La dirigente social Milagro Sala aseguró hoy que las obras en Jujuy de la organización Tupac Amaru en la provincia "se miran y se tocan", y reiteró que es víctima de "una persecución" por parte del gobernador Gerardo Morales, durante una conferencia de prensa que llevó a cabo en su casa del barrio Cuyaya de San Salvador, donde se encuentra detenida bajo arresto domiciliario.
POLITICA17 de diciembre de 2022
El Expreso de Jujuy
Las declaraciones de Sala se producen luego que esta semana La Corte Suprema dejó en firme una condena de 13 años en su contra por asociación ilícita y defraudación al Estado, y la defensa de la líder de la Tupac Amaru denunció que en su resolución, el máximo tribunal no abordó las irregularidades que se evidenciaron en el proceso judicial.
Tenían que venir a Jujuy y comenzar por contar las casas, las obras, y de ahí sacar una resolución con respecto a la condena, pero la Corte respondió que no se iba a inmiscuir en las decisiones de jueces de las provincias y entonces por qué estuvo más de dos años con el expediente", señaló Sala.
Para la dirigente, "las garantías constitucionales del debido proceso no estuvieron dadas" para ella y sus compañeros de la organización, que afrontaron el juicio de la causa conocida como "Pibes Villeros" que se prolongó durante más de seis meses.
Durante el encuentro con la prensa, Sala mostró fotografías de las obras que realizó la Tupac en la provincia, y recordó que en su fallo del miércoles pasado, la Corte Suprema fue "evitar tratar la cuestión de fondo" y negarse a verificar si los proyectos de la organización social se habían concretado.
"Molesta mucho que vengan a indilgar que no hemos construido viviendas, que no tenemos obras. Nosotros hemos sido claros, quisimos presentar las pruebas. Hemos hecho más de lo requerido: colegios secundarios, centros de salud, viviendas y otros tantos espacios para los cuales no se recibió plata", sentenció.
Sala aseguró que "le gustaría" dar sus fundamentos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte_IDH) y "poner a disposición la prueba" que no le permitieron exhibir en el juicio al que fue sometida.
"Lamento los trece años -de la condena- porque nosotros nos hemos dedicado a trabajar muchísimo. Nuestras obras se miran y se tocan. Lamento que el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy y la Corte Suprema sean cómplices de lo que hoy está pasando en la provincia", subrayó.
Al respecto, Sala aseguró que con su condena "no se garantiza la paz social" en la provincia, como quieren promocionar algunos sectores políticos, y recordó que en Jujuy "todos los días hay marchas y protestas" que el gobierno de Morales busca "criminalizar".
Sobre el arresto domiciliario de Sala, -que el gobernador Morales pidió modificar de forma "inmediata"-, el abogado Ariel Ruarte indicó que "se deben respetar las pautas del sistema interamericano" que establecen que no se pueden agravar las condiciones de detención cuando está en riesgo la salud del imputado.
"En el marco político que estamos, dado que es presa política, lo mínimo que se debe dar es la privación en su domicilio", acotó Ruarte, a la par de referirse a la presentación de un habeas corpus en ese sentido ante la justicia local.
En la misma línea, el abogado Luis Paz recordó que hay resoluciones vigentes tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como de la CorteIDH, otorgadas en beneficio de Milagro Sala por estrictas razones de salud.
"El gobernador es un delegado del gobierno federal, la Constitución le ordena respetar los tratados internacionales en materia de derechos humanos y los estaría violando al dar órdenes del traslado de Milagro al sistema penitenciario", explicó Paz.
La cifra surge del presupuesto provincial que se pondrá en discusión la próxima semana. El diputado provincial oficialista, Santiago Jubert admitió que esos recursos pueden llegar a la provincia a través del un compromiso del Presidente de la Nación y se destinaría a cubrir distintos gastos de funcionamiento del estado provincial.
En reunión plenaria de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Finanzas y Legislación General, se presentó el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa y se análisis el proyecto de creación del Consejo de la Magistratura y Jury de Enjuiciamiento.
Si bien esa posibilidad no está contemplada en la Constitución jujeña, sostuvo que sería el método más transparente para designar jueces que no estén vinculados con sectores políticos.
El Senador jujeño por La Libertad Avanza, destacó el apoyo del gobernador Carlos Sadir a las reformas que se impulsa desde el gobierno nacional en materia laboral, además del tratamiento que está teniendo en el Congreso el Presupuesto 2026.
La disputa interna entre Leila Chaher y Carolina Moisés por el control del Partido Justicialista, distrito Jujuy, estuvo a punto de generar un quiebre en el bloque peronista del Senado. La acertada intervención del titular a cargo del partido a nivel nacional, José Mayans hizo que se tranquilizaran las aguas.
La disputa interna entre Leila Chaher y Carolina Moisés por el control del Partido Justicialista, distrito Jujuy, estuvo a punto de generar un quiebre en el bloque peronista del Senado. La acertada intervención del titular a cargo del partido a nivel nacional, José Mayans hizo que se tranquilizaran las aguas.
Daniela Mamaní fue hallada sin vida, boca abajo y con el estómago abierto. Estaba sin ropa interior, por lo que se presume que habrían intentado violarla, pero estaba indispuesta. En la pequeña habitación donde habitaba, se encontró un cuchillo tipo tramontina, el cual se habría usado para matarla. El asesino se entregó a la policía a media mañana y quedó detenido.
Un joven trabajador azucarero oriundo del Lote Parapeti, falleció en horas de la tarde, luego de caer de casi ocho metros de altura, cuando realizaba tareas de limpieza en uno de los depósitos del sector refinería.
En una emotiva ceremonia, vecinos y familiares acompañaron el cortejo fúnebre de Daniela Mamani, quien fue asesinada por su ex pareja. La tragedia unió a la comunidad en un acto de memoria y reivindicación.
El cierre del ex Banco Provincia en el año 1997 dejó un saldo que todavía no puede ser subsanado. Son sus trabajadores que todavía reclaman la propiedad participada, un derecho que le pertenece, que fue judicializado y ganado en todas las instancias, pero que no se hace efectivo por decisión de las autoridades del estado provincial.
Santilli se mostró con cuatro gobernadores y avanza en la búsqueda de apoyo para las reformas de Milei.