COMUNIDADES ORIGINARIAS SIGUEN SIN PODER ACCEDER A PERSONERIAS JURIDICAS

Representantes de comunidades originarias de Jujuy mantuvieron este lunes una nueva reunión con autoridades del Gobierno provincial en el marco del reclamo por la demora en la entrega de personerías jurídicas, un trámite que, según denunciaron, lleva más de ocho meses paralizado y genera graves consecuencias sobre los territorios comunitarios.
JUJUY26 de mayo de 2026El Expreso de JujuyEl Expreso de Jujuy

silvia llanes comunidades originarias

La abogada Silvia Llanes, representante legal de varias comunidades indígenas de la provincia, cuestionó duramente el accionar de la Secretaría de Pueblos Indígenas y denunció incumplimientos vinculados a fondos nacionales destinados a regularización territorial, títulos comunitarios y personerías jurídicas.

“La reunión de hoy es en el marco de las personerías jurídicas que estamos esperando que se nos entregue hace más de ocho meses”, expresó.

Denuncia penal y fondos sin rendición

Llanes recordó que las comunidades iniciaron una mesa de trabajo luego de presentar una denuncia penal contra la secretaria de Pueblos Indígenas, Yolanda Cruz, por presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y tráfico de influencias.

Según indicó, la denuncia está relacionada con recursos enviados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para avanzar con trámites de personerías jurídicas, relevamientos territoriales, entrega de carpetas técnicas y títulos comunitarios.

“Desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas enviaron los fondos para que se realicen todos los trámites tanto de personalidad jurídica como de entrega de títulos comunitarios y relevamientos territoriales, lo cual no se ha hecho en lo más mínimo y los fondos nunca fueron rendidos a Nación”, sostuvo.

La abogada señaló además que las comunidades a las que representa —muchas de ellas vinculadas a la defensa territorial frente al avance minero— encuentran trabas administrativas permanentes para acceder a la personería jurídica. “Los requisitos son mínimos realmente, porque una comunidad originaria ya demuestra su ancestralidad y su historia, pero en este caso buscan poner obstáculos a las comunidades que defienden territorio”, afirmó.

Reuniones con el Gobierno y nuevas asambleas

Llanes explicó que el conflicto ya fue planteado ante Fiscalía de Estado y que, tras las denuncias presentadas, el organismo solicitó la intervención del Ministerio de Derechos Humanos, área de la cual depende la Secretaría de Pueblos Indígenas.

En ese marco, manifestó que esperan avanzar en los próximos días con dictámenes pendientes para concretar asambleas constitutivas en distintas localidades de la provincia. “Esperamos que el 27 podamos viajar tranquilamente a Ojo del Salar para realizar el acta constitutiva, lo mismo el 28 en Tuscapacha, Ñaupa Marca Colla, Palpalá y Perico, y el 29 en Chucalezna”, detalló.

La letrada aseguró que en muchos casos las personerías son rechazadas “sin fundamento alguno”, pese a que las comunidades cumplen con todos los requisitos exigidos.

“Hay una total incompetencia”

Durante sus declaraciones, Llanes apuntó directamente contra funcionarios provinciales y cuestionó la falta de respuestas concretas. “Esto ya molesta, porque hay una incompetencia total tanto en ministros como en funcionarios públicos”, expresó.

También acusó a la titular de la Secretaría de Pueblos Indígenas de mantener una actitud de “desprecio” hacia las comunidades originarias y denunció supuestas irregularidades vinculadas a asambleas realizadas para proyectos mineros. “La señora utiliza a las comunidades y vende las asambleas generales para que las mineras puedan ingresar y presentar informes de impacto ambiental”, afirmó.

Según relató, en uno de los encuentros una empresa minera habría reconocido que sus estudios se realizaban “de manera bibliográfica”, sin trabajo territorial directo. “Copian y pegan informes y la verdad que permitir esto en la provincia es totalmente irregular”, cuestionó.

El impacto de la falta de personería

La representante legal advirtió que la demora en las personerías jurídicas deja a las comunidades en una situación de extrema vulnerabilidad frente a conflictos territoriales y desalojos. “Están ingresando a los territorios y desconociendo los derechos de las comunidades”, señaló.

En ese sentido, explicó que la personería jurídica constituye el primer paso para acceder posteriormente al título comunitario de las tierras, una figura legal que otorga protección colectiva sobre el territorio. “El título comunitario no puede venderse, no puede transferirse y no está sujeto a gravámenes. Tiene una protección amplia”, remarcó.

Para Llanes, las demoras responden a intereses económicos vinculados al desarrollo minero en territorios indígenas. “El gobierno no quiere entregar los títulos comunitarios justamente porque las mineras no van a poder ingresar libremente a esos territorios”, denunció.

Minería, conflictos y falta de seguridad jurídica

La abogada sostuvo además que incluso algunos sectores vinculados a inversiones mineras habrían planteado preocupación por la falta de regularización territorial en comunidades de zonas como Susques. “Buscan mantener todo en una irregularidad para tener predominio sobre los territorios comunitarios y decidir sobre los derechos de las comunidades”, afirmó.

En ese contexto, recordó que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece la obligación de garantizar el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas ante cualquier medida administrativa o proyecto que afecte sus territorios. “Tratan de obviar esos mecanismos y por eso mantienen toda esta situación irregular”, aseguró.

Finalmente, cuestionó el rol de la Secretaría de Pueblos Indígenas, al considerar que el organismo debería acompañar los procesos de regularización territorial y no obstaculizarlos.

“Lejos de cumplir su función de asesorar y acompañar a las comunidades, se dedican a vender voluntades y eso es realmente grave”, concluyó.

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