplido las dos terceras partes de sus condenas.

Durante la jornada de este jueves los abogados de la defensa informaron que cumplió con ese derecho para la mujer acusada, y deberán asistir en las próximas horas a una audiencia para que Condorí sea notificada de una serie obligaciones.

Los representantes legales de los integrantes de la Tupac Amaru se mostraron confiados en conseguir la liberación en los próximos días Graciela López, Adriana Condorí y Javier Nieva, quienes continúan detenidos.

En enero de 2019 las mujeres recibieron condenas de entre 7 y 8 años de prisión en la causa conocida como "Pibes Villeros", sobre supuesta malversación de dinero, por lo cual desde la defensa consideran que las acusadas "están en condiciones de recuperar la libertad porque cumplieron ampliamente con los dos tercios de la condena".

En octubre de 2021 la justicia jujeña otorgó la libertad condicional a Mirta Guerrero, una de las integrantes de la Túpac Amaru que cumplía prisión domiciliaria, luego de que organismos de derechos humanos reclamaran que se revierta su situación procesal por la cual fue condenada a 6 años de prisión.

En el juicio de los "Pibes Villeros" de 2019, además de Milagro Sala, se investigó a 29 acusados, entre ellos exfuncionarios provinciales y cooperativistas por una supuesta defraudación al Estado para la construcción de viviendas sociales.