La denuncias por agresiones a una menor de edad por parte de una legisladora provincial, puso en el tapete un tema que prácticamente no tenía discusión en la provincia, que se lo invisibiliza y ahora se lo utiliza para el juego político.
JUJUY 23/03/2021
El Expreso de Jujuy
La violencia infantil siempre existió en la provincia, hay organismos que deben velar por los derechos de los niños, que quizás están actuando adecuadamente o no. Pero esta problemática no puede ser usada con otros fines.
Ayer, un grupo de militantes radicales disfrazados de padres de familias preocupados por la situación y mucha gente que vive de planes sociales, se llegaron a la Legislatura para protestar y reclamar justicia, además de pedir la renuncia de la legisladora peronista que se vio involucrada en un hecho de violencia familiar.
Es lamentable, el proceder de la política en estos casos, armando discursos que no son compatibles con los hechos de un gobierno o de un partido político que precisamente militó la violencia en todos sus sentidos.
El radicalismo jujeño, es quizás el partido político que menos derecho tiene de hablar sobre violencia, cuando en la justicia se encuentran estancados cientos de expedientes de denuncia de violencia de género, mal trato, acoso laboral y sexual perpetrados por funcionarios, ex funcionarios y hasta jueces y fiscales que responden al partido gobernante.
Los referentes de la marcha de ayer no tenían ni idea del porqué fueron convocados, tampoco supieron dar razones del porqué del pedido de renuncia de la Legisladora, ni mucho menos de que se trata la violencia infantil o qué incidencia tiene en la provincia.
Solo apuntaban a la renuncia de la legisladora con la excusa de que es una mujer violenta con los niños. Esa deducción la debe hacer la justicia y no un grupo de militante.
El supuesto hecho de violencia se conoció el viernes, desde entonces se tomaron medidas preventivas para resguardar la salud física y emocional de la menor involucrada y se dictó una medida de no acercamiento de la madre a la menor.
Es lo que correspondía hacer y lo que dice el protocolo para estos casos y esa medida se debe mantener hasta tanto el juez o el fiscal que investiga el caso, reúna todos los elementos probatorios para determinar su hubo o no violencia familiar, si hubo abuso físico contra la menor, si éstos son pasajeros o se vienen repitiendo con el tiempo.
En 24 horas la justicia no puede dar una conclusión de lo que sucedió dentro de una vivienda donde conviven personas de distintas generaciones, donde pudo haber sucedido muchas cosas y nada.
“Nosotras somos mujeres de los barrios, mujeres auto convocadas, porque la verdad que…. Nos sorprendió esta situación de la diputada que haya golpeado a su hija, de tal manera. Eso hace lo que vengamos y repudiemos la violencia” afirmó una de las mujeres que encabezaba esta protesta y no quiso identificarse con nombre y apellido.
Habló también de la violencia hacia un niño por parte de la legisladora, cuando todos sabemos que el supuesto hecho está involucrada su hija”.
“Me parece que está todo muy silencioso con los derechos de los niños y el mal tato a la infancia” destacó, pero cuando se le consultó sobre algunas estadísticas o casos que preocupe a la sociedad en este sentido, directamente no supo que contestar. “Hasta ahora no había tanto, el tema de este caso la verdad nos puso en vilo la violencia que hay”.
En la marcha se pudo apreciar integrantes de organizaciones sociales que responden al propio Radicalismo, que reciben y viven de los planes sociales y de barrios como Mariano Moreno donde si hay mucha violencia y mal trato hacia las personas y que no son atendidos adecuadamente por el Estado Provincial.
Entre las presentes que también se sumó a este repudio público, se encontraba Marcela Aramayo activa militante radical y vecinal, que siguiendo el discurso oficialismo, criticó fuertemente el accionar del Dr. Huespe en el Barrio Campo Verde, contra Alberto Fernández y el gobierno nacional por el caso Maia entre otros hechos.
Es lamentable que el mismo radicalismo se preste para este tipo de operaciones políticas, aprovechándose de un hecho de violencia que necesariamente debe resolverse en los fueros de la justicia y no de la política.
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