Organismos de derechos humanos, gobernadores, ministros del Gobierno nacional y diputados y senadores del Frente de Todos (FdT) reclamaron en una solicitada la libertad de Milagro Sala, quien hoy cumple seis años detenida, y advirtieron que "con presos políticos no hay democracia plena".
JUDICIALES16 de enero de 2022
El Expreso de Jujuy
En el texto, los firmantes expresaron "una vez más nuestra profunda preocupación y nuestro total repudio ante la persecución y el hostigamiento que viene sufriendo Milagro Sala quien este domingo cumple 6 años de prisión arbitraria e ilegal".
"El caso de la líder de la Tupac Amaru se constituyó en el laboratorio de lo que fue el lawfare en Argentina y que implicó una verdadera asociación ilícita promovida con recursos del Estado para perseguir y encarcelar a dirigentes políticos, sociales y sindicales, como se evidencia cada día con mayor fuerza en nuestro país, con los hechos que salen a la luz pública", añadieron.
En ese marco, plantearon que "la criminalización de la protesta y el encarcelamiento de dirigentes políticos, sociales y sindicales como práctica durante el macrismo fue una constante que en el caso de Milagro y sus compañerxs pone de manifiesto la malicia de sus mentores, ejecutores y cómplices".
"El caso de Milagro es el que mayor visibilidad tiene en Jujuy, provincia en la que hay aún hoy otros siete presas y presos políticos de la organización social que más ha hecho para garantizar los derechos de los vulnerables", sostuvieron.
Por último, advirtieron que la detención de Milagro Sala "debe cesar cuanto antes" debido a que esta situación "lesiona gravemente la Democracia."
La solicitada fue firmada por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas.
También lo hicieron el premio Nobel por la Paz Adolfo Pérez Esquivel Estela De Carlotto, Taty Almeyda y Nora Cortiñas, y ​el jefe de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner.
Asimismo, suscribieron los ministros nacionales Eduardo "Wado" de Pedro, Aníbal Fernández, Daniel Filmus, Elizabeth Gómez Alcorta, Jorge Ferraresi, Juan Zabaleta, Jorge Taiana, Jaime Perczyk, Martín Soria, Tristán Bauer y Santiago Cafiero.
Desde el Gobierno se sumaron además la secretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra; y los secretarios de Relaciones Parlamentarias Fernando "Chino" Navarro, y de Derechos Humanos Horacio Pietragalla; y el procurador del Tesoro, Carlos Zannini.
Además, acompañan la solicitada los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Jorge Capitanich (Chaco), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Alicia Kirchner (Santa Cru), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego); la vicegobernadora de Santa Fe, Alejandra Rodenas.
También, los senadores del FdT Oscar Parrilli, María Inés Pilatti Vergara, Juliana Di Tullio, Nora Del Valle Giménez, Silvina García Larraburu, María Teresa González; Alejandra RodenasAlejandra Rodenas, Ana Ianni y María Eugenia Catalfamo.
"Ilegal, arbitraria e injusta"
"Se cumplen seis años de la ilegal, arbitraria e injusta detención de Milagro y hay que decir que además de Milagro siguen presos y presas varios compañeros y compañeras de la Tupac en Jujuy", dijo la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.
Agregó que "hace dos años espera la resolución en la Corte Suprema de Justicia una de las causas que es puntualmente por la que Milagro fue condenada a 13 años. Me parece que en este contexto se hace más larga y más pesada, hoy son seis años".
En tanto, al ser consultada sobre la movilización convocada para el 1 de febrero bajo la consigna "Basta de injusticia y lawfare", la funcionaria respondió que "todas las marchas donde uno se manifieste y reclame a los poderes públicos le parecen justas".
"¿Cómo es posible que el único poder del Estado que está ajeno a esta rendición de cuentas sea el Poder Judicial?", se preguntó.
En ese marco, Gómez Alcorta recordó que "son tres poderes del Estado según la Constitución", esto "quiere decir que hay tres cabeza de gobierno" y "nadie puede dudar que la Corte es un organismo donde se toman decisiones de gobierno".
"Parecería que (la Corte) está fuera del escrutinio público, de este pedido de explicaciones, de estas demandas como si fuese un órgano impoluto, como si no tuviese que dar explicaciones al pueblo", consideró la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad.
"El aparato de persecución"
El presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, José Schulman, dijo que el día que encarcelaron a la dirigente jujeña Milagro Sala comenzó en el país "la transformación del aparato judicial en un aparato de persecución" y explicó por qué su organización convoca a la marcha contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 1 de febrero próximo.
“A partir de ese día comenzó en la Argentina un proceso de lucha contra la judicialización de la política" y a su vez "la transformación del aparato judicial en un aparato de persecución".
En diálogo con Radio 10, confirmó que la Liga Argentina por los Derechos Humanos convocó a la marcha contra la Corte Suprema, organizada bajo la consigna "Basta de injusticia y lawfare", y aseguró: "Somos una organización autónoma, no tenemos relaciones especiales con este ni ningún gobierno".
El dirigente de derechos humanos recordó que su organización presentó dos proyectos en el Parlasur, y uno de ellos es justamente la "tipificación del lawfare", porque en su opinión "no es cualquier política judicial de persecución, sino que está inserta en un plan de dominación colonial".
Asimismo explicó que la marcha pide "la renuncia de los miembros" del máximo tribunal y subrayó que el cuerpo "tiene un origen de ilegitimidad porque dos de sus principales miembros aceptaron entrar por la ventana".
Para Schulman la Corte "fue diseñada y construida por (el expresidente Mauricio) Macri" y sus miembros deben renunciar porque "no hay otra instancia institucional" prevista en estos casos.
Agregó que "la Constitución Argentina no previó qué hacer con una Corte Suprema que autoasume todo el poder del Estado". (Télam)
El caso es recurrente en Jujuy y a lo largo y ancho del país, donde se acusa a una persona por violación a un menor de edad; se toma la denuncia, se realizan algunos trámites de rutina y finalmente se condena sin llegar a la verdad de los hechos.
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