Ante el silencio manifiesto de las autoridades de salud del gobierno de la provincia, “Periodistas Autoconvocados Unidos de Jujuy”, exigió se haga público el registro oficial de quienes fueron vacunados en la provincia.
JUJUY22 de febrero de 2021
El Expreso de Jujuy
En las últimas horas surgió a través de las redes sociales denuncias sobre “privilegiados” que recibieron la vacuna contra el coronavirus sin cumplir con los requisitos previstos en la primera etapa de vacunación, destinada solamente al personal de salud.
Esta situación y la negativa de las autoridades de salud de dar a conocer el listado de personas vacunadas hasta la fecha, la organización emitió el siguiente comunicado:
“Ante la viralización de información no chequeada sobre la supuesta aplicación de la vacuna contra el coronavirus a personas a las que no les correspondería, exigimos que el gobierno de la Provincia haga público el registro oficial de quienes fueron vacunados.
Los rumores mencionan a familiares de funcionarios o de personal jerárquico de importantes centros privados de salud de Jujuy.
Sabemos que el Ministerio de Salud lleva el registro de personas vacunadas, que es imprescindible para hacer el seguimiento sanitario y para aplicar la segunda dosis en los casos que corresponda.
El derecho de acceso a la información pública está amparado por la Constitución Nacional y los tratados internacionales, y está regulado a nivel nacional por la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública promulgada recientemente. En virtud del sistema federal, cada provincia dicta su propia normativa para regular el ejercicio de este derecho dentro de su jurisdicción. Algunas adhieren a la ley nacional -la misma invita a las provincias a adherirse-, mientras que otras tienen sus propias leyes, decretos o resoluciones.
En Jujuy están vigentes la Ley N° 5886, sancionada el 17/12/2015 y promulgada el 18/12/15, y el Decreto provincial N° 1451 del 31/05/16. (Detalles de la normativa se pueden consultar aquí: https://www.argentina.gob.ar/.../acceso_a_la_informacion...).
La publicación de los actos de gobierno no debe limitarse a la difusión de partes de prensa diarios. El Ejecutivo provincial ha asumido desde el comienzo de su gestión una modalidad arbitraria y discrecional en el manejo de la información pública, manejo que se vio profundizado con la pandemia de coronavirus.
A los informes diarios del Comité Operativo de Emergencia -a los que estaba vedada la presencia de periodistas-, le sucedieron supuestas conferencias de prensa sobre las que solo se notifica a unos pocos medios provinciales, en su mayoría los más afines a la gestión de Gerardo Morales.
Solo para dar un ejemplo concreto y real: hace aproximadamente un mes, integrantes de PUAJ solicitaron al ministro de Salud de la Provincia, Gustavo Bouhid, precisiones sobre cantidad de camas críticas ocupadas por pacientes de covid-19, sin haber recibido respuesta.
Desde PUAJ venimos exigiendo que se respete nuestro derecho a ejercer nuestro trabajo periodístico con todas las garantías que prevé la normativa vigente, a nivel nacional y provincial pero también de acuerdo a tratados internacionales que tienen fuerza de ley en la Argentina.
En septiembre del año pasado hicimos público nuestro repudio a la restricción del acceso a la información y al hostigamiento del que eran víctimas trabajadores y trabajadoras de prensa por parte del gobernador Gerardo Morales.
Nada ha cambiado
Tenemos la firme decisión de cumplir con nuestra tarea de manera responsable. Por esa razón es que no nos hacemos eco de rumores sino que pedimos la información oficial que los desmienta o los confirme, basada en datos fehacientes y comprobables.
La situación de pandemia requiere aún más la transparencia de las acciones de gobierno, no en forma de partes de prensa promocionales -en algunos casos con una fuerte impronta electoralista- sino a través de mecanismos que brinden el acceso a las fuentes oficiales.
De otro modo, no están garantizadas en Jujuy las consignas "gobierno abierto" y "transparencia". Lo que, en definitiva, vulnera el derecho de la ciudadanía a estar informada”.
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