El Expreso de Jujuy
Según el informe que dio a conocer el MPA, el pasado 21 de Agosto se recibió la declaración indagatoria al único detenido a la fecha, que se encuentra imputado como presunto autor de los delitos de “Jefe de asociación ilícita, usurpación de títulos, estafa en grado de tentativa, administración fraudulenta”.
La Investigación Penal Preparatoria (IPP) fue iniciada de oficio tras el reclamo realizado por integrantes de pueblos originarios de nuestra Quebrada en contra de una agencia inmobiliaria, la cual habría puesto en venta tierras pertenecientes a la comunidad.
Esas investigaciones actualmente están a cargo del Dr. Fernando Enrique Alancay, titular de la Fiscalía de Investigación Penal Preparatoria de la circunscripción Humahuaca del MPA.
El Agente Fiscal basó el inicio de la IPP de oficio toda la normativa vigente en torno a la protección de tierras y derechos de las propias comunidades indígenas, entre ellas la Constitución Nacional, el Artículo 18 del Nuevo Código Civil (ley 26994), como también el protocolo gestado en el MPA para el abordaje en conflictividades de tierras y las comunidades aborígenes.
Según se detalla en ese informe, el 11 de agosto, dio inicio la IPP de oficio, durante el reclamo de la comunidad aborigen en ruta 9. El mismo día se realizó relevamiento fotográfico con drone del MPA, e inmediatamente se pidieron informes a diversos organismos como la Dirección de Inmuebles, a la Secretaria de Pueblos Indígenas de la provincia, como también a la empresa REMAX.
El 17 de Agosto se recibió informe del Director de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) sobre dichas tierras ofrecidas a la venta, señalando que existen las Comunidades Indígenas de Angosto del Perchel, Villa El Perchel, Quitacara, La Huerta, Villa Las Rosas, El Molino y Angosto de Yacoraite, las cuales han sido abordadas en el marco del Programa Nacional de Relevamiento Territorial RETECI, constatando el Estado Nacional la actual, tradicional y publica la ocupación de dichos territorios.
Se tuvo en cuenta la resolución N° 750 de la Inspección General de Justicia, que expresa que el ejercicio del corretaje inmobiliario, es una actividad personal e indelegable, también la ley Provincial 4152 que regula el ejercicio de corretaje inmobiliario, señalando que la inscripción en la matrícula para ejercer la profesión es obligatoria.
-Entre los elementos probatorios se encuentra la declaración testimonial de un Vocal de la Comisión Municipal de Huacalera.
El 19 de Agosto en la Fiscalía de Investigación Penal Preparatoria de la circunscripción Humahuaca del MPA, se recibieron denuncias de los representantes de Comunidad El Molino, que contiene Resolución INAI que reconoce la ocupación en una superficie de 791 hectáreas. También obran en el expediente denuncias de la Comunidad de Quitacara, y de la Comunidad La Huerta, ocupa varias hectáreas; y denuncia de la Comunidad Villa El Perchel que sostienen que ocupan 5.357 hectáreas.
También obra en el expediente un informe del Colegio de Martilleros de Jujuy, que refiere que los protagonistas no están autorizados para ejercer como corredores inmobiliarios.
-Sabiendo que las publicaciones se realizaron por medios informáticos y siendo menester peritar los equipos para determinar fechas y responsables de la publicación, por ello se solicitó el allanamiento y secuestro de los equipos informáticos de los protagonistas.
En las próximas horas se hará conocer causa de imputación a los otros imputados por “Asociación ilícita, usurpación de títulos, y estafa en grado de tentativa”, posteriormente se citará a declarar a testigos.
Las medidas restrictivas se encuentran debidamente fundamentadas ya que en modo alguno se violó derechos humanos como trascendió en una publicación, además atento al grave peligro de entorpecimiento de la investigación, por haber utilizado los protagonistas medios informáticos, ya que con un solo click, en un segundo, podrían hacer desaparecer las evidencias.
La ilegalidad de la operatoria de la empresa, el ofrecimiento en venta de tierras de propiedad indígena y el riesgo de nuevos ilícitos llevó a tomar medidas de inmediato tales como la detención del responsable local de la empresa REMAX imputado como “Jefe de asociación ilícita” y el secuestro de elementos informáticos en razón de que existen elementos probatorios suficientes para adoptar las medidas por parte de la Fiscalía y Juez actuantes.
