Integrantes de organismos de derechos humanos que viajaron a Jujuy para visitar a Milagro Sala se reunirán hoy, a partir de las 12, con el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia, Federico Otaola, para reclamar el otorgamiento de la libertad condicional a cinco mujeres de la Túpac Amaru que cumplieron dos tercios de la condena en la causa conocida como "Pibes villeros", entre otras demandas.
JUDICIALES12 de octubre de 2021
Fernando Burgos
Los miembros de la delegación solicitarán el cumplimiento de la ley de ejecución de la pena y el artículo 13 del Código Penal, que establece el beneficio de la libertad condicional al cumplirse dos terceras partes de la condena, pero además transmitirán una postura muy crítica respecto del funcionamiento del Poder Judicial de Jujuy.
En la audiencia con el titular del STJ, máxima instancia de la Justicia provincial, participarán el representante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, José Schulman; el secretario de Derechos Humanos del municipio de Avellaneda, Claudio Yacoy; la secretaria general de Fatpren, Carla Gaudensi; y la integrante de la Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos, Margarita Cruz.
Los cuatro llegaron a San Salvador de Jujuy junto a una comitiva de organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales y sindicales para reclamar "el cese inmediato de la persecución a Milagro Sala y a otros presos políticos" y para exigir "la independencia del Poder Judicial" en la provincia, según difundió la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
Además, visitaron a la fundadora de la Túpac Amaru en su casa del barrio Cuyaya, donde cumple prisión domiciliaria, y solicitaron formalmente una audiencia con las autoridades del STJ, para lo cual enviaron una carta por correo electrónico.
En esa nota, los integrantes de la delegación manifestaron que "María Graciela López, Patricia Cabana, Mirta Rosa Guerrero, María Sandra Condori y Adriana Noemí Condori son presas políticas que ya cumplieron los dos tercios de la condena que le fue impuesta por el Tribunal Oral Criminal N° 3 en enero de 2019", en la causa "Pibes villeros".
En otro párrafo señalaron que "Milagro Sala viene denunciando públicamente y penalmente la permanencia de la policía de Jujuy en la puerta de su domicilio con el único fin de realizar espionaje ilegal sobre sus visitas", y recordaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictó una medida provisional en noviembre de 2017 en la que ordenó al Estado argentino otorgarle prisión domiciliaria a la líder jujeña por razones de salud psicofísica.
Otaola accedió al pedido de reunión a través de un mail, firmado por su secretaria, en el que comunicó que la audiencia para tratar la situación de Sala y de otras integrantes de la Túpac Amaru se realizará mañana a las 12 del mediodía, en la Sala de Acuerdos del máximo tribunal de la provincia, y con la participación de cuatro miembros de la comitiva por razones "de protocolo".
El presidente del máximo tribunal de Jujuy es abogado, fue diputado provincial (1983-1987) por la UCR, se presentó dos veces como candidato a vicegobernador por el radicalismo, e ingresó al STJ en diciembre de 2015, tras la ampliación de ese cuerpo de cinco a nueve miembros que impulsó el gobernador Gerardo Morales al iniciar su primer mandato (ley 5878/15).
Con su nueva composición, el tribunal sumó como jueces al propio Otaola, a dos diputados provinciales de la UCR que habían votado la ampliación, Pablo Baca y Beatriz Altamirano, y también a Laura Lamas, de carrera judicial, aunque en 2020 Baca debió renunciar tras ser denunciado por presunto abuso sexual -luego sobreseído- y en su lugar fue designado Ekel Meyer, exministro de Seguridad de Morales.
Schulman, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, aseguró a Télam que en la reunión con el presidente del máximo tribunal transmitirán "el pedido más urgente, que es el cumplimiento de las reglas previstas para las personas que ya cumplieron dos tercios de la condena, que tienen derecho a la libertad condicional".
Empleados del Poder Judicial de la provincia, no fueron incluidos en el pago del bono de fin de año. Freddy Berdeja Secretario General del gremio judicial, no supo dar explicaciones a esta decisión del gobierno, que afectará al menos a 800 trabajadores que estarían en condiciones de percibir esa ayuda.
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