Fernando Burgos
La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció una amnistía general en Venezuela, a pocas semanas de asumir el poder tras la captura y derrocamiento de Nicolás Maduro durante una incursión militar de Estados Unidos. La medida busca abarcar todo el periodo de violencia política desde 1999 hasta el presente, según informó Rodríguez durante la apertura del año judicial en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), evento transmitido por la cadena estatal Venezolana de Televisión.
Rodríguez, quien asumió la presidencia interina tras haber sido vicepresidenta de Maduro, explicó que la ley será presentada ante la Asamblea Nacional (AN), de mayoría oficialista, con carácter de urgencia. En sus palabras, el objetivo es “reparar las heridas que ha dejado la confrontación política desde la violencia, desde el extremismo, y reencauzar la convivencia entre los venezolanos”. La presidenta pidió expresamente a los presos políticos y a quienes hayan recibido medidas de excarcelación que no prevalezcan “la venganza, la revancha ni el odio”.
La propuesta de ley excluye de la amnistía a las personas procesadas o condenadas por homicidio, tráfico de drogas, corrupción y violaciones graves a los derechos humanos. El texto aún no se ha dado a conocer, por lo que no están claros los criterios específicos para determinar quiénes serán beneficiados.
El anuncio se produce en medio de un proceso de excarcelaciones iniciado el pasado 8 de enero, que ha avanzado con lentitud. Según la organización Foro Penal, especializada en la defensa de presos políticos, Venezuela mantiene 711 personas detenidas por motivos políticos, aunque desde el inicio de la nueva gestión se han liberado 302 presos. Sin embargo, la misma ONG denuncia que aún persisten más de 11.000 personas con restricciones arbitrarias de su libertad.
Varias organizaciones no gubernamentales, como Surgentes, el Comité de Madres por la Verdad, Foro Penal y Provea, han reclamado durante años una amnistía general para quienes consideran presos políticos. La última propuesta formal de amnistía fue presentada por estas organizaciones días antes del anuncio presidencial, abarcando luchadores sociales, periodistas, militares y activistas perseguidos o privados de libertad en el contexto de movilizaciones postelectorales.
Previamente, en diciembre de 2007, el entonces presidente Hugo Chávez promulgó una ley de amnistía para personas involucradas en el golpe de Estado de 2002. En 2016, la Asamblea Nacional aprobó una ley similar, pero fue declarada inconstitucional por el TSJ y nunca se aplicó. En 2020, Nicolás Maduro decretó 110 indultos a opositores y actores sociales antes de las elecciones legislativas de ese año, aunque el Gobierno ha negado reiteradamente la existencia de presos políticos, alegando delitos vinculados al terrorismo.
La iniciativa de Rodríguez ha sido recibida con cautela por organizaciones de derechos humanos, que insisten en la necesidad de que la amnistía incluya a toda la sociedad civil sin discriminación y advierten que la liberación de detenidos “no sea concebida como un acto de clemencia, sino como la restitución de derechos fundamentales”. Provea subrayó que las personas encarceladas lo fueron por ejercer derechos protegidos por instrumentos internacionales y la legislación venezolana.
El proceso de discusión y aprobación de la ley de amnistía dependerá ahora de la Asamblea Nacional, mientras organizaciones nacionales e internacionales mantienen el seguimiento sobre las condiciones y alcance de la medida.
(Con información de AFP, EFE, Europa Press y AP)
