La investigación penal preparatoria fue llevada por el Dr. Diego Ignacio Funes, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y contra la Administración Pública Nº 2. Según determinó esta fiscalía, existirían elementos suficientes para elevar la causa Mejor Vivir II a juicio, pero llama la atención que solamente dos funcionarios y dirigentes sociales son requeridos a juicio, cuando hay intendentes y otros funcionarios provinciales, que avalaron los pagos a las cooperativas.
JUDICIALES 30/12/2021
El Expreso de Jujuy
En esta caso, los implicados en una “supuesta maniobra delictiva”, son la dirigente social Milagro Salas, ex integrantes del Instituto de viviendas de Jujuy (IVUJ) y cooperativistas: Milagro Amalia Ángela Sala; José Lucio Abregú; Arnaldo Ariel Flores; Martha Isabel Gutiérrez Torres y Javier Osvaldo Nieva, quienes fueron imputados como coautores del delito de “fraude en perjuicio a la administración pública”, según lo previsto en el artículo 174 inciso 5º, en función del artículo 172 del código penal de la nación.
En este marco, dentro del programa llamado “Cuatro dormitorios”, los fondos destinados a cooperativas también fueron defraudados, con diferente secuencia de actuación de la Asociación ilícita pero prácticamente con los mismos actores, quienes dejaron sin construir una importante cantidad de unidades habitacionales las cuales fueron pactadas con el IVUJ.
Surgió de las IPP que ambos programas fueron utilizados para convertir al Estado en una matriz de corrupción y de apoderamiento ilícito de fondos mediante la defraudación.
Este esquema delictivo tuvo como resultado la no construcción de núcleos habitacionales, el desvió y apoderamiento de fondos, y la desnaturalización de las cooperativas de trabajo.
Lucio Abregú, a pesar que en más de una decenas de expedientes del año 2014 del IVUJ la documentación carecía de firmas de representantes de las cooperativas, donde no se individualizaban lotes, ni ubicación de los lugares donde se iban a realizar las construcciones ni firmas de profesionales que avalaran las mismas, en su calidad de presidente del organismo estatal, entre septiembre y octubre del 2014 libró 30 cheques y los entregó a personas relacionadas a la Asociación ilícita encabezada por Milagro Sala, a pesar de saber que la maniobra generaría una defraudación al Estado y permitiría que a Sala apoderarse del dinero.
Arnaldo Ariel Flores, en relación a los mismos expedientes del IVUJ, libró en septiembre del mismo año 19 cheques, los cuales fueron entregados a personas vinculadas a la Asociación Ilícita o a cooperativas, produciendo así un fraude al estado e idénticas consecuencias.
En base a los mismos expedientes, la imputada Martha Isabel Gutiérrez Torres, libró en los meses de septiembre y octubre del 2014 alrededor de 40 cheques que también fueron entregados a personas con vínculos con la Asociación Ilícita comandada por Milagro Sala.
Javier Osvaldo Nieva, en su calidad de presidente de una cooperativa denominada “Nueva Esperanza Limitada”, cumpliendo las ordenes de Milagro Sala, jefa de la Asociación Ilícita, en septiembre y octubre del 2014 presentó 4 facturas por 59 mil pesos cada una, para darle cierto marco de legalidad a la maniobra fraudulenta.
Luego convocaba a otros presidentes de cooperativas para que estos retirasen los cheques del IVUJ y los entregaran a otras personas que cobraban los mismos en distintos bancos, para luego llevar todo el dinero al domicilio de Milagro Sala.
Esta última, formó las cooperativas de trabajo y coaccionó a los integrantes para que una vez que recibieran los cheques del programa “Cuatro Dormitorios” sean entregados a otras personas para que cobren los fondos.
Producto de esta maniobra delictiva, Milagro Sala recibido de estas personas 1.340.760 pesos, dinero que había sido destinado a la construcción del mencionado plan en el barrio Alto Comedero, construcciones que no fueron realizadas, concibiendo así el fraude contra el Estado provincial.
Lamentablemente y según lo deducido de anteriores juicios que se llevaron a cabo por hechos similares, no se avanzó investigando la responsabilidad que tendrían los intendentes que avalaron en aquel momento la construcción y el avance de obra de las viviendas, sin cuyo requisitos no se podían requerir los pagos. Además de las responsabilidades que le cabe al gobierno provincial, por la creación de unidades operativas que sacaban del contexto del IVUJ el pago de los programas de viviendas.
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