El Expreso de Jujuy
El planteo busca poner en debate los conceptos que se incorporan a las facturas y el impacto que tienen sobre los usuarios.
El diputado provincial Kevin Ballesty, del bloque de Libertad Avanza, señaló que su espacio presentó anteriormente un proyecto para impedir que las empresas prestadoras de servicios públicos incorporen en sus facturas tasas, impuestos u otros conceptos que, según planteó, sean ajenos a la prestación específica del servicio.
Según explicó, la propuesta apunta a empresas como EJESA y Agua Potable y está relacionada con el reclamo que llevan adelante los vecinos por el incremento del costo de la electricidad.
Ballesty sostuvo que parte de la discusión está vinculada con el traslado, a través de la factura de EJESA, de tasas e impuestos provinciales y municipales. Mencionó entre ellos el FoCoVu, la tasa de fiscalización y el alumbrado público que cobran los municipios.
El legislador indicó que el proyecto presentado por Libertad Avanza ya tiene estado parlamentario, aunque todavía no fue analizado en las comisiones correspondientes.
En ese sentido, cuestionó la falta de tratamiento y sostuvo que su bloque insistirá para que la iniciativa sea discutida en el recinto. También vinculó la demora con el escenario político previo a las elecciones, aunque se trata de una interpretación política del legislador.
Respecto de la iniciativa popular impulsada desde San Pedro, Ballesty reconoció que todavía no tuvo acceso al texto presentado por los vecinos y que tampoco ingresó formalmente al despacho de su bloque.
No obstante, adelantó que una vez que el proyecto sea remitido a la Legislatura, desde Libertad Avanza analizarán su contenido y buscarán tomar contacto con sus impulsores para realizar los aportes que consideren necesarios.
Sobre la cantidad de firmas reunidas, estimó que el proyecto ya estaría en condiciones de ser ingresado y analizado por la Legislatura.
La discusión también podría volver a incluir a EJESA. Ballesty recordó que antes del receso legislativo había quedado pendiente una reunión con representantes de la empresa, compromiso que, según señaló, no se retomó después del reinicio de la actividad parlamentaria.
El diputado anticipó que buscarán insistir en la próxima sesión para establecer una nueva fecha para un plenario de comisiones.
“Dada la gravedad de la situación y la insistencia de la gente”, sostuvo, será necesario realizar los esfuerzos para concretar el encuentro con la empresa.
Entre los temas que Ballesty considera prioritarios para el próximo período legislativo también aparece el proyecto de ampliación de la Ruta 9, en el tramo comprendido entre la nueva Terminal y Los Alisos.
El legislador puso el foco en el financiamiento anunciado para la obra, estimado en 85 millones de dólares, y afirmó que todavía existen dudas respecto del origen de esos recursos.
Ballesty señaló que en una reciente reunión conjunta de las comisiones de Finanzas y Obras Públicas se brindaron detalles sobre el proyecto, pero consideró insuficiente la explicación relacionada con el financiamiento.
Según relató, un funcionario de Infraestructura expuso durante unos 20 minutos sobre las características de la obra, mientras que la explicación sobre el financiamiento fue considerablemente más breve y, según su interpretación, no permitió despejar las dudas de los legisladores.
El planteo adquiere relevancia porque el proceso licitatorio ya comenzó y, de acuerdo con lo informado públicamente, hubo una empresa oferente: JUMI. También se comunicó la intención de avanzar con el inicio de los trabajos en el corto plazo.
Para Ballesty, sin embargo, el tratamiento legislativo del financiamiento todavía está pendiente. Señaló que el proyecto de ley no cuenta aún con el tratamiento correspondiente en la Comisión de Finanzas ni con dictamen, por lo que consideró que el expediente todavía requiere avanzar dentro de la Legislatura.
El diputado sumó otro aspecto a la discusión: los estudios ambientales vinculados con la obra.
Planteó que un proyecto de esa magnitud debería contar con un estudio de impacto ambiental presentado por la empresa y con la correspondiente evaluación por parte de la autoridad de aplicación, que identificó como el Ministerio de Ambiente.
Por ese motivo, consideró necesario que el proyecto también sea analizado desde la Comisión de Ambiente, con el objetivo de determinar si se cumplieron los pasos administrativos y ambientales previos al inicio de los trabajos.
De esta manera, la discusión sobre la Ruta 9 no queda limitada al financiamiento. Para Ballesty, también deben revisarse los requisitos previos de la obra antes de avanzar con un cronograma de inicio.
Mientras tanto, en la Legislatura quedaron planteados dos debates con fuerte impacto provincial: por un lado, el reclamo de los usuarios por el costo de la energía y los conceptos incluidos en las facturas; por otro, las dudas planteadas sobre el financiamiento y los estudios previos de una de las obras viales de mayor envergadura proyectadas para Jujuy.
