Fernando Burgos
De acuerdo a la acusación fiscal, el 7 de julio de 2017, aproximadamente entre las 6.30 y las 6.50 horas, Bravo en ese momento miembro de la Policía Federal Argentina, era trasladado desde la Seccional Nº 62 hacia el edifico de la Central de Policía, en el asiento trasero de un móvil de la policía provincial junto a Alejandro Ariel Mora, también integrante de la fuerza de seguridad federal y Ramón Ignacio Nicolás Soto Calisaya. En ese lugar se debían cumplir medidas procesales, debido a que con anterioridad habían protagonizado un accidente de tránsito en un control vehicular.
Cuando el móvil detuvo su marcha al llegar a un semáforo en el barrio Sargento Cabral Julio Bravo sacó su arma de servicio provista por la Policía Federal Argentina y efectuó disparos desde atrás en dirección al conductor del vehículo, agente Sergio Moisés Lima Giménez.
El proyectil impactó en la zona del cuello de la víctima, provocándole daños en la zona arterial, y maxilar, y poniendo potencialmente su vida en peligro. Además, el proyectil se fragmento, impactando en el rostro a Ramón Soto Calisaya, ocasionándole una herida cortante.
Seguidamente, el acusado encañonó con su arma de fuego a Soto Calisaya, mientras que Alejandro Mora, quien se encontraba sentado en el medio de los dos, alcanzó a tomarlo del brazo para impedir que siga disparando, comenzando así un forcejeo entre ambos que prosiguió afuera del vehículo.
En ese momento el sargento de la policía de la provincia, Mario Salas, que circulaba ocasionalmente en el lugar en un móvil del Cuerpo de Radio Patrulla, intervino debido a que en el forcejeo Bravo continúo efectuando disparos de los cuales uno impactó en un vehículo que estaba detrás del móvil policial, esperando reanudar su marcha.
El acusado prosiguió forcejeando con el personal policial que intentaba contenerlo, siendo luego reducido y esposado; mientras que la víctima, Lima Giménez, fue trasladado por el SAME al Hospital “Pablo Soria”.
En los alegatos del juicio oral y público, el Fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Dr. Sergio Marcelo Cuellar, solicitó la pena de 22 años de prisión para el Bravo, petición a la que adhirieron los querellantes adhesivos, doctores Guillermo Vázquez y Luís Navarro.
Los jueces, María Alejandra Tolaba – presidente de trámite -, Mario Ramón Puig y Ana Carolina Pérez Rojas, resolvieron, además, absolver a Bravo del delito de “Lesiones calificadas por la condición de funcionario público del autor”.
Asimismo, ordenaron, que firme y consentida que estuviere la sentencia, se devuelva al Jefe de la Policía Federal Argentina, el arma de fuego secuestrada en la causa, una pistola automática Browning calibre 9 milímetros.
El abogado defensor del enjuiciado fue el Dr. Carlos Salas; en tanto, la Secretaría del Tribunal estuvo a cargo de la Dra. Carina Plankensteiner.
