El Expreso de Jujuy
Durante el primer semestre de 2026, las transferencias automáticas que la Nación distribuye entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registraron una caída real cercana al 3%, un escenario que vuelve a tensionar las cuentas de los gobiernos subnacionales en un contexto de menor actividad económica y fuerte ajuste fiscal.
En ese mapa, Jujuy aparece entre las provincias más afectadas, con una retracción del 3,1% en los fondos automáticos recibidos durante los primeros seis meses del año, un descenso superior al promedio nacional y que la ubica dentro del grupo de distritos con pérdidas más significativas.
El dato surge de un informe elaborado por Politikon Chaco, que revela que las transferencias automáticas totalizaron $36,92 billones entre enero y junio, con una baja real del 2,8% respecto del mismo período de 2025. La consultora Equilibra, en tanto, estimó una caída del 3% interanual, atribuyendo el resultado a la merma sostenida de la recaudación tributaria nacional.
Un problema que excede a Jujuy
La situación de Jujuy no responde a factores provinciales sino a un fenómeno de alcance nacional. El sistema de coparticipación depende directamente de los impuestos que recauda el Estado nacional y, cuando esa recaudación cae, el impacto se traslada automáticamente a las provincias.
Durante el semestre, la recaudación nacional sufrió una contracción real del 5,3%, impulsada principalmente por una baja del 7,7% en el IVA, un desplome del 40% en los derechos de exportación y una disminución del 4% en los aportes a la seguridad social. Esos tres tributos reflejan una economía con menor nivel de consumo, menor dinamismo del comercio exterior y una recuperación todavía insuficiente del mercado laboral.
Como consecuencia, la Coparticipación Federal de Impuestos —el principal componente de los recursos que reciben las provincias— cayó un 4,3% en el semestre, una reducción que sólo pudo ser parcialmente amortiguada por el crecimiento de otros fondos específicos, como Bienes Personales, el impuesto a los combustibles y el Régimen de Energía Eléctrica.
Un escenario complejo para las provincias
El informe muestra que las 24 jurisdicciones del país perdieron recursos reales, aunque con distinta intensidad. Catamarca (-1,3%) y Buenos Aires (-2,1%) registraron las menores caídas, mientras que la Ciudad de Buenos Aires encabezó el listado con una retracción del 4,2%.
Jujuy, junto con Chaco, Mendoza y Santiago del Estero, integra el grupo de provincias que sufrieron una caída del 3,1%, ubicándose por encima del promedio nacional y lejos de los distritos que lograron amortiguar mejor el impacto.
Desde una lectura política y fiscal, el dato adquiere especial relevancia porque las transferencias automáticas constituyen uno de los pilares del financiamiento provincial. En un escenario donde el Gobierno nacional mantiene una política de equilibrio fiscal basada en la contención del gasto, las provincias disponen de escaso margen para compensar la pérdida de ingresos sin afectar inversiones, obras públicas o la prestación de servicios esenciales.
Un semestre que anticipa nuevos desafíos
El panorama también plantea interrogantes hacia la segunda mitad del año. Si la recaudación nacional no logra recuperarse, las provincias continuarán recibiendo menos recursos en términos reales, lo que podría profundizar las tensiones presupuestarias y reavivar el reclamo de los gobernadores por una mayor asistencia financiera o por mecanismos que fortalezcan el federalismo fiscal.
Para Jujuy, el escenario representa un doble desafío: sostener el equilibrio de las cuentas públicas mientras enfrenta una disminución de ingresos provenientes de la Nación, en un contexto donde la actividad económica aún no muestra señales suficientes de recuperación y donde la capacidad de generar recursos propios continúa siendo limitada.
Más allá de las diferencias entre distritos, el informe deja una conclusión política clara: la caída de la recaudación nacional ya dejó de ser un dato macroeconómico y comenzó a traducirse en menores recursos para todas las provincias, consolidando un escenario de creciente presión sobre las administraciones provinciales y de mayor dependencia de la evolución de la economía nacional.
