El Expreso de Jujuy
La abogada Silvia Llanes, representante legal de varias comunidades indígenas de la provincia, cuestionó duramente el accionar de la Secretaría de Pueblos Indígenas y denunció incumplimientos vinculados a fondos nacionales destinados a regularización territorial, títulos comunitarios y personerías jurídicas.
“La reunión de hoy es en el marco de las personerías jurídicas que estamos esperando que se nos entregue hace más de ocho meses”, expresó.
Denuncia penal y fondos sin rendición
Llanes recordó que las comunidades iniciaron una mesa de trabajo luego de presentar una denuncia penal contra la secretaria de Pueblos Indígenas, Yolanda Cruz, por presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y tráfico de influencias.
Según indicó, la denuncia está relacionada con recursos enviados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para avanzar con trámites de personerías jurídicas, relevamientos territoriales, entrega de carpetas técnicas y títulos comunitarios.
“Desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas enviaron los fondos para que se realicen todos los trámites tanto de personalidad jurídica como de entrega de títulos comunitarios y relevamientos territoriales, lo cual no se ha hecho en lo más mínimo y los fondos nunca fueron rendidos a Nación”, sostuvo.
La abogada señaló además que las comunidades a las que representa —muchas de ellas vinculadas a la defensa territorial frente al avance minero— encuentran trabas administrativas permanentes para acceder a la personería jurídica.
Reuniones con el Gobierno y nuevas asambleas
Llanes explicó que el conflicto ya fue planteado ante Fiscalía de Estado y que, tras las denuncias presentadas, el organismo solicitó la intervención del Ministerio de Derechos Humanos, área de la cual depende la Secretaría de Pueblos Indígenas.
En ese marco, manifestó que esperan avanzar en los próximos días con dictámenes pendientes para concretar asambleas constitutivas en distintas localidades de la provincia.
La letrada aseguró que en muchos casos las personerías son rechazadas “sin fundamento alguno”, pese a que las comunidades cumplen con todos los requisitos exigidos.
“Hay una total incompetencia”
Durante sus declaraciones, Llanes apuntó directamente contra funcionarios provinciales y cuestionó la falta de respuestas concretas.
También acusó a la titular de la Secretaría de Pueblos Indígenas de mantener una actitud de “desprecio” hacia las comunidades originarias y denunció supuestas irregularidades vinculadas a asambleas realizadas para proyectos mineros.
Según relató, en uno de los encuentros una empresa minera habría reconocido que sus estudios se realizaban “de manera bibliográfica”, sin trabajo territorial directo.
El impacto de la falta de personería
La representante legal advirtió que la demora en las personerías jurídicas deja a las comunidades en una situación de extrema vulnerabilidad frente a conflictos territoriales y desalojos.
En ese sentido, explicó que la personería jurídica constituye el primer paso para acceder posteriormente al título comunitario de las tierras, una figura legal que otorga protección colectiva sobre el territorio.
Para Llanes, las demoras responden a intereses económicos vinculados al desarrollo minero en territorios indígenas.
Minería, conflictos y falta de seguridad jurídica
La abogada sostuvo además que incluso algunos sectores vinculados a inversiones mineras habrían planteado preocupación por la falta de regularización territorial en comunidades de zonas como Susques.
En ese contexto, recordó que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece la obligación de garantizar el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas ante cualquier medida administrativa o proyecto que afecte sus territorios.
Finalmente, cuestionó el rol de la Secretaría de Pueblos Indígenas, al considerar que el organismo debería acompañar los procesos de regularización territorial y no obstaculizarlos.
“Lejos de cumplir su función de asesorar y acompañar a las comunidades, se dedican a vender voluntades y eso es realmente grave”, concluyó.
