
MILEI AVANZA CON DECRETO QUE LIMITA EL DERECHO A HUELGA
El gobierno amplió la cantidad de actividades consideradas esenciales o de "importancia trascendental" y la mayoría de los gremios deberán garantizar al menos el 50% de la prestación.
El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, mantuvo este martes una videoconferencia con Raquel Rocchietti y Penélope Moro, madre y hermana del periodista Sebastián Moro, muerto sospechosamente en Bolivia en los primeros días del golpe contra Evo Morales, y les transmitió el apoyo de la secretaría y el compromiso de "impulsar la causa judicial para lograr Justicia".
NACIONALES10 de agosto de 2021En la reunión virtual participaron también la subsecretaria de Protección y Enlace de la secretaría de Derechos Humanos, Andrea Pochak; la abogada querellante que representa a la familia, Viviana Beigel; el coordinador de la mesa provincial de trabajo por los DDHH de Córdoba, Emiliano Salguero; y el miembro de la agrupación HIJOS Agustín Cetrángolo.
Pietragalla difundió la conversación a través de su cuenta oficial de Twitter, desde donde señaló que había conversado "con Raquel y Penélope, madre y hermana del periodista mendocino asesinado en Bolivia en 2019 en el marco del golpe de estado a Evo Morales, para conversar sobre la situación actual de esta causa".
La abogada Beigel, en diálogo con Télam, señaló que la familia Moro consideraba "muy importante" el "apoyo institucional del Gobierno nacional" para dar impulso a la investigación que determine lo que pasó realmente con el periodista, y en ese sentido evaluó que el compromiso de la Secretaría de DDHH "favorece, en el marco de las relaciones bilaterales con Bolivia, la necesidad de coordinar la búsqueda de Justicia para Sebastián".
"Lo que nosotros estamos observando es que la Justicia boliviana no está actuando de manera diligente en la causa de Sebastián Moro. El gobierno boliviano (por la administración de Luis Arce, del Movimiento al Socialismo) sí ha manifestado su intención de hacer Justicia", diferenció la letrada.
Y finalmente evaluó que el "apoyo institucional" transmitido por Pietragalla "puede ayudar a que exista un impulso a las investigaciones en Bolivia, porque se trata de un periodista argentino, de un ciudadano argentino, que muere en el marco del golpe de Estado", tras lo cual remarcó: "La Argentina tiene que tener interés en conocer la verdad, porque hay pruebas contundentes en relación a la golpiza que recibió".
Moro, periodista mendocino que trabajó en Bolivia como corresponsal del diario Página/12, se desempeñaba en noviembre de 2019 como editor jefe del semanario Prensa Rural, como conductor de la radio Comunidad de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) y escribía crónicas desde La Paz para la revista web mendocina La Quinta Pata (www.la5tapata.net), entre otras tareas periodísticas.
En los primeros días posteriores al desplazamiento de Morales y la asunción de la expresidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez, en un clima de agresiones y amenazas a periodistas y militantes cercanos al MAS, Moro fue hallado inconsciente y en grave estado en su departamento: tenía golpes y moretones, signos de haber padecido una golpiza.
Murió unos días después, el 16 de noviembre de 2019, en una clínica privada del barrio Miraflores de la capital boliviana, y aunque el parte médico consignaba que había padecido un Accidente Cerebro Vascular (ACV) y presentaba un "politraumatismo", su hermana Penélope, que viajó hacia La Paz de urgencia, pudo constatar la existencia de "golpes, marcas en diferentes partes de su cuerpo, en el rostro y los brazos", como contaría luego a la agencia de noticias Sputnik.
La familia de Moro, junto a varios organismos de Derechos Humanos más el CELS y el sindicato Sipreba, está próxima a lanzar la campaña internacional Justicia por Sebastián Moro, mientras espera que se conozcan los resultados del informe del grupo de investigadores independientes que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) puso a analizar el caso.
El gobierno amplió la cantidad de actividades consideradas esenciales o de "importancia trascendental" y la mayoría de los gremios deberán garantizar al menos el 50% de la prestación.
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