Se acabó el bailecito: CRISTINA DEBERÁ AFRONTAR UN COMPLEJO PANORAMA DESDE LA PRISIÓN DOMICILIARIA

Casi en simultáneo al fallo de la Corte que confirmó la condena por corrupción, el Tribunal Oral Federal 5 rechazó levantar el embargo millonario sobre los bienes de la expresidenta y su hijo, Máximo Kirchner, en la causa Hotesur-Los Sauces donde se investiga una presunta asociación ilícita y lavado de dinero. Se trata de un expediente ligado al de Vialidad.

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Los jueces Nicolás Toselli, José Michilini y Adriana Palliotti no hicieron lugar al pedido de la defensa de levantar el embargo de los bienes, donde se incluyen 6 millones de dólares en efectivo, 50 propiedades, como departamentos en Puerto Madero, en Río Gallegos y en El Calafate. También terrenos y vehículos.

Los magistrados siguieron la línea del dictamen fiscal de Diego Velasco y de la Unidad de Información Financiera (UIF), que se opusieron a levantar los embargos.

Como los delitos a juzgar son lavado de activos y asociación ilícita, el fiscal entendió que levantar el embargo iría en contra de un posible decomiso futuro.

Además, se ordenaron nuevas medidas como la prórroga de las veedurías del ARCA sobre Hotesur S.A., Los Sauces S.A., el Condominio Máximo Carlos Kirchner y Florencia Kirchner y Hotel Los Sauces Casa Patagónica.

El entramado involucra a los emprendimientos inmobiliarios de la familia Kirchner: la Justicia cree que emitía facturas a Austral Construcciones, de Lázaro Báez, entre otros empresarios, para blanquear el dinero ilegal -retornos- por la adjudicación de obra pública durante los gobiernos K.

En diciembre del año pasado, la Corte elevó a juicio la causa y espera fecha de inicio.

Otra causa que fue elevada a juicio es la del memorándum con Irán, donde la expresidenta fue denunciada por el fallecido fiscal Alberto Nisman por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA.

En enero de 2015, Nisman planteó que el Gobierno había negociado la baja las alertas rojas de detención de Interpol de los cinco iraníes acusados por el atentado.

Cristina Kirchner insistió en la nulidad de la causa en la que está acusada de encubrimiento agravado y en noviembre de 2023 recurrió a la Corte después de que la Sala I de la Cámara Federal de Casación derogó el sobreseimiento y ordenó realizar un debate público y oral.    
Los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Rodrigo Giménez Uriburu son los encargados de llevar adelante el juicio que tendrá, al menos, 300 testigos.

La expresidenta también está involucrada en la causa conocida como “cuadernos de las coimas”, donde se investiga una asociación ilícita, dedicada al cobro de retornos vinculados con el reparto de obras públicas.

Cristina Kirchner está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que recaudaba coimas entre empresarios que hicieron negocios con el Estado entre 2003 y 2015.

La investigación surgió a raíz de las anotaciones que realizaba en un cuaderno Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, funcionario clave del entonces ministerio de Planificación que comandaba Julio de Vido.

El conductor llevaba registro de los viajes que hacían funcionarios presuntamente para retirar sobornos de empresarios.

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En la investigación judicial, distintos funcionarios apuntados se ampararon en la figura del “arrepentido” y admitieron los cobros. De la misma manera, los empresarios reconocieron los pagos ante la Justicia.

Según se indicó, muchos de esos viajes terminaban en el departamento de Recoleta de Cristina Kirchner.

La fecha de inicio del juicio está prevista para el 6 de noviembre de este año