SALTA ENTREGARA TÍTULOS DE TIERRAS A COMUNIDADES ORIGINARIAS DEL CHACO  

El funcionario es además titular de la Unidad Ejecutora de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) que en 2020 instó al Estado argentino a otorgar un título de propiedad colectiva, sobre 400 mil hectáreas ubicadas al noreste de la provincia de Salta, a las comunidades que integran la Asociación de Aborígenes de Lhaka Honhat.

"La provincia ya manifestó públicamente varias veces que su intención es entregar el título a Lhaka Honhat antes que terminé la gestión, y eso sería un hecho histórico porque sería una solución que no tiene precedentes en Argentina", afirmó Rapetti.

Las tareas de delimitación y demarcación comenzaron el lunes pasado, en el marco de un plan integral que el Estado aplica para dar cumplimiento a esa decisión de las Corte-IDH.

Lhaka Honhat nuclea a 132 comunidades de las etnias Wichí (Mataco), Iyjwaja (Chorote), Komlek (Toba), Niwackle (Chulupí) y Tapy'y (Tapiete), que reclaman las tierras ancestrales de manera formal desde 1984, y que en 1998, con la representación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que concluyó con este fallo de la Corte-IDH.

El territorio en disputa está actualmente ocupado por poblaciones criollas, cuyos antepasados llegaron a la región integrando misiones anglicanas que se establecieron en la zona a fines del siglo XIX.

Una de las tareas que deben llevarse a cabo como parte del cumplimiento de esta sentencia es relocalizar a esas poblaciones criollas en tierras provinciales que tiene una extensión de 243 mil hectáreas.

La Unidad Ejecutora de la Sentencia -que se encuentra dentro de la órbita de la Secretaría de DD.HH, y que fue creada específicamente para cumplir con el fallo- es la encargada de coordinar las tareas de delimitación y demarcación del territorio indígena y campesino.

Rapetti afirmó que el objetivo de la tarea es que "en un año se le otorguen a las comunidades de Lhaka Honhat" un título único de posesión de esas tierras.

Los equipos territoriales se encuentran conformados de forma interdisciplinaria por geógrafos, geólogos, sociólogos y abogados, y su propósito es cubrir tanto las "cuestiones técnicas vinculadas a la tierra, y los problemas relacionadas al diálogo y al consenso entre las distintas comunidades", explicó Rapetti.

Además van a estar acompañados por un grupo de "mediadores culturales", que se encuentra conformado por criollos e indígenas, que según Rapetti, buscan "promover acuerdos" en los desacuerdos que aún subsisten.

"Estos equipos van dando vueltas por todo el territorio, que es vastísimo. Van tratando de llegar a acuerdos con los criollos, para que se relocalicen y liberen las tierras", remarcó.

A la vez, confió que ya hay familias que "empezaron a relocalizarse" incentivadas porque "no tienen ningún título de los terrenos en los que viven".

En ese sentido, explicó que estos grupos deben reubicarse en "un territorio que es la mitad de grande", por lo que es necesario que el Estado les garantice "mejorar la capacidad productiva de la tierra" a la que se mudarán.

"Hay una promesa del Estado sobre cosas que se van a hacer, pero que aún no se notan. Por eso es importante que se comiencen a dar señales para seguir va avanzando", remarcó Rapetti, quien afirmó que con el comienzo de las tareas de demarcación y delimitación se marcha "en esa dirección".

"Hasta ahora íbamos, hablábamos y proponíamos, pero desde el lunes pasado empezó una tarea concreta con la que todos estábamos de acuerdo", señaló el funcionario.

El trabajo iniciado forma parte del "Eje Territorial" desarrollado por la Unidad Ejecutora como parte del plan integral en respuesta a la sentencia la Corte-IDH, que fue sometido previamente a una consulta previa, libre e informada con los actores sociales involucrados.

De esa consulta luego se recogieron los señalamientos y fueron sumados al proyecto.

Asimismo, el funcionario destacó el "diálogo de muchas décadas" entre las comunidades indígenas y las familias criollas para lograr "la resolución de este conflicto".

Rapetti reconoció que la solución "no es nada simple porque un montón de gente, que hace generaciones está viviendo en el lugar, tiene que dejar todo e irse", pero consideró que al no existir en los diferendos el interés de un grupo económico, las negociaciones "se facilitan".

"Las comunidades indígenas están mal. Pero los criollos no son terratenientes. Son gente que vive de lo que hace", distinguió el funcionario, y aseguró que por eso mismo, y "pese a las complejidades, la solución tiene un horizonte cercano".

Además, Rapetti valoró el trabajo "de articulación" que realiza la Unidad Ejecutora y destacó que "es una experiencia que marca un antecedente, que si funciona bien, se puede aplicar para otros casos".

En la misma línea, resaltó la "intervención inteligente" del Estado "hace que los recursos estén más coordinados" y destacó el trabajo conjunto con los ministerios de Desarrollo Social, de Agricultura y de Obras Públicas.

"Una de las principales dificultades que veíamos al principio, era que el Estado nacional y provincial intervenían en la misma zona y no estaban en contacto", indició al recordar los primeros viajes de la Unidad Ejecutora a la provincia salteña.

De esa manera, destacó "la interacción entre Nación, provincia y municipio, que en este momento está siendo fructífera".

Además, resaltó al Frente de Todos (FdT) como "un sector político que le ha dado un rol importantísimo a los organismos de derechos humanos" y afirmó que la Secretaría "trabaja constantemente en acuerdos de solución amistosa".

"Para nosotros, es importante acatar el fallo. No tenemos que llegar a al punto en el cual el Estado reciba una condena en instancias internacionales. Es fundamental el diálogo permanente con los organismos de derechos humanos para mejorarle la vida a la gente", puntualizó Rapetti.