La querella, que representa a víctimas con lesiones oculares y múltiples impactos de balines, afirma que la fiscalía se niega a citar o imputar a altos funcionarios, pese a las pruebas en video que muestran órdenes directas de represión.
JUDICIALES07 de diciembre de 2025
El Expreso de Jujuy
Aseguran que buscarán la apelación y continuarán la lucha por la reparación de las víctimas, señalando la falta de objetividad e imparcialidad en el proceso judicial.
La abogada Alejandra Cejas, en representación de la querella, brindó detalles cruciales tras una audiencia fijada a solicitud de la parte acusadora. La defensa representa a Liam Lama, uno de los jóvenes que perdió uno de sus ojos, y a Marcelo Flores, quien sufrió más de 40 impactos de balines en el cuerpo, ambos damnificados por la represión ocurrida el 17 de junio en el cruce de la ruta nacional provincial en Purmamarca.
Según Cejas, la audiencia del viernes dejó en evidencia la "connivencia" que existe entre la fiscalía y el gobierno. La letrada indicó que la fiscalía "se niega sistemáticamente" a citar a testimoniar o a imputar a funcionarios de alto rango. Estos funcionarios, incluyendo a Gerardo Morales, Álvarez García, Zigarán, Rondón, Martínez y Suárez, fueron identificados como quienes provocaron a los manifestantes y dieron la orden para reprimir a quienes protestaban contra la reforma constitucional.
La querella sostiene que la evidencia es irrefutable. Del video y las pruebas que poseen, surge que los funcionarios dieron la orden de reprimir. Incluso se exhibió un video en la audiencia donde se ve al fiscal Rondón junto con miembros del poder ejecutivo dando órdenes, lo que resulta escandaloso, ya que la fiscalía debería ser un órgano independiente.
Cejas también señaló que uno de los funcionarios, Suárez, quien actualmente es el segundo de Abud Robles, fue captado en el video poniéndose un casco y saliendo a disparar. A pesar de todas estas pruebas, el sistema busca la impunidad y que no se conozcan a los verdaderos culpables.
En declaraciones posteriores, el equipo legal insistió en que la fiscalía "claramente tiene un problema de objetividad" y la justicia un "problema de imparcialidad," ya que el video demuestra que el gobierno dio la orden para reprimir y funcionarios como Álvarez García y otro fiscal están involucrados. Los abogados consideran que son "todos partes de lo mismo."
Además de las irregularidades procesales, se informó que el Ministerio de Seguridad, a través de Pulleiro (el actual secretario de seguridad), notificó que no tienen protocolo para la actuación en las represiones, un hecho calificado como "escandaloso" y que forma parte de las redes de corrupción denunciadas.
En cuanto a los pasos a seguir, la querella esperará los fundamentos de la decisión judicial y ha anunciado que se apelará. Afirman que "no les quedará más que otra que avanzar y seguramente imputar." El equipo legal ratificó su compromiso: "Hasta que no encontremos a los culpables y no se repare a las víctimas, no, no vamos a parar," señalando que la causa ya va para el tercer año de seguimiento.
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