El Expreso de Jujuy
Mediante una cadena nacional dio a conocer uno de los proyectos económicos más ambiciosos de su gestión: una reforma integral de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), acompañada por cambios en las reglas fiscales, el mercado de capitales y el sistema de seguros. La iniciativa apunta a restringir las funciones de la autoridad monetaria exclusivamente a preservar el valor de la moneda, impedir cualquier forma de financiamiento al Estado y fortalecer la independencia del organismo.
Durante su mensaje, Milei sostuvo que las modificaciones representan "las reformas estructurales más importantes de los últimos 91 años" y cuestionó duramente el uso del Banco Central como herramienta para financiar el déficit fiscal. Entre las medidas anunciadas se destacan la prohibición de asistir financieramente al Tesoro, provincias y municipios, mayores exigencias para remover a las autoridades del BCRA y la eliminación de las letras intransferibles.
El mandatario también presentó el denominado "grillete fiscal", un mecanismo que obligaría al Congreso a corregir eventuales desequilibrios en las cuentas públicas. Si ello no ocurriera en los plazos previstos, se activaría un "shutdown" con la paralización de actividades no esenciales del Estado, congelamiento de nuevos gastos, suspensión de contrataciones y de transferencias discrecionales a las provincias, aunque quedarían protegidas áreas como salud, seguridad y jubilaciones.
Según explicó Milei, el proyecto se estructura sobre cinco ejes. El primero establece que preservar el valor de la moneda volverá a ser el único objetivo de la entidad, dejando atrás las múltiples finalidades incorporadas durante el kirchnerismo: “promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”.
El segundo eje prohibirá de manera expresa cualquier forma de financiamiento monetario al sector público. La restricción alcanzará al Tesoro nacional, las provincias y los municipios e impedirá que el BCRA compre títulos públicos directamente en el mercado primario, eliminando así la posibilidad de asistir al Estado mediante emisión.
Otro de los cambios previstos apunta a reforzar la independencia de la autoridad monetaria. El Gobierno mantendrá el mecanismo actual para la designación del presidente y del directorio del BCRA, pero endurecerá significativamente las condiciones para su remoción. En lugar de requerir únicamente la aprobación del Senado, como ocurre actualmente, será necesario el voto favorable de dos tercios tanto de la Cámara de Diputados como del Senado.
El cuarto eje modifica el tratamiento contable de los resultados de la entidad. Según explicó Milei, las ganancias derivadas de la valuación de determinados activos pasarán a integrar una “reserva técnica no distribuible”, mientras que los beneficios generados por la administración de la cartera solo podrán transferirse al Tesoro para cancelar deuda pública.
Por último, la iniciativa eliminará las denominadas Letras Intransferibles (LI), un instrumento utilizado durante años para registrar contablemente la asistencia del BCRA al Tesoro, y derogará diversos cambios incorporados en la reforma de 2012.
La reforma también podría tener implicancias sobre la situación institucional del actual presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Según pudo saber LA NACION, en el Gobierno evalúan impulsar el tratamiento de su pliego en el Senado una vez aprobada la nueva Carta Orgánica, de manera que su designación definitiva quede encuadrada bajo las nuevas reglas previstas para la conducción de la entidad. Actualmente, el expediente permanece en la Comisión de Acuerdos.
Respaldo al rumbo, pero con reservas
Tras el anuncio, economistas y exfuncionarios coincidieron en valorar el objetivo de fortalecer la independencia del Banco Central y blindar el equilibrio fiscal, aunque señalaron que aún resulta prematuro evaluar el verdadero alcance de las reformas sin conocer el texto completo de los proyectos que ingresarán al Congreso.
El director de C&T Asesores Económicos, Camilo Tiscornia, consideró que la iniciativa envía una señal favorable respecto del compromiso con la disciplina fiscal, pero advirtió que persisten dudas sobre la aplicación práctica del mecanismo de cierre parcial del Estado. Según explicó, el principal efecto podría estar más vinculado a los incentivos que generaría sobre la dirigencia política que al ahorro fiscal directo.
En la misma línea, el expresidente del Banco Central Martín Redrado sostuvo que una nueva Carta Orgánica debe garantizar una independencia efectiva de la autoridad monetaria y prohibir definitivamente el financiamiento del Tesoro mediante cualquier mecanismo. Además, propuso que la reforma tenga vigencia a partir del próximo gobierno y que la designación de las autoridades requiera mayorías especiales en el Congreso para reforzar la autonomía institucional.
El exdirector del BCRA Daniel Marx calificó la propuesta como "una buena iniciativa", aunque remarcó que el principal desafío será convertir esos principios en políticas efectivas y sostenibles en el tiempo. Para ello, consideró indispensable consolidar una verdadera separación entre el poder político y las decisiones del Banco Central.
Por su parte, Alfredo Romano, director de Romano Group, señaló que el proyecto sigue modelos institucionales utilizados en países como Perú, Uruguay y Brasil, pero advirtió que ninguna reforma legal garantiza por sí sola la independencia del Banco Central si no existe un amplio consenso político que la respalde.
Una opinión similar expresó Aldo Abram, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, quien afirmó que los lineamientos generales coinciden con propuestas impulsadas desde esa entidad. No obstante, subrayó que todavía resta conocer cómo se implementarán los nuevos objetivos del Banco Central y cuáles serán los mecanismos concretos para garantizar su cumplimiento.
El debate se traslada al Congreso
Las reformas anunciadas por el Presidente deberán ahora iniciar su recorrido legislativo, donde el oficialismo necesitará construir acuerdos para aprobar cambios que modifican aspectos centrales del funcionamiento del Banco Central y de la política fiscal argentina. Mientras el Gobierno sostiene que se trata de un paso decisivo para consolidar la estabilidad económica, los especialistas coinciden en que el verdadero examen comenzará cuando se conozca la letra definitiva de los proyectos y su viabilidad política.
