La Legislatura de Jujuy desestimó el pedido de juicio político contra la Defensora General del Ministerio Público de Defensa Penal de la provincia, Ivone Haquim. La funcionaria judicial pidió que la Comisión Investigadora del Poder Legislativo gire las actuaciones a sede penal y que brinde los motivos de su resolución.
JUDICIALES10 de noviembre de 2020
Fernando Burgos
El pedido de juicio político en su contra había sido promovido por el ciudadano Gustavo Enrique Fiad, imputado por abuso sexual con elevación de la causa a juicio confirmado por la jueza de Control interviniente y con denuncias en su contra por amenazas, desobediencia judicial e incumplimiento de medida perimetral, todos ellos actos cometidos en contra de un familiar directo de la magistrada.
En la conferencia de prensa que ofreció esta mañana, Haquim anticipó además que ampliará denuncias contra de Fiad por falsas denuncias e iniciará una querella por calumnias. Fiad había manifestado como argumento que Haquim se encontraba inhabilitada para participar de la causa penal en cuestión por derecho propio y en representación de su familiar directo.
“Al no haber tenido la oportunidad de defenderme ante la Legislatura, quiero que la comunidad jujeña sepa que no he cometido ningún hecho ilícito y por ende no existía causa para que el juicio político en mi contra prospere. El mío no es igual a los otros tres casos de juicio político que se desestimaron y por esta razón he solicitado por escrito a la Comisión Investigadora de la Legislatura que aclare los motivos de su decisión y gire las actuaciones a sede penal, como lo establece el artículo 208 inciso 3 de la Constitución” destacó Haquim.
Según consideró la Defensora en la interposición del juicio político ha existido mala fe. “Todo lo que ha sucedido en torno a este intento de juicio político lo conozco a través de la prensa, porque nunca me llegó una notificación personal. Aun así, sabiendo extraoficialmente sobre lo que se sustanciaba en la Legislatura y sin tener la posibilidad de hacer mi descargo correspondiente, he sido respetuosa del procedimiento que se estaba llevando a cabo en ese ámbito”
En ese sentido, agregó que “en razón de que no pude cumplir con ese paso procedimental, al existir un rechazo in limine al pedido de juicio político, he decidido exponer la situación ante los medios para hacerle saber a la opinión pública en general que en mi caso no existía ningún motivo o razón para ser juzgada jurídica o políticamente. Por ello he solicitado expresamente que se den a conocer los fundamentos ya que no existen razones ni indicios ni pruebas para el juicio político, y además para dejar en alto mi buen nombre y honor”.
Puntualizó Ivone Haquim que este juicio político se promovió para generar un daño a su carrera. “Se han tratado cuatro casos iguales de juicio político, pero el mío es distinto, por eso solicité que se expresen los motivos del rechazo. Tengo 35 años como abogada, ejerciendo la profesión durante largos 31 años en los que no tuve denuncias ni he estado envuelta en conflictos o problemas de ninguna naturaleza, porque siempre me he manejado dentro de la ley”.
“Por ello, considero que no es justo que me den igual tratamiento al de otros casos”, recalcó en alusión a los procedimientos que se siguieron en contra del gobernador Gerardo Morales, el titular del Ministerio Público de la Acusación Sergio Lello Sánchez, y la jueza del Superior Tribunal de Justicia, Clara Langhe de Falcone.
“Hace nueve meses que estamos con mi familia intentando que se haga justicia y se le dé igual tratamiento a nuestra causa, pero no se está cumpliendo. Como Defensora General veo que nuestros asistidos, que son personas que están en estado de vulnerabilidad y que tienen historias de vida muy tristes, son detenidos inmediatamente, siendo que en muchos casos ni siquiera han cometido delito alguno y llegan a juicio privados de su libertad” consideró.
El Procurador Fiscal de la provincia, Sergio Lello Sánchez brindó en la Legislatura su informe anual sobre las gestión 2024 y en rueda con los medios de prensa, destacó que hay preocupación en todo el ámbito de la justicia por la alta tasa de delitos relacionados a violencia de género, abusos sexuales e intrafamiliar.
Los ciudadanos de nacionalidad boliviana viajaban en un ómnibus cuando le manifestaron a los uniformados haber ingerido 182 cápsulas del estupefaciente.
Alejandro Fernández y Agustina Coca, protagonizaron una nueva manifestación exigiendo justicia por la muerte de su hija y las otras cuatro víctimas del supermercado Comodín.
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Rodrigo Maximiliano Cruz deberá cumplir la pena de 21 años de prisión por ser autor material y penalmente responsable del delito de “Homicidio en ocasión de robo”, ilícito que tuvo como víctima fatal a Matías Javier “Luri” Sosa.
Una nueva oficina del Ministerio Público de la Acusación, funcionará en el Hospital Snopek de Alto Comedero. El objetivo de esta oficina es minimizar las molestias que enfrentan las víctimas de delitos al momento de realizar una denuncia, permitiéndoles hacerlo de manera inmediata y sin necesidad de trasladarse a una comisaría o fiscalía.
Después de duras discusiones de los dirigentes provinciales con la intervención nacional, se repartieron los lugares en la lista de diputados del Frente Justicialista.
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