El Expreso de Jujuy
El acuerdo establece un marco de articulación entre las instituciones destinado a implementar mecanismos de restricción de ingreso a las salas de juego y casinos a quienes se encuentren inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, mediante el intercambio de información y la implementación de mecanismos técnicos de control, en línea con las normativas de regulación del juego responsable y en materia de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
En ese contexto, el Dr. Federico Otaola destacó: “Este convenio, motorizado por la ONNA y las autoridades provinciales, tiende a mejorar la situación de los deudores alimentarios morosos”, y agregó que el incumplimiento de estas obligaciones genera una situación de desprotección en las familias, especialmente en niños, niñas y adolescentes, no solo en lo alimentario sino también en educación y salud.
“Es importante que el Estado genere herramientas para luchar contra esta problemática. Hoy vemos cómo los poderes del Estado se ponen de acuerdo en pos de un objetivo común basado en la cooperación”, indicó el presidente de la Suprema Corte de Justicia.
Por su parte, la Dra. Mercedes Arias señaló que “desde el Estado debemos brindar el mejor servicio de justicia, y eso implica trabajar de manera conjunta para enfrentar este flagelo que representan los deudores alimentarios. Contamos con una ley previa —la Nº 6498— y es momento de avanzar en su implementación efectiva”.
A su turno, el presidente del INPROJUY, Lic. Walter Morales, expresó que “venimos trabajando en distintos aspectos vinculados al control y la regulación del juego, y este es un tema que impacta directamente en la sociedad; para nosotros es fundamental poder colaborar en todo lo que contribuya al bienestar de las familias y al cumplimiento de las obligaciones alimentarias”.
En tanto, el vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Mariano Miranda, informó que el próximo 6 de mayo se realizará la primera reunión de presentación del convenio con los jueces de familia, a fin de establecer los protocolos necesarios para su implementación, destacando que “este es el primer paso para su puesta en funcionamiento”.
Finalmente, la secretaria de Justicia, Dra. Marcela Infante, presentó un informe sobre el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, detallando su marco legal y funcionamiento.
La funcionaria provincial indicó que el registro opera diariamente y que, desde su creación, se emitieron más de 30.500 certificados, resaltando además la articulación permanente con el Poder Judicial y poniendo el área a disposición para continuar fortaleciendo estas acciones.
